[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

–El Presidente quiere pedirte la renuncia –dijo por teléfono el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Eran las diez y cuarto de la noche.
–Sí, por supuesto, la tienen a su disposición. Mi renuncia y la de todo mi equipo –contestó Gustavo Beliz del otro lado de la línea.
El diálogo no duró más de dos minutos. Poco después, pasadas las diez, Fernández apareció en la sala de periodistas de la quinta de Olivos que da a la calle Villate. Acompañado por el vocero presidencial Miguel Núñez, anunció el primer alejamiento de un ministro de la administración de Néstor Kirchner. “Hemos tenido una exitosa gira y el presidente Kirchner me pidió que les transmitiera que le solicitó la renuncia a Beliz y a todo su equipo”, informó. Enseguida, Fernández agregó que el sucesor de Beliz sería Horacio Rosatti y que el titular de la Sigen, Alberto Iribarne, reemplazaría a Norberto Quantín en la secretaría de Seguridad.
Los anuncios terminaron con un largo silencio público que había comenzado el viernes, cuando trascendieron unas declaraciones radiales de Beliz. Era el único reportaje que había concedido tras el relevo del ex jefe de la Federal, Eduardo Prados. Antes de viajar a Venezuela, Kirchner ya tenía decidido el alejamiento de Quantín. Había sido anticipado por casi toda la prensa. La incógnita era el futuro de Beliz. Pero su salida se convirtió en un hecho cuando Kirchner se enteró de las declaraciones de su ministro. Lo indignaron. “Esto es un desafío a la autoridad del Presidente”, decían sus allegados.
A Kirchner le molestaron dos cosas: la crítica a la SIDE por no prever los incidentes en la Legislatura y, muy especialmente, la defensa poco fervorosa y que podía ser interpretada como una crítica que había hecho Beliz del nuevo jefe de la Federal, Néstor Vallecas.
En su polémico reportaje, el ahora ex ministro dijo que el reemplazante de Prados, Vallecas, había sido designado sin que hubiera “un avance en términos de procesamiento o de involucramiento con pruebas concretas”. Se refería a una denuncia de la Correpi, que responsabilizó a Vallecas por una salvaje represión que sufrió en 1998 la agrupación H.I.J.O.S en un escrache al ex comisario Miguel Etchecolatz.
Vallecas era en aquel momento titular de la comisaría diecinueve. Pero cerca de Kirchner no dieron crédito a la denuncia: aseguraron que Vallecas no está imputado por la Justicia y que la Dirección de Orden Urbano y no la diecinueve fue la responsable del violento operativo.
En la interpretación del Gobierno, las palabras de Beliz implicaban un cuestionamiento al jefe policial que había sido elegido especialmente por el Presidente. Antes de partir de vuelta de Venezuela, el propio Kirchner había ordenado a su todavía ministro que ungiera a Vallecas como nuevo número uno, y que como número dos pusiera a Jorge Oriolo. Por eso, cuando los dichos del ministro llegaron a Venezuela el Presidente no pudo ocultar su bronca. “Lo cuestiona ahora pero no lo cuestionó cuando era número dos”, decían cerca de Kirchner cuando leían lo que había dicho el por entonces jefe de la cartera de Seguridad. Durante toda la gestión de Prados –preferido del ministro para mandar a la Federal– Vallecas había sido su segundo sin ningún problema. Allí se terminó de decidir la suerte de Beliz.
Pero la decisión se tomó en el avión, cuando el Tango 01 regresaba de Caracas. Faltaba, claro, saber quién ocuparía el ministerio y quién reemplazaría a Quantín. Para el segundo cargo ya barajaban un nombre: Alberto Iribarne, quien ya había sido secretario de seguridad interior durante la gestión de Duhalde. Con excelentes contactos con Jorge Argüello y el PJ porteño, de lealtades combinadas entre duhaldismo y kirchnerismo, en su caso pesó su cercanía al jefe de Gabinete. “Es un hombre de confianza de Alberto”, explicaban anoche.
Para el puesto mayor la cuestión era combinar prestigio académico y máxima lealtad a Kirchner. Allí surgió, entonces, el nombre del Procurador General del Tesoro, Horacio Rosatti, un reconocido constitucionalista que a la vez es “kirchnerista puro”.
El desempeño de Rosatti conformó muchísimo a Kirchner y eso lo ubicó como uno de los candidatos más fuertes. El sábado 17 de julio, un día después de los incidentes ante la Legislatura, había sido tentado el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. Pero Arslanian y el gobernador Felipe Solá hicieron todo lo posible para que esa opción quedara descartada.
Fue entonces que el Gobierno reparó en Rosatti: un jurista de prestigio, que había coordinado la defensa jurídica ante la presión de los bonistas extranjeros, que había presentado una querella en Francia por el caso de Thales, la empresa dedicada al control de espacio radioeléctrico –un presunto caso de corrupción que afectó al Estado argentino por muchos millones– y que también había defendido al país en el tema de las tarifas.
“Es de mucha confianza de Kirchner, es directamente Kirchner”, explicaban ayer los funcionarios más cercanos al Presidente.
Cerca de Beliz esperaban la resolución del conflicto tal como finalmente sucedió. En la sede de la Secretaría de Seguridad había un clima de final de gestión. Desde allí informaron que Quantín pasó casi todo el día encerrado en sus instalaciones. A la misma hora, en la quinta de Olivos, Kirchner y sus íntimos –entre ellos Alberto Fernández y el vocero Miguel Núñez– discutían a quién colocar en la cartera de Beliz. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en Palermo, Quantín preparaba los papeles para hacer un balance ordenado de gestión. Algunos de esos documentos utilizó luego para hacer una evaluación de lo que había hecho. Ese escrito lo adjuntó a la dimisión que le dirigió al Presidente.
Allí, textualmente, escribió que renunciaba “con la tranquilidad de conciencia de no haber desobedecido ninguna de las órdenes recibidas”.
Parecía un mensaje dirigido al Gobierno y a los medios. Hasta los últimos días de su gestión, Beliz había insistido con que el episodio de la Legislatura se había producido más bien por una imprevisión del vicepresidente del cuerpo, Santiago de Estrada, que a último momento había decidido impedir el acceso del público al recinto. Ese día también se habían producido desacuerdos entre Quantín y otros funcionarios del Gobierno, que observaban desde la Rosada los incidentes.
El ahora ex secretario de Seguridad había propuesto que los carros hidrantes de infantería se acercaran al edificio de Perú y Diagonal Sur, pero la propuesta había sido terminantemente rechazada. Al final actuó un grupo de Infantería que tiró gases pero su intervención tampoco gustó en la Rosada.
Hasta ese entonces, el Gobierno había atribuido la explosión ante la Legislatura a la imprevisión de De Estrada y a la amplificación de los medios. Pero la crítica de Beliz a la SIDE –y en especial su cuestionamiento a Vallecas– cambió todo el escenario. Allí se decidió que el éxodo no sería sólo de Quantín y alcanzaría también a Beliz. “Gustavo, el Presidente quiere tu renuncia y la de todo tu equipo”, le transmitió por teléfono el jefe de Gabinete. Esa remoción incluía a José María Campagnoli, el segundo de Quantín que cumplía el rol de “pisar el terreno” cuando había problemas graves. Así había actuado en el acto del 20 de diciembre, que terminó con heridos por la explosión de una bomba casera, y en la ocupación de la comisaría 24º de La Boca tras el asesinato del dirigente piquetero Martín “Oso” Cisneros.