“¿Usted dejaría que sus hijos se murieran de hambre mientras el vecino tiene lo que a usted le corresponde?”, preguntó ayer Federico Franco, el vicepresidente electo de Paraguay. El compañero de fórmula de Fernando Lugo se refirió así al precio que paga Argentina por la energía generada por la represa binacional Yacyretá. Entre colaboradores cercanos a la fórmula triunfadora se dejó trascender que el nuevo gobierno pretendería nada menos que “quintuplicar” ese valor.

El mismo reclamo fue extendido también a Brasil por la electricidad que recibe de Itaipú, dando la pauta de que el nuevo gobierno de Asunción está dispuesto a revisar todos los tratados, obteniendo el mayor provecho posible por la venta de ese recurso. Las autoridades electas ya habrían dado a conocer ese pedido a Cristina Fernández de Kirchner.

Los acuerdos entre Argentina y Paraguay para repartirse la energía de Yacyretá resultan casi tan complejos como las cuentas resultantes de la construcción de la represa, obra que se encuentra entre la más cara del mundo por los probados sobreprecios. Buenos Aires puso todos los fondos necesarios, mientras que Asunción cedió los terrenos. En virtud de eso la electricidad que produce la presa se reparte por mitades. De la suya, Asunción cede al país el 45 por ciento.

Con la entrega de energía a la Argentina se cobra una deuda que Paraguay acumuló por la edificación de la represa, cuyo valor final ningún funcionario de ninguno de los últimos gobiernos se animó a precisar. El 18 de septiembre del 2006, luego de un encuentro con el presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos, el ministro Julio De Vido anunció en Nueva York que la obligación del vecino país “de 11 mil millones de dólares” se pagaría con la entrega de 8000 gigawatios durante cuarenta años, sin precisar a qué precio se haría ese canje ni la existencia de una eventual quita. Tampoco se hizo pública la pauta para calcularla.

Según aseguró ayer uno de los voceros argentinos de la Entidad Binacional Yacyretá, esa obligación se consolidó finalmente en 4700 millones de dólares. Esa obligación se cobraría “con una parte” de la electricidad que Argentina obtiene de la represa.

El secretario del comité ejecutivo por Argentina, Marcelo Cáceres, explicó a este diario un dato crucial: según ese acuerdo con Paraguay, la “cesión de energía se hace a 8 dólares el megawatio hora”. Eso está muy por debajo de los 40 dólares a que se comercializa en el mercado eléctrico mayorista argentino, a pesar de que este precio está contenido por la política de subsidios oficiales. Y muchísimo más bajo que lo que tienen que pagar las empresas que deben procurarse electricidad fuera del sistema. “Es el precio de costo y no de mercado”, aclaró el funcionario.

Otras fuentes aseguran que la energía paraguaya se paga a 30 dólares, completando una danza de números que enrarece aún más el complejo escenario: no toda la electricidad quedaría cubierta por aquel acuerdo anunciado por el ministro de Planificación que no tuvo el aval de ninguno de los parlamentos. Según hacen saber los voceros locales, el país le pagó este año a Paraguay 120 millones de dólares como “anticipos compensatorios”, una parte por la energía cedida y otra por el “uso territorial”. Y el año pasado habría girado otros 95 millones por esos conceptos, siempre en el marco de un trato que desde el otro lado de la frontera ahora se ha empezado a objetar.