La cancelación de la deuda con el Club de París indica el fracaso de la “política de desendeudamiento” iniciada en 2002. Las campañas informativas y los voceros del establishment impusieron el sofisma que dice que para crecer es preciso el crédito externo y, a fin de obtenerlo, deben cancelarse todas las deudas del pasado. Sin embargo, en 2002 el país inició un ciclo de crecimiento sostenido sin recurrir al financiamiento extranjero. Después de la catástrofe económica y social producida por la perversa lógica de la deuda, ¿cómo es posible que ahora se quiera recurrir al mismo circuito? ¿Otra vez el paradigma del crédito externo para las grandes corporaciones que luego traspasan sus deudas al pueblo argentino como lo hicieran, a través de Cavallo, en 1982? ¿No bastó la fuga de 26.000 millones de dólares en 2001, con la participación activa de los bancos y grandes empresas que hoy aplauden el pago al Club de París?

Entre 2003 y 2008 se han “honrado” pagos por más de 31.000 millones de dólares al FMI, BID, BM y ahora al Club de París. Cuando en el 2005 se realizó el Canje Global con la banca acreedora, Lavagna y Kirchner ataron la mitad de la deuda remanente a la inflación: una de las causas del culebrón del Indec. Faltaría ahora, para conformar al establishment, el arreglo con los bonistas que quedaron fuera del Canje, que reclaman 30.000 millones de dólares. El Gobierno ha venido pagando con ingresos genuinos, reservas o emisión de nueva deuda con tasas de interés usurarias del 15 por ciento como la reciente venta de bonos a Venezuela. En la mayoría de los casos, se cancelan sólo intereses y el monto de la deuda no ha disminuido respecto de 2001. Hoy se deben 150.000 millones de dólares, pero alcanzan los 200.000 millones si se cuentan los holdouts y otras obligaciones en firme como los intereses capitalizables. Entre 2008 y 2011, habrá vencimientos que exceden los 60.000 millones.

La Presidenta ha mencionado que el 45 por ciento de la deuda con el Club de París se contrajo antes del regreso de la democracia y que “debe ser una de las más genuinas”. Lo sorprendente es que gran parte de esta deuda fue contraída a pedido del represor Emilio Massera para el equipamiento de submarinos que nunca se fabricaron. Según documentos oficiales de 1987, uno de los créditos reclamados por Holanda no debía pagarse por ser producto de acciones irregulares y delictivas. Es el llamado Caso Cogasco: los fondos nunca ingresaron al país, pero fueron registrados como deuda de Gas del Estado. Además, funcionarios de la dictadura endeudaron a las empresas públicas para alimentar la fuga de capitales y la “plata dulce”. Son hechos que no hablan de deudas genuinas. A su vez, en 2000, ante la crisis de la convertibilidad, se contrajo una deuda con España que terminó en la fuga de capitales.

El país debe pagar sus obligaciones externas, siempre que sean legítimas y que corresponda. Pagar al Club de París sin esperar los resultados de la causa iniciada en la Justicia Federal sobre las deudas contraídas durante la dictadura militar convierte al estado de derecho en una ficción. Que esta deuda haya sido contraída en tiempos de un régimen militar da pie a la aplicación de la teoría jurídica norteamericana de la “Deuda Odiosa”, que desconoce las deudas contraídas por dictaduras sin el consentimiento del pueblo. En 1923, en un litigio entre Costa Rica y el Royal Bank of Canada, el árbitro internacional William Taft –ex presidente de EE.UU. y de la Corte Suprema– declaró “deuda odiosa” los compromisos que había contraído el dictador costarricense Tinoco. Ahora, es el gobierno Bush el que busca aplicarla en Irak, a fin de no pagar las obligaciones del gobierno de Saddam Hussein.

Otra doctrina jurídica, la del “delito de ejecución continuada”, indica que las reestructuraciones de deuda en Argentina no pueden borrar el ilícito de origen. La sentencia del juez Jorge Ballestero del año 2000, en la causa iniciada por Alejandro Olmos, concluye que la deuda externa “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política vulgar y agraviante, que tendía a beneficiar y sostener negocios privados en desmedro de sociedades y empresas del Estado”. El mismo Banco Mundial aceptó que la deuda contraída entre 1976 y 1982 fue utilizada para la evasión de capitales e importaciones no registradas.

Estamos asistiendo al despilfarro de millonarios recursos, fruto del esfuerzo de los argentinos. A modo de ejemplo, con la mitad de los 6700 millones de dólares que pagarán al Club, es posible reconstruir a nuevo el colapsado sistema nacional de transportes: los trenes interurbanos que unían las provincias y los ferrocarriles de carga con 300 locomotoras y 16.000 vagones nuevos. Con la otra mitad podríamos recomponer la flota marítima y fluvial dotándola con 40 barcos graneleros nuevos de 30.000 toneladas junto a varios petroleros, barcazas y navíos fluviales. Quedarían, además, cerca de 2200 millones para proveer de una flota de aviones a Aerolíneas Argentinas, Austral y Líneas Aéreas del Estado y poner en funcionamiento el sistema de transportes de aire, agua y tierra. El país exige un riguroso debate en torno del “sistema de la deuda” para no continuar con las políticas indicadas por la banca acreedora, que nos llevan a más dependencia y vaciamiento. Siguiendo el ejemplo de Ecuador –donde se investiga un proceso similar al nuestro–, Argentina debe investigar su endeudamiento externo a fin de establecer quiénes, cómo y para qué se contrajeron las deudas, discriminar lo legítimo de lo que no lo es y establecer, así, cuánto efectivamente debemos.

* Referente Proyecto Sur.