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Ni las manifestaciones masivas de Seattle ni las de Génova lograron movilizar las estructuras de los organismos financieros internacionales. Sí consiguieron que los guardias de seguridad estuvieran más atentos en cada una de sus inútiles reuniones anuales. Aunque se parece mucho a una broma, el sueño de las organizaciones y militantes antiglobalización estuvo a punto de ser cumplido por... el gobierno de Eduardo Duhalde. En forma involuntaria, Roberto Lavagna pudo haber dado la sacudida más intensa a la estabilidad del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo desde el nacimiento de esas instituciones. Se apela al tiempo pasado pese a que todavía no está formalizado el cierre del acuerdo porque éste ya está encaminado. Esa inédita oportunidad de asestar un golpe certero al BM y BID, que varios analistas especulan que no iba a incomodar al sector más ortodoxo del Fondo Monetario, ha quedado para otra ocasión. Más allá de la excelente actuación de Lavagna, que confunde a más de uno, el ministro ha flexibilizado su posición en la negociación con el FMI mucho más de lo que aparenta. Con esa notable simulación se perdió la chance de un mejor acuerdo puesto que, en este caso, el problema era del acreedor y no de Argentina. Las deudas con el Banco Mundial con riesgo de default representan el 30 por ciento del patrimonio neto de ese organismo. Y las del BID equivalen al 65 por ciento de su patrimonio. ¿Quién debería estar más apurado para firmar?
Ante un eventual incumplimiento de Argentina, que sería arrastrado por el grupo más intransigente del FMI más que por voluntad del gobierno de Duhalde, el BM y BID padecería el castigo de las agencias de riesgo. Sufrirían una baja en la calificación de su cartera crediticia, tendrían que pagar un tasa mayor para hacerse de recursos en el mercado, contabilizar quebrantos y, además, requerir de aportes de capital de los países desarrollados. El saldo del default argentino sería un debilitamiento de esas organizaciones multilaterales, deseo de no pocos globalifóbicos.
Pero la historia será otra. Lavagna ha desorientado a varios en la forma que ha encarado la negociación con el FMI. Desconcierto que se puede entender ante la comparación con sus antecesores, que se habían convertido en meros ejecutores a libro cerrado de las políticas del Fondo. Lavagna sólo discute aspectos que se refieren a los bordes de las medidas en discusión, y no las medidas en sí, que ya se saben el resultado para hundir a la economía. Tarifas, sistema financiero, cuentas fiscales, entre otros temas, no rompen con la lógica del ajuste y la distribución de renta a los sectores más poderosos.
A medida que se acercan los momentos de definiciones, la posición de Lavagna queda en evidencia a aquellos que quieran verla. Por caso, en la determinación de un ajuste de tarifas de los servicios públicos ha estado negociando el porcentaje de suba, cuando en realidad la discusión debería haber sido otra: si las privatizadas, en realidad, tienen que aumentar o reducir sus tarifas teniendo en cuenta la revisión de sus contratos y su comportamiento durante los ‘90. Para evitar interpretaciones erróneas, Lavagna dejó la máscara de lado en el Coloquio de IDEA: si no se realizan las audiencias públicas, ya sea por algún fallo judicial o por demoras administrativas, aseguró que el ajuste de las tarifas será implementado por un decreto de necesidad y urgencia.
Con el FMI, en fin, no se está peleando por cambios en la política económicas, sino por negocios, o sea por rentas. Traducido: tarifas, utilidades de las privatizadas; más superávit fiscal, mejorar el perfil de cobro de los acreedores; amparos y banca pública, reserva de mercado para la banca extranjera; y flexibilización del control de cambio, dólar superalto para exportadores.
A esta altura, todavía quedan dudas para quién juega Lavagna. Si las hay, sólo bastará con esperar el memorándum de entendimiento que se conocerá con el acuerdo que se rubricará con el Fondo Monetario.