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En línea con lo adelantado ayer por Página/12, el vicejefe de Gabinete, Eduardo Amadeo, reconoció que el Fondo Monetario Internacional dejó de enfatizar el ajuste fiscal como eje de sus propuestas para la economía argentina. Las nuevas demandas apuntan ahora a los pocos instrumentos de política económica que aún conserva el Gobierno, especialmente en el plano cambiario, y a satisfacer las demandas de los integrantes europeos del organismo. Es decir, aumentar las tarifas de los servicios públicos.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, se reunió ayer con sus colaboradores durante cuatro horas para “dividir temas” para la devolución de la carta de intención prácticamente ya acordada con el FMI. Eduardo Amadeo destacó que Eduardo Duhalde también analiza el borrador de la carta traída el sábado pasado desde Washington por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. “Nadie debe esperar ajustes adicionales a los que ya hemos hecho en el pasado”, insistió Amadeo. En rigor, si se comparan las cifras presentadas en el Presupuesto 2003 con las de 2001 y se quitan los efectos de la inflación se obtiene que la reducción del gasto público alcanza al 33 por ciento, un ajuste muy superior al que en su momento demandaba el organismo financiero internacional. En otras palabras, el FMI ya no demanda el ajuste, porque el ajuste ya fue realizado por la inflación.
Lo que resta poner en orden, entonces, son las demandas de los bancos y las privatizadas. La “reestructuración” del sistema financiero incluye completar las definiciones acerca de cómo serán devueltos los depósitos y las distintas “compensaciones” pendientes, por ejemplo por los amparos ya pagados por orden judicial. Por supuesto, el tema principal sigue siendo retomar las negociaciones con los acreedores privados, tema que en la “división de tareas” realizada ayer recayó en Guillermo Nielsen. Por ahora, Argentina sólo está cumpliendo los compromisos de deuda con los organismos internacionales de crédito y con los préstamos garantizados.
Según reconoció Amadeo, la discusión es ahora por “cuánto tiempo” regirá la postergación de los vencimientos. “El objetivo de la carta de intención es que los argentinos no tengamos que pagar los vencimientos acumulados, muy importantes, que tenemos, sino que la Argentina pueda empezar a crecer fuertemente sin tener presiones enormes”, graficó. El objetivo del Gobierno es que el acuerdo permita reprogramar los vencimientos de deuda con los organismos internacionales por este año y el próximo, las que suman alrededor de 18.000 millones de dólares. Amadeo recordó que Duhalde ha planteado “que quiere dar espacio al próximo presidente para que pueda iniciar su próximo gobierno sin tener que empezar a negociar inmediatamente la suma de vencimientos”.
Si bien el FMI transmitió a Buenos Aires la inquietud de los gobiernos europeos por el problema de las tarifas para las empresas de servicios públicos privatizadas, Amadeo negó que los aumentos previstos para diciembre sean una exigencia del organismo y repitió el sonsonete gubernamental de la “tarifa social” para los sectores de menores recursos. En línea con las declaraciones de la semana pasada del ministro Lavagna, Amadeo volvió a considerar que “tiene que haber un aumento de las tarifas porque si no, habrá cortes, pero no tiene que ser alto si no traerá inflación y sufrirá el bolsillo de los sectores medios”, advirtió.
El dilema, no obstante, ya está resuelto. De acuerdo con una estimación realizada por la liberal Fundación Capital, un aumento de las tarifas del orden del 20 por ciento, muy por debajo de los ajustes de entre un 40 y un 55 por ciento reclamado por las empresas, tendría un efecto de alrededor del 4,3 por ciento en la inflación mensual minorista, que “achicaría la brecha con la mayorista”. A juicio de la consultora, este sería el único de los tres factores que afectan a la inflación que en la actual coyuntura registrará movimientos. Pues el tipo de cambio (segundo factor) se mantendrá relativamente estable y la recesión (tercer factor) “continuará poniendo un techo a la suba de precios por parte de comerciantes y empresarios”.