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A medida que se aproxima la fecha de las audiencias públicas para debatir los ajustes tarifarios en el gas y el transporte eléctrico (no la distribución, que quedó marginada), se recalienta la polémica. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y entidades defensoras de consumidores realizaron otra presentación judicial para que nuevamente se suspendan dichas convocatorias. “Se trata de una ampliación de la medida cautelar ya presentada y a la que la jueza (Claudia) Rodríguez Vidal dio lugar frenando en septiembre pasado las audiencias”, señaló la defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira.
La audiencia para el gas está prevista para el 18 del corriente y las del transporte eléctrico, para el 21. La discusión sobre las tarifas para las distribuidoras eléctricas quedó postergada ante las diferencias entre las concesionarias y Economía. Las primeras rechazan que el incremento que solicitaron para paliar la emergencia –en torno del 40 por ciento– se trate en el ámbito del marco regulatorio y acusan a la Secretaría de Energía de orquestar una maniobra dilatoria por esa vía. Desde Economía responden que cualquier otra alternativa dejaría la convocatoria a expensas de una nueva impugnación judicial. Las entidades de usuarios y la Defensoría del Pueblo no piensan lo mismo, por eso insistieron en la vía de los tribunales para bloquear las audiencias que el Palacio de Hacienda imaginó como solución al cuestionamiento judicial.
“Dar un aumento pequeño para que las privatizadas no se quejen tanto y para dejar contenta a la gente es un acto populista”, dijo Oliveira, quien opinó que esta medida no contentará a nadie, ya que “las empresas eléctricas piden un 50 por ciento” de incremento. “Mientras no se termine con la renegociación de los contratos prevista, no se deben realizar estas audiencias. Los entes no pueden convocarlas, porque hay una Ley de Emergencia Económica que así lo establece y las normas que invocan son anteriores e inferiores”, señaló. “Queremos una discusión tal como establece la ley, que abarque a todo el contrato de concesión y no sólo el porcentaje del aumento”, indicó Oliveira.
Contra la solicitud de las empresas concesionarias, el Gobierno propondría un ajuste en torno del 10 por ciento en esta oportunidad y una compensación adicional del 6 al 8 por ciento en marzo o abril. De este modo, consideran en Economía, se recompondría la ecuación económica de las empresas concesionarias, cubriendo los costos operativos, de mantenimiento e incluso una utilidad mínima. No así la amortización ni los intereses de sus deudas, admiten, pero “suficiente para garantizar la continuidad del servicio”, de acuerdo con lo que interpretan en el Palacio de Hacienda.
Oliveira señaló que ante la Justicia se planteó “la inconstitucionalidad de las nuevas audiencias y el criterio de convocarlos dentro de los marcos regulatorios, ya que éstos quedaron sin efecto con la Ley de Emergencia”. El criterio de Energía es, por el contrario, volver paulatinamente al marco inicial de las privatizaciones.
El debate tarifario tuvo eco también en el coloquio de IDEA, en Mar del Plata, donde consultores de las áreas de energía y telecomunicaciones coincidieron con dirigentes empresarios en advertir la necesidad de adecuar las tarifas al nuevo contexto económico. Mario Guaragna, ex funcionario, ex directivo empresario y ahora consultor, afirmó que “es necesario otorgar un aumento de emergencia” en el sector energético, destacando que el 70 por ciento de los costos de generación depende del dólar. Indicó que “la dificultad de generar nuevas inversiones derivó en un estado crítico del sector, con empresas al borde del default (cesación de pagos) que afrontan riesgos de no poder actuar ante emergencias”.
El gerente financiero del Grupo Telefónica, Santiago Fernández, manifestó en tanto desde Barcelona la necesidad de que el gobierno argentino implemente un ajuste en las tarifas, al considerar que la situación del sector “es insostenible”. Fernández señaló que la empresa mantiene “constantes conversaciones con el gobierno argentino. El tema es que (el aumento de) los costos y la inflación superaron el 40 por ciento este año en la Argentina, y las tarifas están planchadas”, señaló el directivo.