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Desde octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrá un nuevo relator especial para la Libertad de Expresión. El elegido, después de un largo proceso que comenzó en diciembre del año pasado y al que se presentaron 49 postulantes, fue Edison Lanza, periodista y abogado uruguayo. Entre sus líneas de trabajo buscará construir principios y estándares para “ayudar a revertir los procesos de concentración, sin afectar la viabilidad de los medios de comunicación” y trabajar por la protección de periodistas en situaciones de riesgo y en la investigación de sus asesinatos. Se destaca su compromiso en desarrollar el vínculo entre el derecho a la libertad de expresión y la promoción de los derechos de grupos “que sufren o han sufrido discriminación (niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, población lgbti, personas con discapacidad, etc.)”.

Lanza será designado por un período de tres años, renovable una vez, y asumirá el cargo el 6 de octubre de este año, en reemplazo de la colombiana Catalina Botero.

Desde el otro lado del río, respondió algunas preguntas acerca de los desafíos que tiene por delante.

–El 6 de octubre asume como nuevo relator. ¿Qué expectativas tiene en este nuevo rol?

–Estoy convencido de que se trata de una posición clave para la promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información en la región. Gracias al trabajo que han realizado de varios relatores y relatoras, la Relatoría se ha consolidado como una institución de referencia para el campo de estas libertades, los derechos humanos y la comunicación. Como expresé en la entrevista que mantuve con los comisionados y comisionadas, no vengo a trabajar contra nadie, sino con todos los actores del sistema democrático que tienen incidencia en estos temas, incluidos, por supuesto y fundamentalmente, los Estados. Creo que la Relatoría puede ayudar a encauzar los debates que están teniendo lugar en la región en torno de la libertad de expresión y la democratización de la comunicación; a mi juicio nuestros países tienen la madurez suficiente para debatir abiertamente sobre libertad de expresión, y sería algo sin sentido cerrarnos a reflexionar sobre la democracia, el pluralismo y la libertad de expresión, aun con los puntos de vista y los intereses más diversos.

–¿Cuáles serán sus líneas prioritarias de trabajo?

–Voy a tratar de sintetizar algunas líneas. La promoción de la diversidad y el pluralismo en la comunicación, en todas las direcciones, es un eje de trabajo. Promover regulaciones que limiten la formación de oligopolios y monopolios y la concentración de los medios de comunicación que afecten las posibilidades de divulgación de información y opiniones o el pluralismo. Y hablo tanto de concentraciones en el sector privado como en el estatal o público. Hay definiciones claras en el Sistema Interamericano sobre las consecuencias negativas de los monopolios y oligopolios, pero hay que profundizar estos estándares existentes: hay que construir principios y estándares para ayudar a revertir los procesos de concentración, sin afectar la viabilidad de los medios de comunicación. Por supuesto que siguen siendo una prioridad los problemas estructurales que en muchas regiones siguen sin ser superados. Promover una estrategia integral en contextos de agresiones y ataques a la integridad física de los comunicadores, en base a la prevención de la vulneración de sus derechos, la protección de periodistas cuyas vidas se encuentren en riesgo e investigación transparente de los asesinatos y agresiones ocurridos. La implementación eficaz de mecanismos de protección para los comunicadores amenazados forma parte de las obligaciones positivas del Estado. Pero desde una perspectiva más integral, tener escoltas y carros blindados es una solución simple, pero costosa para los Estados y compleja para un periodista en ejercicio. Se debe mirar de manera integral el fenómeno, apostando a medidas de promoción del derecho a la libertad de expresión y de prevención, protección y sanción. Si no avanzamos en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la libertad de expresión, mediante un trabajo de prevención de la comisión de estos delitos, las restantes medidas siempre serán insuficientes. También propongo desarrollar el vínculo entre la plena realización del derecho a la libertad de expresión y la protección y promoción de los derechos de distintos grupos que sufren o han sufrido discriminación (niñas y niños, mujeres, pueblos originarios, población lgbti, personas con discapacidad, etc.), afín con el fin de promover que los Estados adopten obligaciones positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes y que estos grupos puedan ejercer de manera plena la libertad de expresión y la protección de sus derechos frente a expresiones abiertamente discriminatorias. La vigencia y protección de la libertad de expresión en el mundo on line es una precondición que concierne y beneficia a todas las personas. Entre esas prioridades, es clave velar por y promover el acceso universal a este fabuloso espacio para la educación, la llegada a la información, la expresión personal y el entretenimiento. Y finalmente creo que hay que seguir insistiendo en acceso a la información pública y mecanismos para prevenir la censura indirecta.

–¿Cuáles son los principales problemas en las Américas relativos a la libertad de expresión? ¿Cuáles son específicos del Cono Sur?

–Considero que los problemas y desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la región pueden agruparse en dos grandes dimensiones: los problemas estructurales que subsisten en algunas subregiones y una agenda emergente. Entre los problemas estructurales señalo algunos: la violencia y agresiones contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos (presente en algunos países de América Central y América del Sur); el uso del derecho penal para criminalizar la expresión, o el derecho penal de excepción para acallar la protesta y la crítica; la escasa diversidad de medios y la falta de pluralismo en las voces representadas en el sistema mediático, sobre todo en algunos países; la debilidad de los medios públicos y la falta de reconocimiento a los medios comunitarios, y la batalla contra la cultura del secreto que persiste en todos los países de la región, aunque con avances importantes (adopción de leyes, instalación de órganos garantes, jurisprudencia local), pero con la preocupación de que algunos Estados extienden el secreto por razones de seguridad nacional y la persecución de informantes, que es la contracara de este avance. Luego tenemos la agenda emergente, a la que debemos prestar atención. Las múltiples discusiones sobre libertad de expresión e Internet. En 2013, la Relatoría incluyó en su informe anual un estudio vinculado a Internet y libertad de expresión, que contiene estándares para la evaluación y el análisis de las situaciones particulares. El desafío principal, entonces, pasa por consolidar Internet como un espacio de protección, promoción y respeto de los derechos humanos, así como también de denuncia de vulneración de los mismos. Deberíamos reflexionar más en clave regional, porque hay temas comunes a la subregión. Esta semana, la Corte Interamericana dictó una sentencia sobre el caso de dirigentes mapuches condenados por terrorismo, en la que se pronuncia sobre los tipos penales de contornos difusos y vagos que afectan la protesta social y la libertad de expresión, y que por lo tanto son incompatibles con la Convención. Me temo que es un buen punto que debería revisarse en los países del Mercosur. En la subregión se ha avanzado en la regulación de los medios audiovisuales; aunque cada país ha aplicado un ritmo y un modelo propios, parece buen momento para ver los resultados de la aplicación de cada uno de estos modelos. Progresivamente los países se vienen incorporando al concierto de naciones con leyes de acceso a la información pública que respetan los estándares de derechos humanos, esperemos que Argentina y Paraguay se sumen rápidamente a esta realidad. De todos modos, me parece que nuestros países tienen una agenda pendiente en materia de prevenir la censura indirecta, la asignación arbitraria de recursos desde el Estado hacia el sistema de medios y completar la reforma de los sistemas de medios audiovisuales, de acuerdos con los estándares construidos por el sistema interamericano. Luego hay situaciones particulares con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en contextos electorales, en fin, temas no faltan.

–¿La concentración de medios sigue siendo un obstáculo importante a la libertad de expresión en la región? ¿Cómo evalúa las nuevas leyes que intentan regular el universo mediático?

–América latina asiste a una discusión inédita sobre el papel del Estado en la regulación de los medios de comunicación audiovisuales, y la propia función de los medios en el sistema democrático, una discusión que personalmente considero válida si la damos en el marco de un efectivo respeto y promoción del derecho a la libertad de expresión y no como una excusa para controlar los medios. Es un debate que los latinoamericanos nos debíamos, porque heredamos problemas de larga data en relación con los sistemas mediáticos. Autores de la región, entre ellos valiosos aportes de expertos argentinos, explican este rezago: hubo una ausencia regulatoria del Estado durante décadas, lo que permitió que la comunicación quedara casi en las exclusivas manos del sector comercial, en muchos casos con índices de concentración y control de la propiedad muy elevados, algo atípico para democracias consolidadas. La región también muestra cierto rezago en la tarea de construir medios públicos independientes, y es un hecho que durante años fueron relegados al papel de Cenicienta, aunque ahora muchos Estados han comenzado a mejorar su financiamiento. Por otra parte, tenemos un sector social-comunitario excluido durante décadas, o reconocido a medias, de modo discriminatorio y sin políticas de promoción. Este combo produjo una producción audiovisual muy concentrada en las capitales de los países, en formatos de baja calidad, cuando no –como ocurrió en el caso uruguayo– consumimos durante mucho tiempo mayormente producción extranjera. En este menú, la concentración de medios es un ingrediente que no se puede ignorar, porque una vez que tenemos un sistema de medios concentrado se generan consecuencias negativas en el espacio público y relaciones complejas entre los medios y el sistema político, que además son poco transparentes. Frente a esta situación, los gobiernos, sobre todo en la última década, han desarrollado diversas estrategias. Las leyes de servicios de comunicación llegan en un momento en el que la industria ya está desarrollada, y consiguientemente se producen tensiones y reacciones. Claro, hay que observar con mucho cuidado estas leyes, porque deberían tener el objetivo de promover la transparencia en la asignación de frecuencias, la diversidad y el pluralismo, sin limitar el goce de la libertad de expresión. También hay que estudiar lo que viene sucediendo con países que han ido, gradualmente, primero habilitando al sector comunitario, buscando una transición ordenada hacia un sistema más plural en la televisión digital, como ha ocurrido en el caso uruguayo. Brasil, en cambio, comenzó por el intento de generar una televisión pública de calidad y de alcance nacional y regular mejor el sistema de televisión para abonados, pero mantiene no cambiada la estructura de sistema de medios comerciales. Todas estas experiencias son válidas, siempre que en nombre de la diversidad y el pluralismo no se generen restricciones innecesarias a la libertad de expresión, algo que la propia Convención Americana previene en su artículo 29. Este puede ser un buen momento para analizar las diversas experiencias y también cómo se han aplicado en la práctica estas normas, porque una cosa son los textos y la intención del legislador, y otra cosa es la aplicación.

–¿Qué desafíos a la libertad de expresión presentan los intentos de regulaciones de Internet y las nuevas tecnologías?

–Enormes. El desarrollo de Internet ha masificado la cultura, el entretenimiento, la circulación de información y ha permitido, como nunca antes, el ejercicio de la libertad de expresión a título individual y colectivo. Y esto ha sido posible por las características especiales de este nuevo espacio público, por su conformación de red, que lo hacen distinto de los restantes medios inventados hasta el presente. Por ello cada regulación que los Estados pretenden establecer tiene implicancias para la libertad de expresión y otros derechos humanos. Creo en la gobernanza multi stakeholder (N. de E.: Se refiere a la participación o consideración de los enfoques de todos los actores que importan en un sistema) de este espacio, y desde su lugar específico la Relatoría debe tener un rol. No voy a abundar aquí, pero hoy están sobre la mesa marcos normativos que implican hablar del manejo de los contenidos en la red, la responsabilidad de los intermediarios, el filtrado de información, el manejo de la red en el contexto de protestas sociales y/o políticas, en fin, es un tema inagotable. Sí apunto, además, que la región viene abordando este tema con leyes nacionales, como el Marco Civil de Brasil, o el marco regulatorio chileno, pero también hay un uso desmedido del derecho penal para intentar combatir abusos en la red.

–El informe de la relatoría para la libertad de expresión de 2013 incorporó un punto específico sobre la violencia que sufren las mujeres periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión, especialmente en el caso de México. ¿Trabajará sobre la especificidad de las violencias que sufren las mujeres periodistas?

–La Comisión Interamericana ha señalado que los escenarios de violencia en América latina incluyen un componente de exacerbación contra las mujeres, en particular en el contexto de discriminación por razones de género que aún persiste en muchos países. No sería justo si no dijera que la actual relatora ha incorporado la perspectiva de género en sus informes sobre violencia contra periodistas y me comprometo a mantener esa línea de trabajo, tanto en los informes como en posibles casos que la Comisión decida admitir y eventualmente presentar ante la Corte Interamericana.

–Cuando algunos medios publican contenidos sexistas y son criticados por esto, se amparan en el derecho a la libertad de expresión para justificarse. ¿Cómo cree que se debería trabajar desde los distintos actores intervinientes –sociedad civil, Estado, periodistas, empresas– para desarticular estos argumentos y lograr cambios?

–Es cierto que los medios de comunicación en la región tienen, en muchos casos, una historia de mala práctica en relación con la discriminación contra las mujeres y otros grupos. ¿Cómo provocar cambios en esta práctica sin interferir en la libertad de expresión? Esta es una pregunta que todos nos hacemos y creo que hay muchas experiencias que nos pueden ayudar a resolver este dilema. En primer lugar hay que destacar el trabajo de las organizaciones de mujeres que decidieron utilizar el camino de la capacitación y la promoción de y hacia los comunicadores como forma de incidir, y han logrado paulatinos progresos; luego los observatorios y los informes críticos con el modo de hacer periodismo y publicidad creo que juegan un papel, al igual que las universidades, que deben trabajar profundamente en los aspectos éticos de la comunicación; finalmente la propia televisión desde la ficción puede promover la igualdad. La mejor forma de combatir el discurso discriminador es con argumentos y evidencia de peso. También estoy siguiendo con mucho interés algunas experiencias institucionales, como la Defensoría del Público argentina, cuya práctica de promoción, recepción de denuncias, audiencias públicas y mediación es una herramienta clave y parece estar comenzando a rendir frutos, sin acudir necesariamente a la punición de los medios. Sé que el movimiento feminista se pregunta sobre la pertinencia de penalizar las expresiones discriminatorias, y allí la Relatoría debe abrir un debate sobre cuál es el límite de los discursos protegidos por la libertad de expresión y cuáles constituyen discursos de odio, que ingresan dentro de la prohibición del 13.5 (incitación a la violencia contra grupos de personas por motivos de discriminación).