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Hace 30 años que lo reeligen para ocupar una banca en la Cámara de Representantes de EE.UU. y aún no ha perdido sus aristas: el demócrata Henry A. Waxman, hoy miembro destacado del Comité de Reforma gubernamental de ese cuerpo legislativo, quiere saber por qué, en qué y cómo el ex virrey Paul Bremer gastó el 94,5 por ciento de los recursos del Fondo de Desarrollo para Irak (FDI) que la ONU estableciera el 22-5-03 “para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo iraquí... y para otros fines que beneficien al pueblo iraquí” (resolución 1483 del Consejo de Seguridad). Waxman pide una investigación judicial y en su carta del 9 de julio dirigida al presidente del Comité, el republicano Tom Davis, pregunta, por ejemplo, por qué Bremer “en el último minuto” –es decir, poco antes de dejar su cargo– retiró mil millones de dólares del FDI con destino “todavía a determinar” y comprometió 4600 millones de dólares en contratos a cumplir después del 28 de junio, fecha en que un consejo títere iraquí pasó su nulo poder a otro gobierno títere iraquí en ese ejercicio de “traspaso de soberanía” tan proclamado y alardeado por el gobierno Bush.
Al 17 de junio de este año, el FDI contaba con 20.200 millones de dólares integrados así: 8100 millones procedentes del programa “petróleo por alimentos”, establecido por la ONU durante el tramo final del bloqueo que impuso a Irak, 1300 millones de dólares de fondos repatriados y donaciones de otros países y 10.800 millones que ingresaron por exportaciones de petróleo iraquí. Bremer retiró del FDI 19.100 millones de dólares y no precisamente en beneficio del pueblo iraquí: 1500 millones fueron a parar a las fauces siempre abiertas de Halliburton, el gigante petrolero y de la construcción que sigue pagando honorarios a su ex director ejecutivo, el hoy vicepresidente de la nación Dick Cheney. Para Waxman, el resto tuvo receptores en condiciones inciertas. Por otra parte, Bremer sólo utilizó el 2 por ciento de los 18.400 millones de dólares que el Congreso norteamericano aprobó en octubre del 2003 para la reconstrucción de Irak, y ni un solo centavo de ese magro porcentaje se invirtió en vivienda o en infraestructura hidráulica o sanitaria o eléctrica. Tampoco un solo centavo de la recaudación del FDI. El petróleo iraquí engruese las ganancias de los monopolios petrolíferos y éstos las utilizan para obtener más ganancias del petróleo iraquí. También se llenan algunos bolsillos democráticos y liberadores de paso. Esa es la reconstrucción de Irak en curso. La paga Irak.
Por la resolución mencionada, el Consejo de Seguridad creó una Junta de asesoramiento y supervisión (IAMB por sus siglas en inglés) a fin de garantizar la transparencia de las operaciones del FDI. Integrada por representantes de Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial y el Fondo Arabe de Desarrollo, debía actuar “como los ojos y oídos de la comunidad internacional”, al decir de Kofi Annan. No pudo. Bremer quiso primero limitar las facultades de auditoría de la IAMB y no lo consiguió, pero tampoco rindió cuentas ni respondió a los insistentes pedidos de información de la Junta. Según las minutas del organismo de la ONU, su presidente Jean-Pierre Halbwachs manifestó a Bremer el 17-3-04 su preocupación por los contratos adjudicados a Halliburton sin licitación y solicitó datos sobre el tema. Reiteró esa demanda el 23-4-04 y también un mes después, el 24-5-04. “El gobierno no ha proporcionado ninguna información sobre Halliburton”, subrayó Waxman. La IAMB contrató finalmente a la empresa suiza KPGM International para auditar los movimientos en el FDI. Las conclusiones de la auditoría se pueden consultar en Iraq Revenue Watch (www.iraqrevenuewatch.org), del Open Society Institute fundado por Soros. Son contundentes. El equipo de KPGM encontró: falta de transparencia en el manejo de los ingresos por exportaciones de petróleo; falta de cooperación de los ministerios, siempre bajo mando de Bremer, por “sobrecarga de trabajo del personal” y por la “baja prioridad acordada a la cooperación con la auditoría”; dificultades para obtener pases de entrada a la fortificada Zona Verde de Bagdad, donde se concentran los edificios de gobierno; negativa a informar sobre los contratos exclusivos otorgados por el FDI; negativa a acceder a las auditorías internas de esos contratos; prácticas de contabilidad, a cargo de un solo contador, llenas de fallas, inexactitudes, errores, omisiones e insuficiente registro de los ingresos por la exportación de petróleo y de las operaciones de trueque; acceso denegado al examen de los contratos de venta de petróleo y sólo permitido a la supervisión de los gastos administrativos. Etc. Todo esto expone al Fondo de Desarrollo para Irak “a la comisión de actos fraudulentos” y “ha creado oportunidades para que la corrupción florezca”, sintetizan los auditores.
Halliburton aparece una y otra vez en la carta de Waxman. Un informe de junio pasado del Cuerpo de Ingenieros del ejército de EE.UU. indica que es la empresa más favorecida con recursos y contratos del FDI. También del Pentágono. Y qué casualidad: según el Center for Public Integrity de Washington, W. Bush es el político estadounidense que más dinero ha recibido de los monopolios del petróleo y del gas para sus campañas electorales: 1.724.579 dólares desde 1998. No está mal.