Está conmovido por el veredicto del tribunal tucumano que absolvió a los 13 imputados por la desaparición y promoción de la prostitución de Marita Verón. El fiscal Marcelo Colombo es, probablemente, quien más conoce sobre el delito de trata en el país. Desde hace varios años conduce la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación. Desde ese lugar, realiza el seguimiento de todos los juicios que se llevan adelante en el país, y brinda asistencia y acompañamiento a los fiscales que investigan a las mafias prostibularias. En una extensa entrevista con Página/12, desgranó ese mundo sórdido, donde las mujeres son convertidas en esclavas sexuales, reveló los prejuicios que persisten entre jueces para escuchar a las víctimas y que terminan protegiendo a los proxenetas, lamentó las complicidades político-judicial-policiales que los amparan, precisó la cantidad de condenas y procesamientos por trata que ya hay en la Argentina y advirtió que “la denegación de justicia” en el caso de la joven tucumana “coloca al Estado Argentino a las puertas una responsabilidad internacional, si el caso se mantiene con este resultado”.

La mayoría de las mujeres explotadas sexualmente “fueron introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad”, señaló Colombo en diálogo con este diario. El estereotipo más frecuente entre los jueces es que las sobrevivientes de trata “mienten”, apuntó. Para dar una idea del dinero que mueven las redes prostibularias, el fiscal dio un ejemplo concreto: “Un prostíbulo de nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo una ganancia neta de 10 millones de pesos”. A su entender, en los casos de trata “sería importante evaluar la posibilidad de implementar un juicio por jurados, que representa un espacio de poder de decisión directo para el pueblo y además de un imperativo constitucional”.

–El caso es en sí mismo una muestra de cómo el Estado –en este caso a través de las agencias policiales y judiciales provinciales que intervinieron– frustró el derecho a acceso a la Justicia de Susana Trimarco y su familia para averiguar lo que le pasó a su hija y sancionar a los responsables de su secuestro. Recordemos que es un caso iniciado seis años antes de la sanción de la Ley de Trata que impuso la federalización del delito y el establecimiento de dispositivos de investigación del delito y asistencia a sus víctimas.

–Sí, y lo primero que hay que destacar es que si hasta ahí llegó fue por la fuerza, valentía y capacidad de Susana Trimarco, y de los abogados que la acompañaron en esa tarea. Recordemos, además, que para ello tuvo que investigar el caso por su cuenta, enfrentando y denunciando a buena parte de las agencias policiales y judiciales que, con pistas falsas o trampas lego-procesales, le opusieron un sinfín de obstáculos. Si el caso llegó a esas instancias de debate, en suma, fue gracias a ella. En lo que hace al fallo, si bien no se conoce la totalidad de sus fundamentos, las líneas argumentales adelantadas en el momento de la lectura del veredicto y que el tribunal habría tenido en cuenta para pronunciarse, sumado al frustrante resultado final alcanzado, nos muestran la nula relevancia probatoria que les dio a los testimonios de las otras víctimas que pasaron por los prostíbulos que administraban las personas imputadas. Esas chicas, además de afirmar haber visto a Marita, relataron sus propios infiernos y padecimientos, mostrando el rostro inhumano del sistema prostibulario: abuso, violaciones, rotación de mujeres como objetos entre prostíbulos. Un sistema que aún hoy sigue naturalizado y visto en clave inocente y edulcorada. Desde la PGN hemos sacado un comunicado, junto a la responsable del Programa de Políticas Género creado por la procuradora Alejandra Gils Carbó, en donde enfatizamos que los valientes testimonios de las mujeres prostituidas habían sido ignorados, malinterpretados o subestimados. O quizá todo a la vez. La denegación de justicia que implicó este caso, en primera medida por la gran cantidad de errores e ilicitudes sucedidas durante la instrucción, y que Trimarco detalló con el rigor de un actuario en el juicio, y en segundo término por la sesgada interpretación que luego se hace en el juicio de la prueba testimonial de las mujeres, coloca al Estado argentino a las puertas una responsabilidad internacional, si el caso se mantiene con este resultado.

–La causa recurrente de ello es el preconcepto sexista y clasista que, en general, portan los operadores del sistema judicial. Eso conduce a que no se conciba un testimonio de esas características como un testimonio especialísimo, y que como tal precisa de recaudos también especiales para su producción e interpretación. Son personas que soportaron prácticas abusivas extremas muy lejanas a las historias vitales de quienes integran la rama judicial. El prejuicio sobre la mujer prostituida se empieza así a construir sobre la base de una nula empatía con su situación, o una improbable capacidad del juez de colocarse en el lugar de esa víctima demasiada lejana y ajena a él.

–Se traduce en el modo desaprensivo y descuidado en que se las escucha. Sin el recaudo de retirar del recinto del debate a los imputados que la sometieron, ni de limitar las preguntas de la defensa a las cuestiones que hacen estrictamente a los hechos y no a sus vidas, que sea sólo el juez el que dirige las preguntas previo análisis sobre su admisibilidad, que sea acompañada en la testimonial con un apoyo psicológico profesional, entre otras importantes cuestiones prácticas. La segunda consecuencia del prejuicio del operador se nota en la interpretación de ese testimonio.

–Se lo examina como un testimonio más, sin conciencia ni registro de la problemática psicológica que enfrentan esas mujeres cada vez que intentan el recuerdo de situaciones traumáticas. Todo lo cual lleva a muchos jueces a exigir de sus relatos un grado de precisión, detalle y cronología incompatibles con aquella traumática situación vivencial. Se acuerdan lo que pueden, pero no por eso mienten. Y esto se conecta con la responsabilidad internacional que tiene el Estado para abordar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres, exigiendo que esa violencia no quede impune, que se respalde a las víctimas y se reivindique el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –integrado por expertos internacionales que juzgan los avances y retrocesos en la implementación por parte de los países de la Convención Cedaw– así lo ha señalado en reiteradas oportunidades, explicando que la aplicación de estereotipos en el juzgamiento de hechos que involucran a la mujer como víctimas afecta el derecho a un juicio imparcial y justo.

–En los actuales casos de trata no se podría hablar de una demora como la que se observó en el caso de Marita Verón porque la ley es de hace sólo cuatro años. Los casos de trata que más complicaciones tienen para avanzar son aquellos en los que se encuentran complicidades políticas y en las fuerzas de seguridad para amparar el delito.

–Los casos de complicidad policial y política en los que mejor se ha avanzado fueron investigados, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por la Justicia de instrucción. En ellos se imputó complicidad a funcionarios que protegían el funcionamiento de prostíbulos. Hay un caso con procesamiento confirmado de la plana mayor de una comisaría que marcha hacia el juicio oral, una investigación en la que colabora la Ufase junto al fiscal Fernando Fiszer, y recientemente se dictó una condena por delitos cometidos en la comisaría con jurisdicción en Saavedra fruto de una investigación realizada por el fiscal José Campagnoli, en donde la protección a prostíbulos aparecía como uno de los rubros ilegales encubiertos.

–En el fuero federal existe otra investigación en la que participamos junto al fiscal Federico Delgado en la que se ha logrado imputar encubrimiento y participación de funcionarios públicos en la protección de un prostíbulo, que se encuentra demorada por una discusión de competencia en la Cámara Federal.

–Si bien la regla general de las condenas no refleja sanciones a grandes bandas, como señalé, el costado de la connivencia político-judicial-policial es el más difícil de los casos. Algunas últimas condenas muestran que algunos personajes condenados son poderosos o peligrosos. Un último antecedente judicial de Paraná mostró cómo uno de los después condenados llamaba por teléfono a los jueces del tribunal oral que tenía que resolver su situación para amenazarlos. Por vía indirecta esa amenaza también la sufrió nuestro fiscal federal de juicio, Candiotti. De todos modos, ése es un aspecto a mejorar, llevar a juicio a los tratantes y a los funcionarios públicos cómplices.

–En lo que hace a la trata con fin de explotación sexual, el negocio del dinero se produce en el prostíbulo. La ganancia grande la obtiene el explotador de la red prostibularia. Le doy algunos ejemplos: un prostíbulo de nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo una ganancia neta de 10 millones de pesos. Eso lo acreditamos, estudio pericial mediante, en el expediente judicial. Las etapas previas a la explotación, la captación y el transporte no resultan para nada costosas en términos de inversión y de mercado ilegal, y por eso no son redituables para esos intermediarios. El precio de una persona captada es muy bajo en comparación con lo que obtiene el explotador con su explotación. Los tratantes se valen básicamente de la situación de vulnerabilidad de la víctima, que no es otra cosa que la falta de opciones de vida dignas y pobreza. También del engaño, engaño que tiene más posibilidades de éxito cuanto menos educación y acceso a derechos tenga la mujer.

–Nuestro rol es ver el medio vaso vacío. La cantidad de procesamientos y condenas dictados en la Argentina está entre los más altos de la región. Pero eso hay que mejorarlo, llevando a juicio casos más importantes, con imputados más poderosos y logrando el decomiso del dinero obtenido por la explotación de las personas. También debe trabajarse más y mejor por fuera del caso penal, para que las víctimas tengan la posibilidad de tener asesoramiento legal gratuito también para demandar civilmente a los tratantes. El escenario judicial de un reclamo civil tiene menos dificultades que uno penal, es más sencillo obtener un reconocimiento del daño patrimonial efectuado. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener un espacio más definido para ser escuchadas, actuar y colaborar en esta materia. El proyecto de reforma a la ley –que será debatido la semana próxima a partir del llamado a sesiones extraordinarias por parte de la Presidenta– les otorga un espacio dentro de un Consejo Federal. De cualquier modo, los funcionarios tenemos que trabajar día a día en contribuir a un diálogo fluido con ellas, que representan a la sociedad no política organizada. En fin, hay mucho por hacer.

–Desde el punto de vista de las investigaciones, lo más urgente es cambiar el Código Procesal Penal de la Nación por un modelo acusatorio que nos otorgue a los fiscales la obligación y la facultad para investigar todos los casos de trata de personas. Hoy la investigación está en manos de un juez de instrucción federal. En los casos de trata sería importante evaluar la posibilidad de implementar un juicio por jurados, que representa un espacio de poder de decisión directo para el pueblo y además un imperativo constitucional. También establecer un sistema o dispositivo más ágil y eficaz para encontrar personas desaparecidas.

–La discusión acerca de lo que representa un prostíbulo para la ley, la trata de personas y la explotación sexual de mujeres se dio en la Argentina ya en el año 1937. Se dijo por intermedio de una norma, apoyada en estudios empíricos de la Liga de las Naciones, que los prostíbulos eran terreno fértil para la esclavización de la mujer. Eso se replica en nuestros días, exactamente del mismo modo. Los prostíbulos están llenos de mujeres pobres. Es decir, el móvil es la necesidad frente a la situación desigual y no la libre elección. Respondiendo su pregunta, las reglas no escritas del prostíbulo son de por sí las más violentas. Imposibilidad de rechazar un denominado cliente por la razón que fuera, dominio de la sexualidad por la exclusividad de tener que hacer pases para el bolsillo de otro, amenazas, golpes y malos tratos del proxeneta pero también de los que clientes, “sanciones económicas por no cumplir horarios, desorden, y faltas nunca bien descriptas y siempre aplicadas”, manejo del dinero por parte de quien la explota. Hay muchos estudios realizados que muestran los daños, todavía invisibilizados de la práctica prostibularia. El consejo para la alternativa de las prostitutas en Portland, Oregon, estableció en un informe realizado a 179 mujeres que dejaron la prostitución prostibularia en la década del 90 que el 78 por ciento había sido víctima de violación, el 48 por ciento violada por sus proxenetas en un promedio de 16 veces al año.

–Que son funcionales a la trata de personas, que la abrumadora mayoría de las mujeres en situación prostibularia son vulnerables, pobres, no tuvieron la posibilidad de estudiar y tener un plan de vida al igual que ellos, que están ahí por necesidad y no por placer, que la mayoría de ellas fueron introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad, que el dinero que ellos pagan va a los bolsillos de los explotadores y los cómplices públicos. No hay nada naïf y divertido en eso.