Los ocho activistas de Greenpeace que treparon al Obelisco para denunciar que la ciudad no cumple con la ley de Basura Cero fueron condenados, pero no por un delito –como pretendía el gobierno porteño– sino por una contravención. Los ocho activistas llegaron a juicio acusados de “violación de domicilio” y “daño agravado”, delitos por lo que podían recibir penas de hasta cuatro años de prisión, y se fueron con una sentencia por “ingresar en un lugar público contra la voluntad de quien tiene el derecho de admisión”. La pena será realizar trabajos comunitarios durante cinco días, que consistirán en participar de “una campaña de concientización sobre la importancia de la separación en origen de los residuos domiciliarios”, según el fallo de la jueza María Laura Martínez Vega. La campaña se desarrollará en charlas con los vecinos en determinados CGP y en un video a cargo de Greenpeace.

El cambio de calificación fue posible mediante una acuerdo entre la fiscal y los acusados, instancia contemplada por el Código Procesal porteño. Así, mientras la fiscal aceptó modificar el criterio por el cual había acusado a los activistas de dos delitos contemplados en el Código Penal y consideró que, en realidad, existió una infracción al Código Contravencional, los acusados admitieron que habían cometido una contravención, que es una falta contra la convivencia que no llega a ser delito.

Este acuerdo permitió aplicar el mecanismo del juicio abreviado: ya no era necesaria la confrontación entre fiscal y defensores porque la falta había sido aceptada. Por esa razón, los testigos convocados se retiraron sin prestar declaración y la sentencia –que en principio se iba a conocer el jueves– fue leída ayer mismo.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre último. Ese día, cuando apenas estaba despuntaba el sol, un grupo de activistas de Greenpeace desplegó desde la cúspide del Obelisco un cartel con la leyenda “Buenos Aires, primera en contaminación”. Ocurrió un día antes de la audiencia pública donde se iba a discutir el pliego de licitación por diez años para el servicio de recolección de residuos. “Con ese pliego, el gobierno no cumplía con la Ley de Basura Cero, ya que no contemplaba ni la separación domiciliaria, por parte de los vecinos, ni la recolección diferenciada, por parte de las empresas”, dijo a Página/12 el director ejecutivo de Greenpeace Argentina, Martín Prieto. La licitación, finalmente, fue desestimada.

La Ley de Basura Cero, sancionada en 2005, obliga al Estado porteño a reducir la cantidad de residuos que entierra en los rellenos del conurbano en un 30 por ciento para 2010 y en un 100 por ciento para 2020, tomando como base las 1,5 tonelada enterrada en 2004. Ese objetivo sólo se puede lograr con la separación domiciliaria de residuos reciclables. A contramano de esa disposición, la ciudad incrementó el año pasado la cantidad de residuos destinados a esos rellenos en un 12 por ciento.

Previamente, la fiscal Claudia Barcia había propuesto a los activistas que reconocieran su culpabilidad en los delitos, pero ellos se negaron. “Era una causa inventada ya que el Obelisco no es domicilio de nadie, y el supuesto daño es la rotura de un candado que ni siquiera estaba –argumentó Prieto–. El objetivo del gobierno era amedrentar, crear miedo entre los activistas criminalizando la protesta.”

Pero ayer sí hubo acuerdo. Los ocho militantes de Greenpeace aceptaron que habían cometido la contravención de “ingresar a un lugar público contra la voluntad de quien tiene el derecho de admisión”, que tiene una pena de 200 a 1000 pesos de multa o “uno a cinco días de trabajo de utilidad pública”.

El acuerdo incluyó primero la pena de multa. Pero ante una propuesta de Greenpeace se acordó que cada uno de los activistas realice durante cinco días, a razón de una hora por día, charlas informativas con los vecinos sobre “la importancia de la separación domiciliaria de residuos”. Esas tareas las harán en los Centros de Gestión y Participación de Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales, Saavedra, Recoleta y Barrio Norte, que son los barrios donde funciona el sistema de contenedores para materiales reciclables.

Al dictar la sentencia, la jueza agradeció a la fiscal y a los defensores. “A la sociedad no le hubiera servido de nada un juicio penal. Como madre y como vecina, creo que éste es un resultado mucho más productivo”, dijo.

La audiencia se realizó ayer a la mañana en una pequeña sala de los tribunales de Beruti y Coronel Díaz, donde apenas cabían los acusados y un puñado de invitados. En solidaridad con los activistas acudieron los diputados Aníbal Ibarra y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y el candidato por el partido Iniciativa Verde, Juan Manuel Velasco.

Los escaladores del Obelisco son cinco varones y tres mujeres: Sergio Domingo, Franco Segesso Guglielmino, Aníbal Magno, Natacha Cachi, Justo González, Emiliano Castillo, María Macarena Laseski y Fabiana Bellina. Tienen entre 21 y 43 años y todos cuentan con experiencia en montañismo.

“Nos hacemos cargo de haber ingresado sin autorización a un monumento –concluyó Prieto–. La política de Greenpeace es asumir las consecuencias de sus actos, pero de ninguna manera podíamos convalidar una acusación forzada por delitos inexistentes.”

Después de escuchar el fallo, Sergio Domingo, uno de los activistas, reconoce: “Sabía el riesgo que asumía, pero para mí, lo más importante era hacerme escuchar”. Pese al mal trace, Sergio sigue defendiendo la acción que realizaron: “Tenemos derecho a expresarnos pacíficamente, sin molestar a nadie”.