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Quizá escucharon el voceo de un vendedor y se tentaron: “Hay gorro, bandera y vincha...” Hasta podría conjeturarse que aprovecharon la oferta y compraron de a tres. Camuflados, dos con sombreros estilo Piluso y el restante con uno que tiene tres tiras, más alargado, se apretujaron en la popular. Creyeron que pasarían inadvertidos, pero no. Los estaban filmando y no era desde una cámara sorpresa o para un programa de disfraces. En el Comité de Seguridad Deportiva que depende del ministro Juan Pablo Cafiero están convencidos de que son ellos: Armando “El Oso” Pereyra y los hermanos Fernando y Rafael Di Zeo. Tres barrabravas de Boca que van a la cancha pese a que continúan sometidos a la prohibición de concurrencia por un juez. Molestos por la comprobación, Mario Gallina y sus colaboradores hicieron lo que creían conveniente. Le enviaron las fotografías al magistrado, el doctor Facundo Cubas, con un texto breve, el 14 de agosto.
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. atento lo dispuesto por el decreto Nº 420/MJS/02 por el cual se creó el Comité Provincial de Seguridad Deportiva de fecha 30 de marzo del 2002, a los efectos de remitirle prueba documental obtenida mediante material fílmico del sistema de seguridad móvil contratado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de ser analizado para la causa Nº 45.136/99 caratulada ‘Di Zeo y otros s/lesiones’”.
La nota se refiere a la investigación que comenzó en marzo de 1999 cuando la barra brava de Boca atacó a un grupo de hinchas de Chacarita mientras se jugaba un partido amistoso en La Bombonera. Desde entonces, a los tres barrabravas se les prorrogó sucesivamente la pena de prohibición de concurrencia a los estadios durante largos períodos. Hasta que el miércoles 7 de agosto, en ocasión del partido entre Banfield y Boca (0-1, gol de Sebastián Battaglia), la empresa Argestar, que trabaja para el gobierno bonaerense, los filmó en la tribuna visitante.
Eran los mismos personajes que aquel 3 de marzo de 1999 ingresaron a la cancha de Boca como si fueran sus dueños, con palos y sevillanas, para lo que el abogado de los hinchas de Chacarita, José Novello, definió como “homicidio en grado de tentativa, robo calificado y violación a la Ley del Deporte”, acusaciones que no prosperaron. Sí, en cambio, siguió su curso la demanda civil por 200 mil pesos contra Boca, el club que dicen representar los patoteros. La entabló uno de los agredidos, Daniel “Pájaro” Benedetti, por “daño físico, moral y psicológico, más lucro cesante y gastos médicos y de traslado”. Este juicio se encuentra actualmente en período de prueba y debería tener sentencia antes de fin de año.
Las fotografías tomadas en Banfield no mienten. Las imágenes filmadas que les sirvieron de soporte, tampoco. Fueron obtenidas con cámaras digitales y hoy descansan en el juzgado Nº 24, del doctor Cubas, quien lo tomó a cargo transitoriamente, ya que se encuentra vacante desde que su colega, Sergio Torres, fue ascendido a juez federal. Por ese motivo, cada dos meses, se turnan diferentes magistrados en aquella función. En el Comité Provincial de Seguridad esperan una respuesta que aún no llegó. Cuentan que al grupo ya lo habían tenido en la mira durante el último verano en Mar del Plata, aunque las fotos salieron borroneadas. Pero ahora, si Cubas tomara en cuenta el material documental que le aportaron, los Di Zeo y Pereyra corren el riesgo de que se les revoque la prohibición de concurrencia y podrían cumplir esa pena en la cárcel.
La difusión de la prueba que ahora tiene en su poder la Justicia Criminal y Correccional se compadece con la ofensiva lanzada desde el área de Seguridad Deportiva que controla Gallina. Este ya había decidido clausurar el estadio de Racing porque Blanquiceleste SA no cumplió con el decreto presidencial que determina colocar un sistema fijo de cámaras de video en los escenarios con capacidad para más de 25 mil espectadores. Otro tanto ocurrirá con Chacarita, Estudiantes y Gimnasia, más todos los clubes de la Primera B Nacional que se encuentran en territoriobonaerense, si no incorporan filmadoras móviles como ya lo determinó Cafiero mediante una resolución.
Los dirigentes están que trinan por estas exigencias. José Luis Meiszner, el secretario general de la AFA, insistió con los temas de siempre: “Este es el único país del mundo donde se paga la seguridad. Yo no recuerdo que en Quilmes la hayan cobrado hasta 1983, cuando volvió la democracia. Si nos reunimos con el jefe de la Policía Federal es porque queremos una tarifa standard y que bajen la cantidad de efectivos. No puede ser que hoy gastemos el doble en los operativos pese a las cámaras de video que se instalaron”.
En efecto, la tecnología no se capitalizó demasiado hasta ahora. Son contados los episodios en los que las imágenes logradas en una cancha permitieron inculpar a alguien. Un caso es el de los barrabravas de Racing que están detenidos porque habrían participado en el asesinato de Gustavo Rivero, un hincha de Independiente que murió el pasado 17 de febrero en una pelea a balazos antes del clásico de Avellaneda. Los acusados fueron individualizados por un sistema de cámaras móviles como el que permitió constatar las presencias en Banfield de los hermanos Di Zeo y el Oso Pereyra, el mismo estadio en el que, el domingo, se suspendió el clásico entre el local y Lanús.
El problema es que en el fútbol los números no cierran y la seguridad jamás podrá garantizarse bajo las actuales condiciones y en un país desquiciado. Para muestra, basta el botón de los hechos que abundaron en la fecha jugada ayer.
Los dirigentes están más que preocupados porque, lo que hasta hoy era sólo una dificultad de los torneos de ascenso, ya amenaza a la Primera: las suspensiones de partidos porque los clubes no pueden pagar los costosos operativos o porque directamente se repiten los incidentes en cadena. Y se aproximan tiempos aún más difíciles. Los clubes ni siquiera amortizaron las cámaras que instalaron, los barrabravas siguen haciendo de las suyas, la policía no distingue entre la seguridad como negocio o función específica, las autoridades del fútbol miran para otro lado hasta que les tocan el bolsillo y los jueces aplican las leyes cuando pueden.
Cabe decir entonces y, por enésima vez, hasta la próxima muerte.