La protesta rural cumple mañana diecinueve días, con lo que supera al lockout agropecuario más largo de nuestra historia, que fue del 24 de octubre al 10 de noviembre de 1975. Ese año, el conflicto fue creciendo con el paso de los días. El 3 de marzo las entidades realizaron un primer bloqueo por veinticuatro horas. El segundo fue el 19 y 20 de mayo. El tercero comenzó el 19 de septiembre y se extendió por once días. El cuarto marcó el record de dieciocho jornadas. La situación económica y social de entonces era muy diferente a la actual, pero algunos hechos parecen calcados. Por esos días hubo fuertes críticas a la intervención del Estado en la economía, amenazas y violencia por parte de los chacareros, acusaciones de golpismo y medidas oficiales para intentar garantizar el abastecimiento, incluyendo el envío de ganado por parte del Ejército.

Al igual que ahora, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria fueron la punta de lanza de los productores. Esas dos entidades presentaron el 19 de septiembre de 1975, al iniciar su tercer lockout del año, un documento con 14 puntos donde se le comenzaba exigiendo al gobierno de Isabel Martínez de Perón “derecho de participación de las entidades gremiales representativas del agro en el estudio y la elaboración de la política económica nacional” (sic). Por entonces, el problema no eran las retenciones a las exportaciones sino las juntas nacionales, a través de las cuales el Estado fijaba precios máximos para las producciones. Esa intervención estatal era vista como una herejía por los chacareros, los cuales al mismo tiempo reclamaban, paradójicamente, desgravaciones impositivas para estimular la retención de vientres y el aumento de la producción, créditos a tasas blandas y la “aplicación de medidas cambiarias que posibiliten la exportación fluida de la producción agropecuaria en general y ganadera en particular”, entre otros puntos. Esa última exigencia es relevante porque, ahora que hay un tipo de cambio alto, los productores desestiman la importancia que viene teniendo la herramienta cambiaria como incentivo para la exportación.

Desde el oficialismo se acusó a las entidades del campo de expresar los intereses de la oligarquía terrateniente. Sin embargo, los dirigentes rurales aseguraron que “la protesta no surge de ningún pequeño o privilegiado sector de grandes ganaderos sino que se nutre de la decidida voluntad de millares de productores que nada tienen de oligarquía vacuna” (comunicado de Carbap, 22 de septiembre de 1975). También se los tildó de desestabilizadores y la respuesta llegó desde la tribuna televisiva que ofrecían Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en el programa Tiempo Nuevo. “No es un paro golpista”, sostuvo entonces Jorge Aguado, titular de Carbap. “Hay enemigos del país que se niegan a reconocer que el campo es su columna vertebral”, agregó.

Los diputados peronistas Julio Bárbaro y Alberto Stecco reafirmaron la posición oficial con opiniones muy similares a las que hoy en día se escuchan en Casa Rosada. “El lockout ganadero, decretado por las organizaciones que agrupan a los elementos más reaccionarios de los sectores tradicionales del privilegio y sus socios menores, constituye una provocación política que apunta a perturbar el accionar del gobierno justicialista”, expresaron en un documento difundido el 26 de septiembre, donde también se reafirmaba la facultad del gobierno para definir la política económica: “El sentido político reaccionario del paro ganadero no puede ser disimulado con supuestas reivindicaciones sectoriales donde medidas que hacen a la política económica, que no pueden ser resignadas por el Poder Ejecutivo, se confunden con legítimas aspiraciones de auténticos productores”.

Por ese entonces, la cotización internacional de los principales productos que exporta el campo estaba lejos del record actual porque Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea se encontraban en plena guerra de subsidios. Además, China no era la aspiradora de granos que es ahora. Ese escenario les daba a los productores más argumentos para protestar, pero el gobierno negaba que los chacareros perdieran plata y aseguraba que varias exigencias habían sido satisfechas antes del inicio de ese tercer lockout, poniendo como ejemplo la liberación del precio de la hacienda en pie, el reajuste de la cotización de los cereales, el pago total de los saldos adeudados por la Junta Nacional de Granos y la homologación de los precios propuestos por los tamberos. Sin embargo, el

lockout se extendió por once días, tal como estaba previsto inicialmente, y una vez concluido se empezó a organizar un paro más extenso, que comenzó el 24 de octubre.

El entonces ministro de Economía Antonio Cafiero primero intentó restarle importancia a esta última protesta al declarar que “si no hay carne, comeremos pollo”, pero cuando el bloqueo comenzó a provocar los primeros faltantes les solicitó a las Fuerzas Armadas el envío de hacienda, como se hizo el miércoles pasado. En ese momento se volvió a remarcar que el campo no estaba atravesando una situación crítica y se puso como ejemplo el aumento de la producción. La respuesta llegó entonces desde la Sociedad Rural que, igual que ahora, apoyaba la protesta desde un estratégico segundo plano. “Es probable que el área de siembra haya aumentado, pero ello no es debido al estímulo de buenos precios de cereales, sino a los desastrosos precios ganaderos que han obligado a los productores de tierras aptas a sembrar como única alternativa”, expresaron.

Con el paso de los días el bloqueo comercial fue creciendo en intensidad. Varios productores afines al gobierno denunciaron a hacendados huelguistas por la quema de sembrados, el corte de alambrados y la dispersión de hacienda lista para ser enviada a los mercados. Además se difundieron solicitadas intimidatorias como la publicada en el diario La Nación el 5 de noviembre: “La Asociación Rural de Carlos Tejedor informa a la opinión pública que han cargado hacienda para faena, intentando sabotear el movimiento de fuerza declarado por CRA y FAA, los siguientes ganaderos: Gatti Hnos.; Julia G. de Alvarez y José Catuzzi”.

Por esos días el gobierno amenazó con decretar en estado de emergencia económica la comercialización de ganado. La medida autorizaba a la Junta Nacional de Carnes a proponer procedimientos tendientes a mantener el normal abastecimiento de la población, incluso contemplando la posibilidad de expropiar ganado. La respuesta por parte de los huelguistas no se hizo esperar. “Van a ocurrir hechos de violencia que nosotros no podemos controlar”, aseguró en respuesta el titular de Federación Agraria, Humberto Volando. El cuarto lockout del año llegó a su fin el 10 de noviembre, pero el enfrentamiento siguió su curso. El 16 de febrero de 1976 la gran mayoría de los productores adhirió al paro empresario propuesto por Apege y el 27 de marzo tenían previsto iniciar otro lockout sectorial. Sin embargo, las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón antes de esa fecha. Los principales dirigentes del campo celebraron la llegada de la dictadura militar, a punto tal que Jorge Aguado, titular de Carbap, terminó siendo secretario de Agricultura de Roberto Viola y gobernador de la provincia de Buenos Aires con Leopoldo Galtieri.

Ahora la situación es diferente. Los militares están fuera de la escena política, pero varios referentes rurales están cuestionando al Gobierno con una virulencia propia de los ’70. El viernes, justo el día en que se reanudaban las negociaciones, Carbap publicó en La Nación una solicitada dirigida a la Presidenta con términos provocativos y rupturistas. “Hubiera sido mejor que nos decepcionara el contenido de sus propuestas, en vez de herirnos con sus expresiones. La incapacidad de preservar la altura y dignidad de su investidura hizo descender el discurso al desprecio y la falacia. Peor aún, alentó rencores y enfrentamientos entre argentinos, que se concretaron apenas unas horas después en manos de grupos irregulares y violentos al servicio del poder (...) Que Dios la perdone y nos dé a todos la templanza para conservar la calma y preservar la paz”, señala el texto de la entidad que preside Pedro Apaolaza y que apareció firmada por decenas de sociedades rurales de la pampa húmeda. Un verdadero déjà vu.