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Hubo muy poca custodia policial, apenas un par de móviles de infantería ubicados lejos del lugar de la protesta. A dos meses de la represión en Avellaneda, los piqueteros volvieron a cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de Justicia y por las dificultades en el cobro de los planes de empleo. La jornada se desarrolló sin incidentes. En la bajada del puente, en el mismo lugar donde el 26 de junio comenzaron los disparos, ayer en lugar de policías sólo se vio a tres empleados municipales con un auto, también de la municipalidad, con la función de desviar el tránsito.
La protesta reunió a desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón, el Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie y el Movimiento de Jubilados y Desocupados (Raúl Castells) y algunas asambleas, como la de San Telmo, las mismas organizaciones que se movilizaron el día en que fueron muertos Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
“Cortamos la calle para denunciar el estancamiento de la causa judicial y las amenazas que vienen sufriendo los testigos”, dijo Juan Cruz D’Afuncchio, integrante de la Verón. Leo Santillán, hermano de Darío, señaló a su vez la falta de voluntad para investigar a los responsables políticos de los fusilamientos.
El corte comenzó a las 12 del mediodía, cuando se encendieron neumáticos sobre el acceso que comunica la Capital con Avellaneda. Al mismo tiempo, otros grupos se ubicaban en Puente Saavedra y en la entrada de Liniers. Media hora más tarde se sumaron las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini. “No creo en los políticos ni en los nuevos gobiernos” dijo Hebe de Bonafini al llegar. “Tampoco creo en los líderes de izquierda. Pero estoy sumamente convencida de que entre los piqueteros y algunas asambleas populares se puede llegar a formar un grupo para gobernar”.
Junto con el pedido de Justicia, los manifestantes se movilizaron para pedir alimentos para los comedores barriales y por los inconvenientes en el cobro del plan Jefes y Jefas de Hogar. Según Néstor Pitrola, dirigente del Polo Obrero, en la provincia de Buenos Aires “60 mil beneficiarios fueron dejados fuera”, mientras que a nivel nacional podría haber “100 mil personas en la misma situación”.
María Teresa Herrera, piquetera de la Unión de Desocupados, Ocupados y Changarines de Monte Chingolo es una de las personas que se quedaron sin cobrar el subsidio. “Presenté los papeles dos veces, en la primera oportunidad me dijeron que se habían perdido, volví a llenar la inscripción y sigo esperando”, explicó ayer. Herrera trabajó en una empresa telefónica hasta el año pasado, como vendedora de servicios. Tiene una hija de dos años, a la que mantiene sola. Recientemente fue desalojada.
Los piqueteros aseguran que también hay casos de beneficiarios que venían recibiendo el subsidio y fueron sacados de la lista, “e incluso de quienes figuran en los padrones, pero cuando llegan a la ventanilla del banco su cheque no está”, sostuvo Pitrola. “Por eso creemos que falta presupuesto para pagar a todos ante lo cual el gobierno ha tomado la decisión de recortar el gasto con estos mecanismos”.
Por la tarde, el Ministerio de Trabajo convocó a las organizaciones a una reunión para discutir sus pedidos. Del encuentro participaron representantes del Bloque y Barrios de Pie, quienes dijeron no estar conformes con la respuesta obtenida.
“Vamos a seguir dialogando, pero también preparando un nuevo plan de lucha”, anticipó Beto Ibarra, del MTL al término de la reunión. Ibarra criticó también “la frialdad de los funcionarios de Trabajo, que nos dicen que elevemos reclamos puntuales por aquellos que no cobran cuando son decenas de miles de compañeros”.
Los integrantes de la Aníbal Verón, que formularon las mismas quejas con la marcha del Plan Jefes y Jefas de Hogar, tienen agendada para esta tarde una audiencia en Trabajo, luego de la cual definirán también si realizan nuevos cortes de ruta.
En la jornada de ayer prefirieron centrarse en la cuestión de la investigación judicial. Dicen que todavía hoy sus militantes siguen recibiendo llamados telefónicos o intimidaciones. Los piqueteros subrayan que esas amenazas, “se producen mientras hay una mayor presencia de gendarmes y prefectos en nuestro territorio, quienes no han logrado frenar uno solo de estos aprietes”. Y opinan que tal situación “sólo se explica si entendemos que la represión institucional y la parapolicial se complementan y responden al mismo plan, del que deberían dar cuenta no sólo las comisarías sino también los intendentes del conurbano y sus punteros políticos”.