Existe un hilo conductor entre el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955 y el golpe de Estado de 1976: hubo una continuidad política y nombres de personas que enlazan uno y otro momento. Esa es la conclusión más importante a la que arribó el Equipo Especial de Investigación del Archivo Nacional de la Memoria que durante los dos últimos años investigó por primera vez en 54 años la masacre del 16 de junio de 1955. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entregó ayer a la prensa el informe detallado con nombres, armas, datos de las más de cien bombas que se tiraron, localizaciones y un listado depurado de 308 víctimas identificadas de forma preliminar.

El documento de apenas ocho páginas es una revisión del caso y suma resultados de un meticuloso rastrillaje en archivos, diarios, registros de hospitales, morgues, cementerios, datos de la CGT y numerosos testimonios de familiares, enfermeros, historiadores y funcionarios de la época. A partir de esos datos, ahora se sabe, por ejemplo, cuáles son las zonas de la Plaza más bombardeadas o los misiles que se usaron. Pero como muchos de los responsables civiles y militares sobrevivieron con hidalguía a varios gobiernos y siguen en libertad, también se puede entender por qué durante tantos años la Plaza fue un lugar de muertos incómodos y anónimos.

El número de muertos identificados asciende hasta ahora a 308, de los cuales 183 tienen partida de defunción y 125 están sin partidas pero con otros documentos que vinculan la muerte al bombardeo. La cifra también reorganiza el dato original de 386 muertos, en una lista con errores y nombres repetidos.

Según el informe, en el bombardeo intervinieron miembros de la Marina y en menor medida de la Fuerza Aérea. El Ejército se mantuvo leal al gobierno por lo menos durante los siguientes tres meses. En “connivencia con sectores políticos y eclesiásticos”, las Fuerzas Armadas “descargaron sus bombas y ametralladoras” contra la población civil “como forma de implantar el terror y el escarmiento, para lograr la toma del poder”.

Se hallaron fotografías de aviones que llevaban pintados a mano sobre el fuselaje la sigla MR (Movimiento Revolucionario) y el signo “Cristo vence” con la cruz sobre la “V”. Tiraron “más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos”. La mayoría cayó en Plaza de Mayo y Colón, y la franja de terreno cerrado entre Leandro N. Alem y Madero, desde el Ministerio de Guerra (Edificio Libertador) y la Casa Rosada, hasta la Secretaría de Comunicaciones (Correo Central) y el Ministerio de Marina.

El objetivo era “bombardear la zona céntrica de la Plaza de Mayo, para matar al presidente Juan Domingo Perón, al precio de destruir la Casa de Gobierno con todos sus ocupantes”. Pero ese objetivo se desdibuja cuando el informe compara la cantidad y zona de los muertos: sólo 12 de las más de 300 víctimas mortales (4 por ciento) estaban adentro de la Casa de Gobierno. “Ahí impactaron 29 bombas, de las que estallaron 6. El resto de las bombas, proyectiles y fusiles semiautomáticos FN de fabricación belga que los infantes de Marina estrenaron ese día estuvieron dirigidos a la población.”

En el despliegue hubo tres centenares de civiles armados en Comandos Civiles. Serían apoyo en el asalto a la Casa Rosada y actuaron en acciones colaterales como la ocupación de la Radio Mitre, en donde lanzaron una proclama que dio por muerto “al tirano” Perón.

Una de las revelaciones más impactantes es indicio de por qué nunca se investigó la masacre. Duhalde dice que el propósito era “instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Angel Zavala Ortiz, dirigente de la UCR, Américo Ghioldi del Partido Socialista y Adolfo Vicchi del Partido Conservador”. Zavala Ortiz tripuló uno de los aviones, huyó en la aeronave a Uruguay como muchos otros, volvió después del golpe del 16 de septiembre y luego como canciller de Arturo Illia acordó con el gobierno brasileño frenar el primer retorno de Perón del 2 de diciembre de 1964. Años más tarde, durante el gobierno del radical Enrique Olivera en la ciudad de Buenos Aires colocaron su nombre a la placita de Leandro N. Alem y Rojas. En tanto, Ghioldi saludó un año después los fusilamientos de José León Suárez y fue embajador en Portugal de la dictadura de Videla.

Duhalde señala que el comienzo estuvo en el 17 de octubre de 1945, y de la alianza que integró la oposición a Perón: una “coalición política y oligárquica” auspiciada por el embajador de Estados Unidos Spruille Braden y el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina Antonio Santamarina.

Pero hay otras piezas importantes: los nombres que atan 1955 con 1976. Los tres ayudantes del contraalmirante Aníbal Olivieri, ministro de Marina y jefe de la conspiración eran los capitanes de fragata Emilio Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Massera integró la Junta Militar después de 1976, Mayorga estuvo involucrado en la masacre de Trelew y Montes fue canciller de la dictadura. Los pilotos fugados a Uruguay fueron recibidos por Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia argentina desde su participación en el intento de golpe de 1951 y luego poderoso comandante del Primer Cuerpo del Ejército de la dictadura. Entre los pilotos y tripulantes de aviones estaba Máximo Rivero Kelly, acusado de delitos de lesa humanidad como jefe de la Base Almirante Zar de Trelew y de la Fuerza de Tareas 7 de la zona norte de Chubut. Horacio Estrada, jefe del grupo de tareas de la ESMA; Eduardo Invierno jefe del servicio de Inteligencia Naval en la dictadura; Carlos Fraguio, jefe de la dirección general naval en 1976 con responsabilidad en los centros de detención como la EMSA y la escuela de suboficiales de la Marina. También Carlos Carpineto, secretario de prensa de la Armada en 1976; Carlos Corti su sucesor y Alex Richmond, agregado naval en Asunción. De la Fuerza Aérea, Jorge Mones Ruiz fue delegado de la dictadura en la SIDE de La Rioja y Osvaldo Andrés Cacciatore luego fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires.