El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, citó ayer a los presidentes de las entidades del campo a declarar el próximo martes, tres días antes de la finalización de la “tregua”, por una presunta violación a la Ley de Abastecimiento. Es en respuesta a una denuncia presentada a principios de abril por el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, en la que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es el principal querellante. “No cabe duda de que hay un apriete político. Esto es embarrar la cancha”, aseguró el titular de la Sociedad Rural, Luciano Miguens. Ayer también se confirmó que el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, dio inicio formal a una investigación contra el dirigente de Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, para comprobar si cometió delito al admitir públicamente que durante el lockout rural los chacareros habrían estado “armados para resistir”.

Manusovich, un empresario cercano al kirchnerismo que representa a los comercios minoristas, realizó la denuncia el 1º de abril en el Juzgado Federal Nº 7, que en ese momento estaba siendo subrogado por Sergio Torres, y Moreno se presentó como querellante tres días después. El expediente fue derivado luego al juzgado de Aguinsky, quien decidió formular las citaciones.

Los dirigentes de las cuatro entidades del agro que protagonizaron el lockout se reunieron ayer por la tarde para analizar la situación en la sede de la Sociedad Rural y al finalizar el encuentro emitieron un comunicado donde acusaron indirectamente al Gobierno por la citación judicial y reivindicaron su “vocación de diálogo”: “La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reafirma la unidad del campo argentino y su vocación de diálogo, a pesar de los múltiples obstáculos y presiones que parte del Gobierno interpone en la negociación”.

La “parte” del Gobierno a la que hace referencia el texto es Guillermo Moreno, con quien los dirigentes rurales están enfrentados desde hace largo tiempo. Una fuente de las entidades aseguró a este diario que la citación es una provocación del secretario de Comercio y para reafirmar su hipótesis hizo referencia a una supuesta cercanía de Moreno con Aguinsky.

Este juez es el mismo que llevó adelante la causa contra la petrolera Shell por desabastecimiento, en la que Moreno también se presentó como querellante.

Pese a considerar la citación como “un apriete político”, los ruralistas dedicaron parte del comunicado a intentar demostrar que no desabastecieron el mercado. “Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, el mercado está plenamente abastecido. La estimación de faena del mes de abril sería de 1.250.000 cabezas, lo que equivale a un incremento del 11 por ciento respecto al mismo mes del año pasado”, destacaron. Sin embargo, la denuncia de Manusovich no hace referencia a lo que está ocurriendo por estos días con la carne, sino a la situación que se vivió durante los 21 días de lockout, cuando no sólo faltó carne sino otros alimentos de primera necesidad, debido a los bloqueos generalizados de rutas protagonizados por los productores.

La citación está prevista para el martes próximo, justo tres días antes de que las entidades decidan si retoman el lockout. Por ese motivo, los ruralistas la interpretaron como una presión oficial para que desistan de volver a las rutas. A eso se le sumó la investigación que se le está realizando a Alfredo De Angeli, quien en los últimos días declaró a un medio gráfico que los chacareros estaban dispuestos a resistir con “escopetas, carabinas, de todo”.

Como era de esperar, las novedades judiciales enfriaron el diálogo y ayer no se realizó ninguna reunión entre las partes para intentar alcanzar un acuerdo. Aunque lo nieguen públicamente, algunos dirigentes del campo creen que la negociación ya fracasó y afirman que la avanzada judicial es la evidencia de ello. Del lado oficial, también reconocen que el diálogo está trabado, pero responsabilizan a los dirigentes del campo por una supuesta inflexibilidad en sus posiciones.