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“Este es un ejemplo más del cajoneo dinámico”, ilustró el experto. El voluminoso fruto de esa sinuosa práctica descansa sobre la mesa, delante del cronista. Es una carpeta con cientos de folios. Imposible decir sin contarlos cuántos son porque muchas de las carillas están refoliadas una y otra vez. Todo esto se refiere a una investigación efectuada por la Auditoría General de la Nación entre abril y octubre de 1999, pesquisando presuntas prácticas corruptas en un programa que manejaba la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Bajo la lupa, María Julia Alsogaray. Pero lo concreto es que, al final de tanto trámite, de incontables idas y venidas, de tomála vos, pasásela a aquél, las actuaciones terminan en nada. Para llegar a esto, hubiera seguramente convenido ahorrarse los grandes costos técnicos y burocráticos de tanta intervención y papeleo, si total ya se sabía cómo iba a terminar la película. En marzo de 1999, y como apresto para encarar esa investigación, en la AGN se había resuelto “incrementar la cantidad de horas del personal contratado por considerar que la carga de trabajo será mayor que la prevista”. Para la exhaustiva tarea fueron conchabados dos arquitectos, dos ingenieros industriales, dos abogados, dos economistas y dos estudiantes avanzados de abogacía.
Tras múltiples incidencias, el mamotreto reposa en tres ámbitos, en ninguno de los cuales se espera que pase ya nada con él. Uno es la propia AGN, donde ha sido archivado sin que se alcanzase a consensuar un dictamen. Otro está en manos del juez criminal y correccional Rodolfo Canicoba Corral, a quien se lo remitió Oscar Ermelindo Massei, sucesor de María Julia durante el gobierno aliancista (al pobre el segundo nombre se le va metamorfoseando a medida que avanza el trámite, pasando a ser primero Hermelindo, con “h”, y luego Ermenegildo, quizá porque la AGN se lo confundía con Sábat). Como la Justicia –adonde llegó este affaire por una denuncia penal de la Oficina Anticorrupción– pidió el envío de todos los comprobantes, nadie más puede investigar. Y el Colegio de Auditores Generales dispuso “mantener en reserva” la actuación “hasta tanto haya un pronunciamiento por parte de la Justicia”. El tercer juego de fotocopias autenticadas yace en un cuerpo parlamentario de extenso nombre: Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. Allá fue a parar por envío de Leandro Despouy, actual Auditor General de la Nación.
Fue precisamente a Despouy a quien se dirigió en julio el diputado José Vitar para que tuviese a bien informarle qué había sido de la auditoría efectuada por la AGN en 1999 al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, Prodia, “en cuyo ámbito, según trascendidos periodísticos de la época y que tuvieron notoria repercusión pública, se habrían detectado numerosas irregularidades y el pago de sobreprecios que promediaban un 344 por ciento”. El encomillado es cita de un párrafo de la carta de Vitar, y en él alude a notas en las que Página/12 reveló el escándalo. El Prodia fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tesoro Nacional. Databa de 1994.
En realidad, puede sospecharse que la pregunta del legislador era más bien retórica: él sabía que el caso, como tantos otros, había quedado en vía muerta. No obstante, estos sobreentendidos no interfieren con la buena educación reglamentaria, de modo que Despouy le respondió (preguntas, respuestas, cada cosa en la burocracia debe hacerse por escrito si se necesita o quiere que tenga existencia) que todo le había sido enviado al senador Oscar Lamberto, presidente de la referida Comisión Mixta, “precisándose en la nota de envío que la Actuación no ha concluido con un informe final...”. No parece que la llegada de esa encomienda hubiese tenido gran difusión en el cuerpo. Tres años atrás, los técnicos contratados (que se mencionan arriba), bajo las órdenes de dos funcionarios de la AGN, llegaron a conclusiones muy críticas en su auditoría. Por ejemplo:
u Se observaron notables diferencias entre el presupuesto original y los gastos efectuados, advirtiéndose asimismo un manejo discrecional de los recursos...
u La tramitación de doce contrataciones directas, todas por montos inferiores a $ 100.000, podría evidenciar que, mediante este sistema desdoblado de contratación, se eludió la aplicación del régimen licitatorio.
u Los pliegos de especificaciones técnicas en los expedientes de obra carecían de las cantidades de insumos a adquirir.
u Los precios de las ofertas adjudicadas para la obra de oficinas del programa son largamente superiores (se menciona hasta un 444 por ciento) a los valores corrientes en el mercado, representando un perjuicio fiscal. A propósito de esto, los profesionales que redactaron el borrador de informe ya en octubre de 1999 recomendaban “deslindar responsabilidades”, además de aconsejar conductas tan obvias como “utilizar los presupuestos como herramienta de gestión, evitando su flexibilización conforme a los gastos realizados”.
El dictamen nunca fue refrendado por los auditores generales, a cuyo frente quedaría pronto Rodolfo Barra. Tal vez involuntariamente, Massei le facilitó las cosas a la AGN –que, como se recordará, se rigió desde su creación como brazo parlamentario por la regla del consenso entre peronistas y radicales para cualquier decisión–. Lo que hizo el secretario de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, subordinado a Graciela Fernández Meijide, fue enriquecer el veredicto de los técnicos con algunas “consideraciones críticas adicionales”, que fueron trasladadas a la órbita judicial. La Auditoría quedó así en óptima posición para guardar el expediente en la congeladora, respetuosa, como corresponde, de la majestad de la Justicia. Pero, en definitiva, ¿qué tiene esta historia de particular? En esencia, sólo es una crónica más de un mecanismo aparatoso, caro e inoperante.