ECONOMíA › REPORTAJE EXCLUSIVO AL TITULAR DE LA ANSES

“Nosotros dos pesos no vamos a pagar”

Amado Boudou revela las claves del sistema jubilatorio a partir de la reforma previsional que aprobó el Congreso. La migración de fondos y afiliados de las AFJP al sistema de reparto se efectivizará en diciembre. Con el traspaso, todos los aportantes a la jubilación privada tendrán haberes más altos en el Estado.

 Por David Cufré

Los afiliados a las AFJP pasarán desde diciembre al régimen de reparto, sin necesidad de ningún trámite. En enero comenzará a operar el comité de control de los fondos previsionales que creó la ley que terminó con la jubilación privada. El Gobierno podría salir al rescate de aquellos beneficiarios de las AFJP que cobran retiros fraccionarios por montos mínimos. “Nosotros dos pesos no les vamos a pagar”, aseguró el titular de la Anses, Amado Boudou, en un reportaje exclusivo con PáginaI12. El funcionario dio detalles de cómo operará el régimen de jubilaciones de ahora en más. Sostuvo que en marzo habrá un aumento de haberes generalizado no menor al 11 por ciento, pero negó que por el momento se analice una suba antes de fin de año. Reveló que los fondos congelados por el juez Griesa en Estados Unidos son cerca de 300 millones de dólares. También indicó que no habría motivos para indemnizar a las AFJP por el fin del régimen de capitalización. Y presentó números para demostrar que todos los clientes de las AFJP pasarán a ganar una jubilación más alta cuando se retiren por el sistema estatal.

–¿Que tienen que hacer los afiliados a las AFJP?

–Nada. Lo que va a pasar ahora es que todas las cuentas de capitalización individual se van a convertir en aportes a nombre también del afiliado en el sistema de reparto. Es un valor mucho más grande que el que tenían en el régimen privado.

–¿Por qué?

–Por dos motivos objetivos. Por un lado, se tomará como si no les hubieran cobrado comisiones, cuando en realidad fueron muy importantes. Llegaron a retraer hasta el 50 por ciento de los aportes del trabajador para formar parte de la rentabilidad de las AFJP. La otra cuestión es que se computará como si hubieran aportado 11 por ciento para todos los períodos, cuando es sabido que en el gobierno de la Alianza el aporte bajó a 5 por ciento, con lo cual habían capitalizado menos. Pero además porque el valor de mercado de los fondos ha ido bajando los últimos años por la crisis financiera.

–¿A partir de cuándo se efectivizan los traspasos?

–En el mes de diciembre. Estamos trabajando en la reglamentación. Con la ley aprobada, no tiene sentido dar más vueltas. Lo mismo con los fondos, queremos que pasen a la Anses muy rápidamente. Las administradoras ya no tienen capacidad operativa, la ley dice que pierden el objeto social, entonces los fondos tienen que pasar muy rápidamente al nuevo administrador institucional, que es la Anses.

–¿Hay algún riesgo en la transición?

–No. Lo que hicimos desde que empezó el debate de la ley fue redoblar los controles. Estamos siguiendo muy de cerca las operaciones de las AFJP para que el traspaso sea lo más tranquilo posible.

–¿Qué va a pasar con los fondos congelados en Nueva York?

–Las administradoras ya hicieron su presentación diciendo que los fondos son de los afiliados y no de ellas. Y ése es el camino que seguirá la Anses, porque ahora hay un nuevo administrador, pero los fondos no son del Estado sino de los trabajadores y de los jubilados. Tan así es que cuando la Anses otorga algún préstamo al Tesoro lo hace a través de una letra, de un papel, que le da titularidad sobre ese activo. No es que el dinero pasa de un bolsillo del Estado a otro, sino que es un préstamo que le hace el sistema previsional al Estado nacional.

–¿Cuánta plata hay invertida en Estados Unidos?

–Son cerca de 300 millones de dólares. Los pedidos de embargos eran por más de 2000 millones de dólares, pero el juez Griesa consiguió embargar preventivamente cerca de 300 millones.

–¿El Gobierno puede denunciar a las AFJP por no haber cuidado ese dinero?

–En principio tenemos la tesis de que los fondos son de los particulares y la vamos a sostener. De todos modos, ya hay una causa en la Argentina a pedido de un fiscal para hacer un seguimiento a todas las cuestiones vinculadas al final del sistema. En el marco de esa causa se van aportando todos los datos, y será el juez quien determine cómo se comportaron las administradoras.

–La persona que más plata había logrado capitalizar en catorce años de las AFJP, ¿a qué jubilación podía aspirar por el régimen privado y cuánto le tocará ahora que pasa al sistema estatal?

–No hay nadie que salga perdiendo. Primero, porque los aportes siempre tuvieron un tope, que durante muchos años fue de 4800 pesos y ahora está en 7800 pesos. El cálculo siempre arroja una Prestación Adicional por Permanencia (que liquida el régimen de reparto) mayor a la jubilación ordinaria que paga capitalización. Con la PAP a 1,5 por ciento, la cuenta en reparto siempre da más que en capitalización.

–¿Incluso en el extremo de los que más capitalizaron?

–Sí. Supongamos una persona que haya capitalizado 200.000 pesos (N. de R. el promedio del sistema es de 9928 pesos per cápita), le correspondería una jubilación ordinaria por una AFJP de poco más de 1100 pesos, y la PAP está dando algo más de 2000 pesos. Todos van a ganar más, en los salarios más bajos y en los más altos.

–¿Espera una catarata de juicios de afiliados a las AFJP contra el Estado, como convocó el directivo de una administradora?

–Puede haber personas que se presenten a litigar, pero lo que creo es que no hay agravio, porque el valor que van a recibir es mayor que lo que tenían en sus cuentas de capitalización individual. Se verá claramente que, lejos de perjudicarse, todos los afiliados a las AFJP hoy están mejor.

–¿Cambia la ley de movilidad a partir del ingreso de nuevos beneficiarios?

–Entran beneficiarios de las AFJP pero también entran recursos, porque habrá más aportantes. Vamos a ver en la reglamentación qué sentido le damos. Lo bueno sería calcular la movilidad como si estos nuevos beneficiarios del sistema hubieran estado ya desde antes.

–Contabilizar el volumen de beneficiarios e ingresos como si los clientes de las AFJP hubieran estado todo el semestre en reparto.

–Exactamente, para que no baje el aporte per cápita, que eventualmente podría reducir el porcentaje de aumento de haberes.

–¿De cuánto será el aumento por la movilidad?

–Estamos convencidos de que el piso será del 18 por ciento para el año, y el aumento de marzo no bajará del 11 por ciento.

–¿Habrá un aumento antes de fin de año?

–No estamos pensando en un aumento en este momento.

–¿Cómo quedó la movilidad de los docentes?

–Estamos trabajando con las carteras laboral y de Educación y con los gremios del sector para armar el índice de movilidad docente. Como ellos aportan más que todos los trabajadores tienen un índice diferencial. Ahora, como los sueldos son distintos en distintas provincias estamos trabajando para armar un solo índice para todo el país que represente fielmente esta situación.

–¿Hay alguna posibilidad de que el Estado rescate a quienes están cobrando rentas vitalicias?

–Hay que ver cómo se desarrolla. En principio esas personas tienen un contrato con una compañía de seguros de retiro que esperamos siga funcionando normalmente. Pero sabemos que el garante final del sistema jubilatorio es el Estado. En este sentido, la política previsional de 2003 a la fecha ha sido muy clara. La Presidenta tiene muy claro que el garante definitivo es el Estado nacional.

–¿Y rescatar a quienes cobran retiros fraccionarios, que son aquellas personas que capitalizaron muy poco y hoy tienen ingresos muy reducidos?

–Hay varias situaciones que habrá que contemplar en la reglamentación de la ley, porque es cierto que hay gente que cobra dos pesos en una AFJP. Vale más el trámite o el recibo que se emite que la prestación que se otorga.

–¿Quién pagará los retiros fraccionarios a partir de esta ley?

–Los pasa a pagar el Estado.

–¿Hasta que se agota el fondo?

–Es que no habrá más fondo.

–¿Y qué pasa con esas personas?

–Nosotros, dos pesos no les vamos a pagar.

–¿Puede ser que les den una jubilación?

–Es lo que estamos discutiendo.

–Aquellos que tenían expectativas de cobrar un retiro fraccionario, porque habían capitalizado 10.000 o 12.000 pesos, ¿recibirán algún beneficio?

–Tendrán una jubilación por edad avanzada a partir de los 70 años. Es un sistema inclusivo.

–¿Qué ocurrirá con los aportes voluntarios?

–Hay un primer problema que es que son aportes que fueron contra el Impuesto a las Ganancias. Difirieron Impuesto a las Ganancias. El espíritu de esta reforma previsional es devolver esos aportes a las personas que los efectuaron, previo neteo de los impuestos diferidos.

–Una persona que hizo aportes voluntarios hasta acumular 20.000 pesos, de los cuales 3000 fueron diferimientos de Ganancias, ¿recibirá 17.000?

–Exactamente, porque no era una exención sino un diferimiento. La cuenta es un poco más compleja, porque una parte de los diferimientos con el tiempo se convertían en exención. Lo veremos en la reglamentación. La AFIP tiene mucho que decir en este tema.

–¿Cuándo se conformará el Comité de Seguimiento para controlar las inversiones que haga la Anses con el dinero de los jubilados?

–Tenemos mucha expectativa en este organismo. Esperamos que sea el que le dé garantía de largo plazo al sistema a través de un buen esquema de controles. Tiene que lograr que nunca más nadie manotee la plata de los jubilados. Si bien es cierto que este gobierno aumentó la cantidad de jubilados, subió los haberes y cuidó el superávit del sistema, no todos los gobiernos se han comportado así. Más bien lo han hecho de la forma contraria y han manoteado sistemáticamente la plata de los jubilados.

–¿Cuándo empezará a funcionar?

–En enero va a estar funcionando. Y esperamos que la Comisión Bicameral del Congreso también arranque para esa fecha. Además hay dos controles que antes no existían, que son la Sigén y la Auditoría General de la Nación.

–¿Hay alguna estimación del monto de las indemnizaciones que eventualmente el Estado debería pagar a las AFJP?

–Lo que dice la ley es que no puede ser mayor que el capital declarado. Pero yo creo que la mayoría de las inversiones está totalmente amortizada. Es prerrogativa de un gobierno elegir el sistema previsional que quiera. Entonces este cambio no implica que haya un lucro cesante. Sí eventualmente podría haber un daño emergente, de inversiones no amortizadas o alguna cuestión de ese tipo. Yo creo que no las hay.

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