Nunca había habido una huelga de los subtes tan larga. Buenos Aires llegó a los seis días con las seis líneas del subte y el Premetro paralizados. Los trabajadores de la asociación gremial, AGTSyP, volvieron a extender por otras nuevas 24 horas su medida de fuerza, ante la falta de una resolución sobre el traspaso de la red de la Nación a la Ciudad que permita realizar las paritarias. No sólo están parados los subtes; también quedaron paradas las negociaciones tras el fracaso de las audiencias judiciales del lunes y martes. Así las cosas, la jueza Patricia López Vergara ayer se encerró en su despacho y se puso a redactar una nueva medida judicial –que se supone buscará ser más expeditiva–, que dará a conocer, anticipó, hoy a las ocho de la mañana.

“Como no hubo acuerdo, el tribunal no puede permanecer impávido”, explicó a Página/12. La jueza no quiso hablar sobre el conflicto que la tiene metida en los tribunales desde hace 72 horas, con una madeja que nadie sabe cómo se va a desenredar porque hay cinco actores con intereses contrapuestos. Está el macrismo, que no quiere hacerse cargo de los subtes a menos que el gobierno nacional ponga mil millones; el gobierno nacional, que plantea que a los subtes ya los traspasó y no va a intervenir en el conflicto; los metrodelegados que hacen el paro y dicen que lo van a mantener hasta tener las paritarias; la Unión Tranviarios Automotor, que no quiere el paro pero tampoco quiso dar su aval para un acuerdo para no regalarles un triunfo a sus competidores internos; y Metrovías, que asegura que tiene déficit y que su situación financiera empeoró desde que Macri aumentó el boleto a 2 pesos con cincuenta. De todas formas, la jueza parecía estar tomándose las dificultades con cierto humor. “Hasta ayer estaba buscando el concierto. Fracasó el concierto, ahora voy de pianista solista”, apuntó.

Las hipótesis se pueden hacer por descarte. La jueza anticipó que no avanzará contra el paro de los trabajadores, porque eso iría contra las normas del derecho laboral y de su propia conciencia. Por otra parte, no tiene jurisdicción sobre los actos del gobierno nacional, sino sólo sobre los del de la Ciudad.

Telegramas

El anuncio sobre que el paro continuaría no le movió –al menos visiblemente– el amperímetro al macrismo. No hubo nuevas conversaciones con los metrodelegados. Durante la jornada circuló, sí, una versión sobre que Mauricio Macri se había reunido con el titular de la UTA, Roberto Fernández. El macrismo la desmintió, y el titular de la UTA difundió un comunicado de prensa en el que, volviéndose a diferenciar de la Asociación Gremial, anunció que no van a sumarse a la huelga para que, en “un plazo razonable, quienes tengan que conversar lo hagan, quienes deban asumir la responsabilidad la asuman y quienes puedan colaborar en una solución definitiva también lo hagan”.

Aunque algunos funcionarios del gobierno nacional atendieron los llamados de los dirigentes que lideran el paro, insistieron en que la postura de Nación seguirá siendo la de no intervenir porque se trata de un conflicto laboral en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Como todos los días, hubo nuevos cruces. Metrovías mandó telegramas con intimaciones a unos treinta trabajadores, llamándolos a retomar sus tareas bajo apercibimiento de sancionarlos. El titular de la AGTSyP, Roberto Pianelli, replicó que continuarán el paro hasta tener la paritaria, y planteó que la concesionaria, “si no puede gestionar el servicio debería irse”. Y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, acusó de “salvajismo gremial” a los metrodelegados. El funcionario porteño calificó como “una locura que en esta situación, que está perjudicando a millones de trabajadores”, no se levante la medida. “El conflicto es culpa de Macri”, sumó el metrodelegado Néstor Segovia y advirtió que el jefe de Gobierno “borra con el codo” el acuerdo en el que aceptó el traspaso del subte “y no quiere hacerse cargo”.

Sin una salida política al traspaso de los subtes, el conflicto por la paritaria no tiene chances de ser resuelto. El acuerdo paritario del sector está vencido desde el 28 de febrero. En mayo, luego de un plan de lucha que incluyó un paro de los subtes por 36 horas, el Ministerio de Trabajo de la Nación intervino y se alcanzó una salida transitoria: Metrovías ofreció a los trabajadores, que piden un aumento del 28 por ciento, una suma fija de 900 pesos mensuales hasta agosto. De esta manera, sin entrar en la paritaria, el conflicto se postergó contando con que en esos tres meses de tregua el traspaso de la red habría avanzado.

Esto no sucedió y, en agosto, cuando debían reanudarse las negociaciones, Metrovías anticipó que no podía discutir aumentos de salarios porque no tenía fondos. Por contrato de concesión, la empresa está habilitada a pedir subsidios cuando enfrenta una suba de costos por encima del 6 por ciento. Hasta el año pasado, estas discusiones terminaban siendo destrabadas por la Secretaría de Transportes de la Nación, que ponía los fondos del caso, pero con la pelea por el traspaso de los subtes entre la Ciudad y la Nación, la discusión paritaria se quedó sin un actor estatal. Encima, la empresa se queja de tener un déficit acumulado de 230 millones. Por un lado, no recibe los subsidios que manda la Nación porque el macrismo no quiere tocar el fondo fiduciario en el que quedan depositados si no hay un acuerdo de fondo por el traspaso. Por el otro, Metrovías está facturando menos, porque el aumento del boleto determinado por Macri mermó la cantidad de pasajeros. La medida había sido tomada con el argumento de que la Ciudad no tenía fondos propios para poner en el subte, por lo tanto sólo quedaba aumentar la tarifa para aumentar los ingresos de los subtes. Pero con el precio del boleto de colectivos a la mitad, los pasajeros optaron por cambiar de medio de transporte. El aumento aumentó sólo el déficit de Metrovías.

La semana pasada, vencido el plazo del acuerdo, el conflicto reflotó. Esta vez el Ministerio de Trabajo dijo que no intervendría, ya que considera que el ámbito de la discusión debía ser la Secretaría de Trabajo porteña. Este organismo no dio respuesta al pedido de mediación de los metrodelegados. Así las cosas, la Asociación Gremial se reunió con la diputada porteña kirchnerista María José Lubertino, que presentó el pedido de amparo a la Justicia.

La jueza citó a las partes en su despacho y propuso una fórmula de acuerdo: liberar el uso de los 124 millones enviados por la Nación para que Metrovías los utilizara en salarios, bajo el control de un administrador judicial. Se estuvo muy cerca del acuerdo, pero la UTA se negó a dar su aval. Como es el sindicato con personería gremial, es decir el único habilitado a negociar salarios, la propuesta quedó en la nada.