No será fácil la aprobación del proyecto de ley para la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Si el oficialismo pensó que con esa iniciativa podría encolumnar fácilmente a todo su bloque, tanto en Diputados como en el Senado, y recuperarse así del golpe que significó la derrota detrás de las retenciones móviles, se equivocó. El proyecto tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo ya recibió la objeción de varios legisladores K, que anticiparon que no acompañarán la iniciativa tal cual fue redactada. Fuentes de peso dentro del bloque K anticiparon a PáginaI12 que el proyecto “se abrirá (es decir, se corregirá) antes de que empiece el debate parlamentario”. Tal como lo anticipó este diario en su edición del domingo 27 de julio, uno de los puntos engorrosos del proyecto es el que autoriza a cualquier entidad pública a asistir financieramente a las empresas en cuestión, sin la autorización del jefe de Gabinete, artículo que esta semana llamó la atención del presidente de la Cámara, Eduardo Fellner. Por su parte, la oposición buscará rechazar la propuesta oficial, poniendo el ojo sobre el monto de la deuda de AA. Sin embargo, todavía no alcanzaron un “rechazo consensuado” entre los diferentes bloques.

“Vamos a realizar algunas modificaciones al proyecto original para no perder el debate antes de darlo.” Con esta frase, un legislador aliado del oficialismo anticipó a este diario cuál será la estrategia del Frente para la Victoria, para comenzar a encolumnar nuevamente a sus legisladores y aliados. Según indicó esta misma fuente a PáginaI12, “habrá modificaciones en la redacción de proyecto, sobre todo en temas que hacen al origen presupuestario del dinero que se utilizará para el salvataje de AA. Esta discusión tiene que ver con cuánta plata está involucrada y cómo hará el Estado para recuperar y reconstruir a la empresa”. Si bien los legisladores K consultados por este diario coinciden en que la mayoría está de acuerdo con recuperar la empresa, “nadie está dispuesto a firmar un cheque en blanco a ninguna secretaría”. De ahí las correcciones que se harán al proyecto redactado por el Ejecutivo.

Algunas de estas modificaciones fueron discutidas el jueves pasado en una reunión que mantuvieron el titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, y la vicepresidenta, Patricia Vaca Narvaja, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Transporte, Walter Agosto y Zulma Beatriz Daher, respectivamente. Ambas comisiones trabajarán en conjunto bajo el liderazgo de Agosto. El oficialismo sabe que para aprobar el proyecto de reestatización de AA deberá alcanzar los votos con mucho esfuerzo.

Por eso, no puede darse el lujo de seguir acrecentando la oposición dentro de su propio bloque. La semana pasada Fellner gestionó el regreso en el Tango 01 –junto a la Presidenta–, de la salteña Daher, una de las díscolas que votaron en contra de las retenciones móviles. Luego de la reunión del jueves pasado, la legisladora indicó a este diario que seguiría “actuando al frente de la Comisión de Transporte”.

“Mi voto no fue en contra del Gobierno. Fue pensando en una solución al conflicto agropecuario. El tema de Aerolíneas es diferente. Estamos hablando de un servicio público que afecta a todo el país, desde la carga de pasajeros hasta la salud. Pude hablar con otros legisladores (N.de la R.: de los que también votaron en contra de la Resolución 125, aunque no quiso dar nombres), y pensamos en este sentido. No existe un grupo opositor y menos de traidores. Por eso no creo que tengamos mayores problemas durante la votación”, señaló Daher a PáginaI12. Siempre y cuando se hagan modificaciones.

Según se lee en los fundamentos del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, de la deuda posconcursal de AA (890 millones de dólares), sólo resultan exigibles 240 millones. El diputado Ariel Basteiro (Encuentro Popular y Social), posible titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, indicó a este diario que parte de la deuda exigible podría pagarla Marsans e incluso el propio gobierno español. “Existe una cláusula que dice que todo juicio anterior a la llegada de Marsans debe ser costeado por la Sepi española (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Estamos hablando de aproximadamente 70 millones de dólares. Esto es parte de lo que deberemos discutir y profundizar en el debate parlamentario”, aseveró Basteiro, que también recalcó que los gremios aeronáuticos serán ahora los que presionarán para sacar este proyecto adelante. “Antes presionaba la Mesa de Enlace, ahora serán los trabajadores”, resumió el diputado socialista.

El rearme opositor

Si bien el oficialismo ya adelantó que hará modificaciones al proyecto original del Ejecutivo, la oposición está decidida a salir al choque. “Si el Estado hubiera decretado la quiebra, la oposición hubiese pedido la estatización. Están envalentonados y se opondrán a cualquier cosa”, señaló Basteiro, y aseguró que el proyecto de estatización logrará alcanzar, en Diputados, los 150 votos positivos. La oposición, sin embargo, no piensa lo mismo.

“Esto va a terminar en un escándalo internacional. Marsans produjo un vaciamiento de la empresa. En España hay un juicio que puede decretar que todo el paquete accionario que dice tener la compañía es falso. Tampoco están claros los balances locales de Aerolíneas, los que van desde 2002 al 2004, que fueron aprobados una vez que se fue (Roberto) Lavagna del Gobierno”, disparó a este diario el radical Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional de la UCR.

El radicalismo está proponiendo alternativas al proyecto del Ejecutivo. Una es decretar la quiebra, para que los pasivos se reduzcan en un 50 por ciento, algo que ya empieza a sonar inviable dentro de la misma oposición por la pérdida de credibilidad internacional para AA. Otra sería la intervención de la compañía. Incluso, el senador Morales planteó como variante jurídica –en tono irónico– la expropiación. “El proyecto tal cual está goza de poca salud, no sé qué dirán los propios legisladores del oficialismo que votaron a favor de las retenciones móviles sobre este proyecto”, especuló Morales, y anticipó que su partido está preparando una demanda penal por administración fraudulenta contra Marsans y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

“¿Por qué vamos a hacernos cargo de una deuda de 250 millones de dólares para este año si se puede crear otra empresa?”, señaló el macrista Esteban Bullrich, integrante de la Bicameral. “No creo que el Estado deba involucrarse en la prestación de un servicio público. Incluso, me parece que es necesaria una desregulación de las rutas aéreas”, agregó Bullrich, fiel a una posición neoliberal.

Por su parte, Leonardo Gorbacks (SI, Tierra del Fuego), señaló que “está de acuerdo con que el Estado vuelva a controlar su línea de bandera” pero que le preocupa la deuda de la compañía. “El proyecto plantea aprobar un acta-acuerdo donde se dice que se pasarán las acciones de la compañía al Estado. Pero no se fija cuánto será. Más allá de que una vez establecido ese número volverá a actuar el Congreso, es un proyecto complicado”, graficó Gorbacks.

La UCR, la Coalición Cívica, el PRO encontraron posiciones comunes detrás de la Resolución 125. Involuntariamente (o no), también terminaron encolumnados detrás de ese rechazo bloques afines al Gobierno, como el que conduce Eduardo Macaluse (SI) y Claudio Lozano. Hasta el momento, la oposición (UCR, CC y PRO) no encontró un proyecto común en contra del Ejecutivo. Esa tarea comenzará a partir del próximo martes, cuando empiecen a funcionar las comisiones, luego del receso parlamentario.

Por su parte, el oficialismo descuenta que los radicales de pura cepa, la CC y el PRO votarán en contra. Las modificaciones que harán a la iniciativa original apuntarán a convencer a sus propios legisladores (los fieles y los díscolos), los radicales K y algún otro aliado como el bloque del SI. De ahí el mensaje que empezarán a dar a partir de esta semana: el proyecto no se aprobará a libro cerrado.