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Como preparando el terreno para el ajuste tarifario prescripto por el acuerdo en trámite con el FMI, un alto vocero del Ministerio de Economía afirmó ayer que en el contexto económico instalado este año por la crisis “las empresas de servicios públicos no han sido las ganadoras”, por lo cual es necesario “un ajuste del 10 por ciento” en las tarifas. Federico Poli, asesor en jefe de Economía, avanzó así sobre las declaraciones que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, formuló antenoche en Mar del Plata, cuando ante gran cantidad de empresarios congregados en el Coloquio Anual de IDEA aseguró que si algún juez vuelve a suspender las audiencias públicas convocadas para tratar el aumento de tarifas, ese incremento se dispondrá por decreto.
Tras esta aseveración, las principales asociaciones que representan a usuarios y consumidores advirtieron ayer que si se avanzase en la dirección del decreto se estaría pasando por encima de la Ley de Emergencia Pública, que estableció la imposibilidad de aplicar subas de tarifas mientras no haya dictamen de la comisión formada para analizar íntegramente los contratos de concesión de los servicios. Sin embargo, Poli, ex economista de la Unión Industrial Argentina, indicó que “hay situaciones de emergencia que no se pueden mantener indefinidamente”, y recordó que está por cumplirse “un año sin aumento de tarifas”. Según opinó, “independientemente de que lo pida o no el Fondo (Monetario Internacional), hay situaciones que se deben normalizar”, remarcando que “los ajustes se tienen que dar considerando los intereses de todos”.
Poli explicó que “a las privatizadas se les multiplicó por 3,6 la deuda, en su mayoría tomada afuera”. Además, sostuvo que “está claro” que hoy las tarifas sirven “solo para cubrir los costos operativos”, pero “obviamente no alcanzan para generar rentabilidad ni pagar el endeudamiento” de las empresas. Precisamente sobre este punto, Lavagna afirmó antenoche que no está dispuesto a cubrir “los excesos” de algunas empresas, que se endeudaron para obtener las adjudicaciones. Si bien el ministro no precisó la envergadura del aumento que analiza Economía, Poli precisó ayer que se discute “un aumento del 10 por ciento, con una tarifa social muy amplia”, que evite un impacto sobre los sectores de menores ingresos”.