“Es un hecho histórico que el poder económico, que fue cómplice de la dictadura, se siente a rendir cuentas ante la Justicia”, resopló como aliviado frente al Consejo de la Magistratura uno de los familiares de las víctimas de la dictadura de Jujuy. Todavía era temprano. La entrada del edificio estaba casi vacía. Pedro Blaquier había logrado esquivar las cámaras, estacionó el auto en la cochera del edificio y subió al tercer piso antes de las ocho de la mañana. Con una escolta abultada compuesta por dos de sus hijos, tres abogados, un jefe de prensa y un médico, el presidente del Ingenio Ledesma finalmente se sentó a ser indagado, conectado en videoconferencia con el despacho del juez federal Fernando Poviña en Jujuy. Después de dos intentos frustrados, exámenes médicos y muchos años de espera de las víctimas, el día llegó. Acaso ésa fue la noticia más importante: el dueño de Ledesma fue indagado por violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, tormentos a 35 víctimas y homicidio en el caso de seis desaparecidos de la Noche del Apagón. Blaquier respondió al juez y a los fiscales, negó toda responsabilidad de su empresa con los hechos. Se enojó cuando le preguntaron por el color de las camionetas. Y dijo que no conoció a aquel José Alfredo Martínez de Hoz al que llamó “Querido Joe” en una carta de junio de 1978.

Cuando los bombos comenzaron a sonar y el repiqueteo subía hasta el tercer piso del edificio y se escuchaba en los pasillos, la audiencia iba empezando. En la calle, como pudieron, frenados por el paro de subte, caminando desde Constitución, se concentraron organismos de derechos humanos, la agrupación Capoma y los hombres y mujeres de la Tupac Amaru jujeña, que replicaron en Buenos Aires el escenario que Blaquier intentó evitar con las muchas presentaciones que hicieron sus abogados en el juzgado para pedir que el empresario declare fuera de la provincia.

Hubo vallado. Policías. La cita estaba prevista para las 8.30 de la mañana, pero Blaquier llegó antes. Los hombres del Consejo de la Magistratura dijeron que a las siete de la mañana ya estaba ahí, antes que muchos de ellos. Sus abogados dijeron 8.05. A esa hora entró, sin cámaras presentes ni banderas, metiéndose como un fantasma.

A las nueve se abrió la conexión con Jujuy. Adentro de la sala sólo estuvieron él, dos de sus abogados y el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, que llegó especialmente desde Jujuy. Del otro lado de la pantalla, se sentaron Poviña y el fiscal Domingo Batule. En el pasillo quedaron sus hijos, el médico, un abogado civil de la compañía y el jefe de prensa de Buenos Aires. Un hueco entre el pasillo y los ascensores sirvió de base para cámaras y fotógrafos que esperaron y esperaron para tomar las imágenes. Por ese mismo lugar, de pronto, pasó un changarín arrastrando un carrito cargado con una torre de metro y medio de miles de hojas de expedientes. Esas eran las pruebas. Según información del Consejo, viajaron desde Jujuy como parte del protocolo de la audiencia. Se suponía que iban a mostrárselas al imputado ante alguna de las preguntas, pero no. No hizo falta. Blaquier dijo que no quería ver nada, que de eso en todo caso se encargaban sus abogados.

“No hay ninguna circunstancia que vincule al doctor Blaquier con los hechos atroces y aberrantes que vivió la Argentina”, dijo a la salida su defensor Jorge Valerga Aráoz, a modo de síntesis, sobre un período que curiosamente los abogados mencionan como “aberrantes” y “atroces”, pero en aquella carta al “Querido Joe” Blaquier lo festejaba con aquello de mostrar “su profunda admiración” por la “recuperación de la Argentina”.

Lo que siguió

Dentro de la audiencia, sus respuestas tuvieron un tono parecido. Negó el uso de las camionetas del ingenio para el traslado de prisioneros. Se enojó cuando Pelazzo le preguntó de qué color son las camionetas de la empresa: “¡Cómo voy a saber yo de qué color son los vehículos!”, dicen que dijo. “¡De eso se encargan mis empleados!” Cuando la pregunta que le hicieron fue sobre el control de la luz del pueblo, sus abogados se opusieron. Los fiscales querían saber si, tal como sostiene el expediente, el lugar desde donde se opera la luz del pueblo está adentro del predio. No quién controla la luz ni quiénes eran los dueños de la energía, porque se sabe que no era el ingenio. Le preguntaron por la ubicación física de los controles, convencidos de que si el acceso está en el predio, más allá de quiénes eran los dueños, podían subir o bajar el interruptor. El juez Poviña habilitó la pregunta, dijo: “Responda”.

También le preguntaron por Martínez de Hoz, pero sostuvo que no lo conocía. Le preguntaron por el “señor Harry Steinbreder Jr.”, aquel hombre con el que él mismo dijo haberse reunido en la carta que le escribió al “Querido Joe” en 1978. Pero también dijo que no lo conocía. Sí, en cambio, admitió haber conocido al brigadier Teodoro Alvarez, un hombre de relaciones públicas de Ledesma que, según los testimonios de la causa, llevó adelante negociaciones con los delegados. Por el resto, se remitió al informe que presentaron sus abogados. Según pudo saber este diario, similar al que presentó parte de ese mismo equipo en la indagatoria de Alberto Lemos, el ex administrador del ingenio.

En ese escrito, los defensores discuten los testimonios más importantes de las causas, entre ellos el de Olga Arédez, aquella mujer que empezó con las marchas, esposa de Luis Arédez, que no sólo fue intendente de Ledesma, sino que formó parte del grupo fundador de la obra social del sindicato de obreros del ingenio, la mayoría de los cuales está desaparecido. Una parte de esos argumentos puede verse en estos días pululando en los comunicados que difunde la compañía. En la presentación también cuestionan testimonios de varios sobrevivientes. Dicen que el espíritu es –según una de las fuentes– intentar demostrar que las noches de los apagones no existieron, que las camionetas eran las que a esa hora de las seis de la mañana salían en los recorridos habituales, que todo es parte de un mito, que el mito creció, que se hizo más grande a partir de la difusión del documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliverti.

Cuarenta minutos después del comienzo, la declaración terminó. La secretaria del área de Derechos Humanos del Consejo leyó todo. Los abogados de Blaquier aportaron un informe para pedir la incorporación de nuevos testimonios. Lo mismo hicieron los fiscales: pidieron que se amplíe la prueba con el testimonio de 39 testigos que ya habían sido requeridos por la querella y de otros nuevos. La secretaria terminó con el protocolo. Blaquier firmó los papeles. La transmisión se cerró del otro lado. El empresario del azúcar, en algún momento, preguntó por sus documentos. Se los había pedido sólo para tomarle los datos.

De ahora en más, buena parte de lo que pase queda en manos del juez Poviña. Teóricamente, tiene diez días para decidir si lo procesa o no, pero los tiempos pueden postergarse si acepta las nuevas pruebas.

Un tema pendiente es el pedido de detención. Según Pelazzo, otra persona en su situación después de cumplidos todos los plazos podría quedar detenida. Sobre todo porque uno de los delitos que le imputan –el homicidio– no es excarcelable. Eso puede pasar, pero de momento no sucede. Los abogados de Blaquier pidieron la eximición de prisión para él y para Lemos antes de la primera indagatoria. El juez se las otorgó porque el pedido fue por el fiscal Domingo Batule, el único fiscal que intervenía hasta ese momento en la causa.

Blaquier bajó rapidísimo por uno de los ascensores del edificio. Se fue. Su jefe de prensa y abogado se quedó con las cámaras. Su auto salió por la cochera de Viamonte. Dicen que en la salida cruzó el semáforo de esa esquina en rojo. Alrededor ya estaban los bombos. Las banderas de la Tupac. Y los familiares. Arriba, los abogados declaraban ante las cámaras. Decían que no había “camiones” en la causa. Un periodista de Canal 7 logró preguntarles: ¿Entonces por qué los indagan?” Abajo, la calle cantó el “Como a los nazis...”. Una periodista le dijo a Ricardo Arédez –uno de los hijos de Luis, aquel que había dicho que finalmente llegó la justicia porque el poder económico se sentó a declarar– que los abogados de Blaquier “niegan toda la participación de la firma”. “Por alguna razón estamos nosotros”, dijo Ricardo. “Los hijos de los desaparecidos fuimos testigos y hemos sobrevivido a tantas cosas que nos hizo la empresa Ledesma y estamos aprovechando en este momento el lugar para denunciarlo y buscar la verdad y la justicia.” Las preguntas siguieron. Nora Cortiñas y María Adela Antokoletz, de Madres de Plaza de Mayo, estaban en la calle.