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Es la funcionaria con rango más alto en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. Destacada penalista, Louise Arbour integró la Corte Suprema de Canadá y se desempeñó como fiscal jefe de los Tribunales Internacionales que juzgaron los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia y en Ruanda. En su primer viaje a Latinoamérica visitó la Argentina y aprovechó cada micrófono que tuvo delante para reclamar al Gobierno la ratificación del Protocolo Facultativo de la Cedaw, uno de los tratados internacionales más importantes para la defensa de los derechos de las mujeres, cuya aprobación está varada en el Senado. En un reportaje con Página/12 consideró “fundamental” la implementación de programas de educación sexual en las escuelas “para facilitar la autoprotección especialmente cuando vemos la diseminación de la pandemia de sida”, advirtió que la pobreza “significa una privación de los derechos humanos” y expresó su rechazo a la prisión preventiva: “Habría que buscar alguna alternativa a la prisión antes del juicio. Es una condición fundamental de la presunción de inocencia”, opinó.
Arbour nació en Montreal, Canadá. Tiene 58 años, es divorciada y madre de tres hijos. Está al frente del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos desde el 1º de julio de 2004 y vino al país para participar de la 38ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer, organizada en Mar del Plata por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
–Se ha mostrado particularmente preocupada por el hecho de que la Argentina todavía no ratificó el Protocolo Facultativo anexo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en su sigla en inglés). Lo cierto es que hay un lobby muy fuerte de la Iglesia Católica para cajonearlo.
–Entonces, sugeriría al Gobierno que se comprometiera en una campaña donde diera a conocer a la población la naturaleza real de este Protocolo Facultativo: no crea nuevos derechos ni impone obligaciones adicionales sobre la Argentina. En realidad, lo que brinda es un marco de procedimientos para que las mujeres realmente puedan reafirmar sus derechos existentes.
–Pero desde la jerarquía eclesiástica se sostiene que su ratificación abrirá la puerta a la despenalización del aborto en el país. ¿Qué hay de cierto?
–No hay nada en el Protocolo que pueda justificar esa afirmación. Sí, en la Cedaw hay recomendaciones en el sentido de que los estados miembro no deberían penalizar a las mujeres que hayan decidido realizarse un aborto. La Cedaw ya ha sido ratificada por la Argentina (N. de la R.: tiene, incluso, rango constitucional).
–¿Qué balance hace en materia de derechos humanos en la región a 10 años de la Cumbre de la Mujer de Beijing?
–No hay dudas de que ha habido avances. Hubo un tremendo progreso en relación con la participación de las mujeres en la vida pública, en la reducción de la mortalidad materno-infantil, en el acceso a la educación en todos los niveles. Pero al mismo tiempo quedan muchos déficit, que son los síntomas de una discriminación muy generalizada y esto incluye la persistencia de la violencia contra las mujeres, el problema de la trata de mujeres y de niños y la inadecuada representación femenina en la política.
–A pesar de que la Argentina considera los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, todavía no se ha logrado que se brinde educación sexual en las escuelas de todo el país. ¿Qué opina al respecto?
–La educación sexual es fundamental para facilitar la autoprotección, especialmente cuando vemos la diseminación de la pandemia de sida.
–La mitad de la población argentina está bajo la línea de pobreza. ¿Puede haber un goce de derechos humanos en esa condición?
–En realidad, la pobreza es un síntoma. El ser pobre significa una privación de derechos humanos, una privación de derechos en general. No debemos visualizar la pobreza sólo como un estado de privación de derechos económicos.
–En muchas cárceles hay sobrepoblación y en el último tiempo se han conocido denuncias de torturas de parte de guardias a los detenidos. ¿Cómo deben enfrentarse estos problemas?
–Cuando hay una sobrepoblación carcelaria considero que se debe analizar si hay una cantidad desproporcionada de gente detenida que no ha sido juzgada aún. Porque si ése es el caso, habría que buscar alguna alternativa a la prisión antes del juicio, se debería hacer una evaluación judicial para ver si no hay otra medida que pueda asegurar la comparecencia de la persona acusada en el tribunal. Es una condición fundamental de la presunción de inocencia. En cuanto a las denuncias de torturas, se deben investigar. Es un tema sumamente serio.
–Los cortes de calle que realizan los grupos piqueteros a modo de protesta están en el centro del debate por estos días. ¿Cómo debería actuar el Gobierno frente a este tipo de protestas?
–Es importante que los gobiernos en las sociedades democráticas puedan lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y de asociación y la libertad de la población para trasladarse en forma segura y conveniente, especialmente en los escenarios urbanos. La clave es que el gobierno no utilice el pretexto del orden público para reprimir el contenido de lo que se quiere expresar con la protesta.