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Aspectos pendientes

Por Florencia Médici *

La incidencia de la precariedad laboral en Argentina sigue constituyendo una problemática de primer orden pese al sostenido proceso de crecimiento con inclusión social iniciado en 2003. Los sectores con mayor incidencia del empleo no registrado son Servicio Doméstico, Construcción y Restaurantes y Hoteles, con una tasa que alcanza, en promedio, al 65 por ciento del total de asalariados ocupados en estas ramas de actividad.

A pesar del marcado cambio de tendencia en la dinámica del empleo en Argentina, que produjo un descenso de alrededor de 15 puntos en la tasa de asalariados no registrados, todavía no se ha podido alcanzar los indicadores que reportaba nuestro país en la materia a comienzos de los años ’70. En este sentido, es preciso indagar las causas de estos núcleos de informalidad que parecen persistir a pesar de la vertiginosa caída del desempleo de los últimos años y de las políticas concretas para reducir el trabajo precario (como el Programa Nacional de Regulación del Trabajo y la Ley 25.877 de Reordenamiento Laboral).

Para ello, es necesario considerar el proceso socioeconómico iniciado a fines de los ’70, que no sólo tuvo lugar en la Argentina sino también a nivel global, y que estuvo caracterizado por una gran transformación impulsada por la entrada a un régimen salvaje de capitalismo financiero, en detrimento del capital industrial. En este contexto, la tercerización y a la contratación de mano de obra no registrada fue un fenómeno generalizado para reducir el costo de producción, disciplinar a la fuerza de trabajo y transferir los riesgos a terceros, sobre todo en las empresas más débiles de la cadena de valor.

Este fenómeno, de desregulación y flexibilización laboral, tuvo un enorme impacto sobre el mercado de trabajo, volviéndolo altamente heterogéneo y fragmentado. Con esta dinámica laboral excluyente (desempleo masivo) y precarizadora, ya no resultó posible mantener simultáneamente altos niveles de ocupación, remuneraciones elevadas y poca dispersión salarial. En la última década hubo una reversión de este proceso en Argentina gracias a una activa participación del Estado en el otorgamiento de (perdidos) derechos indispensables para reducir las brechas social y económica entre quienes pueden acceder a los beneficios salariales y laborales que ofrece el sistema productivo y los que no.

Sin embargo, quedan aún instaladas diversas estructuras de organización de la producción apoyadas en la tercerización, la subcontratación y el no registro. Incluso la pérdida de conciencia de los asalariados ante la individualización de los contratos laborales. La pregunta que surge es qué hacer. La política de control e incentivos tiene sus límites debido a que algunas empresas pequeñas recurren a la contratación de trabajos de manera precaria como alternativa al desempleo, en particular en sectores trabajo-intensivos que no podrían no ser capaces de sostener el registro total de sus empleados a un salario digno.

Las transformaciones estructurales llevan tiempo. Un país no puede cambiar de la noche a la mañana la estructura productiva, desarticulada durante décadas por las políticas neoliberales. No obstante, deben aplicarse medidas adicionales para seguir reduciendo los niveles de precarización laboral que refuercen los alcances del actual proceso de crecimiento. Entre ellas, el otorgamiento de créditos con bajas tasas de interés y con facilidades en materia de garantías para pequeñas y medianas empresas; la profundización de la promoción de la asociatividad para aprovechar las economías de escala existentes en las compras de insumos y maquinarias; y, sobre todo, la continuación de las políticas de administración de tipo de cambio y del comercio, y el fortalecimiento de la demanda para mantener el crecimiento del producto y de la competitividad industrial.

* Economista, becaria del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - Conicet.

El núcleo duro

Por Fernando Groisman y M. Eugenia Sconfienza *

Las trabajadoras del servicio doméstico en hogares particulares representan el 25 por ciento del total de los asalariados informales en nuestro país. Se trata en su gran mayoría de mujeres con bajo nivel educativo –prácticamente tres de cada cuatro no finalizaron el nivel secundario–, pertenecientes a hogares pobres y con niños a cargo.

Probablemente uno de los rasgos más distintivos del sector es que el grado de cumplimiento de los hogares empleadores con la normativa vigente es muy escaso. En la actualidad, el 80 por ciento de estas trabajadoras no se encuentran registradas en la seguridad social y, por lo tanto, carecen de acceso a una obra social, protección frente al despido, cobertura por accidentes de trabajo, entre otros beneficios. Las diferencias respecto del resto de los trabajadores se extienden también a otros aspectos. El salario mensual que perciben es prácticamente la mitad del que obtienen, en promedio, el resto de los trabajadores informales y apenas la cuarta parte del que logran los asalariados registrados. Además, dada la inestabilidad del vínculo laboral, padecen una elevada incertidumbre acerca de sus ingresos monetarios.

Tal panorama contrasta francamente con la evolución global del mercado de trabajo argentino durante el corriente siglo. En efecto, la sostenida reducción de los niveles de informalidad laboral y la recomposición de los salarios han constituido dos de las marcas sobresalientes del cambio en las condiciones de empleo de la población. Es en este sentido que la persistencia de elevados niveles de precariedad laboral en el servicio doméstico alerta acerca de la existencia de un núcleo duro de informalidad que se mostraría insensible a los avatares del ciclo económico.

Ciertas características inherentes al trabajo de servicio doméstico en los hogares estarían incidiendo en este resultado. Entre ellas cabe mencionar que esta actividad laboral se realiza “a puertas cerradas” –dentro de las viviendas particulares– y ello dificulta la labor de los organismos de inspección laboral. Por otra parte, la relación entre trabajadora y empleadora discrepa –en no pocas ocasiones– del clásico vínculo asalariado-patrón. Tal circunstancia puede conducir tanto a relaciones de extrema confianza como actos emparentados con el vasallaje. Sea como fuere, ambos aspectos contribuyen a que la relación laboral en el servicio doméstico se torne difusa. Puesto en otros términos, no es extraño que ni la trabajadora ni la empleadora se reconozcan integrando una relación laboral y, por lo tanto, no se planteen la necesidad/obligación de tributar las cargas sociales.

Otros factores pueden ejercer alguna incidencia también en el elevado nivel de informalidad del sector. Por ejemplo, el hecho de que una proporción elevada de las empleadas domésticas sean migrantes internacionales. Puede estimarse que una de cada cinco trabajadoras del servicio doméstico que reside en el Gran Buenos Aires proviene de Paraguay, Perú o Bolivia, en ese orden. Indudablemente otro de los componentes que atenta contra la formalización de las relaciones laborales es la dificultad que enfrentan las asociaciones gremiales o sindicatos del sector para incrementar su representatividad entre las trabajadoras. Consecuentemente las empleadas domésticas disponen de una escasa capacidad de presión y débil poder de negociación para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

Ante tal escenario se impone avanzar en diversas estrategias tendientes a lograr reducir el déficit de calidad del empleo en la actividad. Actualmente se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación una ley que busca equiparar los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico con los del resto de los asalariados. Se trata de una iniciativa que puede contribuir a erradicar la visión de que el trabajo doméstico remunerado es una actividad de segundo orden e improductivo al tiempo que permitiría dotar de mayor visibilidad al sector y por esa vía influir en la mejora de las condiciones de empleo. La modernización de la normativa debería ir acompañada de otras acciones que induzcan el cumplimiento de las nuevas exigencias legales. En efecto, no resulta evidente que el cambio regulatorio en sí mismo vaya a mejorar los índices de registración. La implementación de campañas de sensibilización y difusión de los nuevos procedimientos, la promoción de la agremiación así como el despliegue de rutinas de control eficaces aparecen como condimentos propicios para reducir los niveles de informalidad.

El desafío aparece ampliamente justificado desde una perspectiva de equidad si se atiende al hecho de que prácticamente el 20 por ciento de las mujeres asalariadas son empleadas domésticas, proporción que asciende al 50 por ciento entre aquellas con bajo nivel educativo.

* Conicet-UBA.

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Producción: Tomás Lukin