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“La Corte Suprema debería disponer la redolarización de los depósitos.” No es una proclama de Nito Artaza, defensor de ahorristas desairados, sino la opinión de Luis Mario Castro, presidente de Unilever y uno de los directivos con más predicamento en la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina, poderosa entidad creada con el afán de señalarle el norte al Gobierno. Aquel juicio marca sólo alguna de las diferencias de criterio que los empresarios más fuertes del país mantienen con la gestión duhaldista, a la que le reprochan el continuo “avasallamiento de otros poderes”. Desde la tribuna patronal se ven con muy malos ojos los embates políticos contra el Tribunal Supremo, tanto como la presunta falta de independencia del Banco Central.
“Si el per saltum lesiona el derecho de propiedad de las personas, la Corte no puede fallar a favor”, razona Castro, sin tener por ello el ánimo de promover una decisión política adversa a los bancos. En su heterogeneidad, la AEA, que preside Luis Pagani (Arcor), también integra a banqueros, con quienes los industriales y las empresas de servicio sellaron un pacto de buena convivencia, al menos en el seno de ese gremio. El argumento del hombre de Unilever sólo expresa uno de los principios que dice abrazar aquella entidad, después de la libertad de empresa y mercado: la independencia de las instituciones.
La preocupación de los empresarios surgió nítidamente en el coloquio anual de IDEA, que en su cena clausura del viernes tuvo a Roberto Lavagna como principal invitado. A los hombres de empresa les aflige más la incertidumbre política y la arbitrariedad de las decisiones oficiales que la debilidad fiscal y el default. “No es posible pensar, siquiera, en una auténtica reactivación si no se conoce el cronograma electoral”, opinaba ante este diario el presidente de aquel cónclave y ex ejecutivo de Telecom, Juan Carlos Masjoán.
Castro postula la marcha atrás en la pesificación de los depósitos con un argumento legalista y partiendo del supuesto de que los jueces de la Corte deben actuar “en armonía con el Poder Ejecutivo”. Es más. A decir de aquel alto directivo –y uno de los cerebros políticos de la Asociación– no es condenable que a principios de 1990 el máximo tribunal del país haya convalidado la fórmula menemista para privatizar Aerolíneas Argentinas, por discutible que ésta fuera. Pero los jueces nunca podrían disponer nada que atente contra un derecho constitucional como, en el caso de los ahorros bancarios, es el de propiedad.
En honor a su estilo recatado y a la política de no juzgar acciones concretas sino sólo “señalar grandes rumbos de acción”, AEA difícilmente emita algún documento donde pida expresamente la redolarización de los depósitos. Pero es clara su postura contra la pesificación, que Pagani expresó públicamente durante su discurso en el coloquio. “Agravó la caída profunda del Producto Bruto Interno, lo que trajo como consecuencia una desocupación sin precedentes y una caída del salario real de más del 30 por ciento”, se quejó el hombre de Arcor frente a más de cuatrocientos empresarios.
Hay otros pecados que los dirigentes patronales le enrostran al Gobierno. Uno de ellos es el haber intentado avasallar a la Corte Suprema con el finalmente abortado juicio, decisión condenable al margen de la calificación que merezca cada uno de sus magistrados, según aclaran. “Fue un proceso irresponsable. Un problema de forma, de fondo y de revancha política”, juzga Castro.
Algo similar habría ocurrido con el Banco Central, al que la Asociación considera como una entidad dependiente del poder político y subordinada al ánimo del ministro de Economía de turno. Esta no sería, en rigor, una falta exclusiva de la administración duhaldista sino un problemairresuelto que también tuvieron gestiones anteriores. “No es posible que el Central privilegie a un banco con redescuentos en condiciones especiales por criterios políticos. Ni que sea Hacienda la que defina la política monetaria”, se quejaba ante este diario un notorio empresario también ligado a la Asociación.
Sin embargo, no será Duhalde el destinatario de esos juicios. Simplemente, porque la precariedad de su situación no lo hace un interlocutor válido para discutir cuestiones de fondo. Además de que lo consideran impotente para controlar la situación o poco confiable para sellar con él pactos de caballero. La única misión que el empresariado le confiere al Presidente es garantizar el fin rápido y ordenado de su transición y, en la medida de lo posible, cerrar el dificultoso acuerdo con el Fondo para que el horizonte político y económico sea más previsible. Todo lo demás está reservado a su sucesor.
La angustia de no saber quién habitará la Rosada desde mayo subordina el resto de preocupaciones. Tanto así es que, si estuviera despejada esta incógnita, muchos empresarios admiten que el veranito quizá podría devenir en reactivación. “Hay gran capacidad ociosa instalada, tipo de cambio estable y 30 mil millones de dólares bajo el colchón. Con esto alcanza. Sólo hace falta una chispa de confianza”, se entusiasma Orlando Salvestrini, directivo del grupo Macri.