El régimen de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura seguirá vigente, según anunció ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El cupo fiscal se mantendrá en 1200 millones de pesos al año, de los cuales 200 millones, como mínimo, deberán ser asignados a pequeñas y medianas empresas. Pese a que el régimen se presenta como un incentivo principalmente a proyectos con fuerte incidencia en la creación de empleo, algunos especialistas, como Daniel Azpiazu (Flacso), han cuestionado que la distribución de los beneficios, desde 2004 a la fecha, les haya permitido sacar ventaja a las grandes firmas, promoviendo una mayor concentración industrial. Débora Giorgi, ministra de la Producción, defendió el instrumento como una demostración de “la continuidad de una política exitosa, una herramienta que impulsa la inversión y busca apuntalar el proceso de inversión productiva”.

La Presidenta de la Nación subrayó que la inversión había alcanzado una proporción del 23 por ciento respecto del producto bruto el año pasado, una cifra record. Pero remarcó, en especial, “el 10,1 por ciento de inversión en maquinaria y equipos de capital, la marca más importante desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial”. “Cuando algunos están hablando de que la caída de importaciones tiene que ver con la caída de compras de maquinarias, en realidad se está hablando de algo que no se conoce”, señaló.

En cuanto a los incentivos fiscales para proyectos de inversión productiva, vigentes desde 2004 en el marco de la ley 25.924 –propuesta por el entonces ministro Roberto Lavagna– y ahora continuada y ampliada por la ley 26.360, Giorgi destacó su aporte al proceso de reindustrialización del último lustro. La ministra anunció ayer el otorgamiento de beneficios fiscales adicionales por alrededor de 85 millones de pesos a 30 empresas que presentaron proyectos de inversión por casi diez veces esa asignación: más de 820 millones de pesos. De ese núcleo de empresas, 18 son grandes firmas y 12 son pymes. Con estos proyectos, se habrían generado 1670 nuevos puestos de trabajo, indicó.

La nueva reglamentación continúa un régimen de promoción de inversiones vigente desde hace cinco años y que generó, por vía de incentivos fiscales, proyectos por 8753 millones de pesos en inversión que produjeron 7440 empleos directos, según un informe del Ministerio de Producción.

Sin embargo, desde un flanco de analistas que tradicionalmente han tenido un punto de vista de apoyo crítico al modelo económico actual, se cuestionó que este sistema, desde su origen –es decir, como lo concibió Lavagna–, favoreció más a las grandes empresas que a las pymes, promoviendo así una mayor concentración. Azpiazu, en un reciente trabajo publicado en la revista Realidad Económica –comentado en Cash del 7 de junio por Diego Rubinzal–, señalaba que durante la vigencia del régimen “apenas 15 proyectos explican más de las tres cuartas partes de la inversión y más del 80 por ciento de los beneficios fiscales concedidos”. Allí se enumera, como las principales empresas beneficiadas, a Aluar, Terminal 6 Industrial, Molinos Río de la Plata, Cargill, Louis Dreyfus, Peugeot, Chrysler, Siderar, Acindar, YPF y Aceitera General Deheza. “El aprovechamiento de las ventajas fiscales por parte de los principales conglomerados económicos parece avalar la idea de que esos regímenes de promoción terminan reforzando el proceso de concentración”, cuestionaba el mencionado artículo.

En contraposición, la Presidenta destacaba ayer que entre las beneficiarias “hay en el rubro textil empresas pequeñas como Broderie Argentino hasta Textil Santana, que es una inversión brasileña, o en agroalimentos desde Tecinc, que es una fábrica de helados, hasta Molinos Río de la Plata”. “La idea es seguir apoyando y promoviendo todas las actividades que tengan que ver, precisamente, con lo que ha sido este modelo de crecimiento diversificado y logrando que cada vez agreguemos más valor a nuestras materias primas”, concluyó Cristina Fernández.