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El Gobierno y los bancos se pusieron de acuerdo: no habría ejecuciones hipotecarias hasta el 1º de febrero. En los 75 días que restan hasta esa fecha, entidades financieras y morosos podrán abrir una etapa de negociaciones en el marco de los tribunales de mediación. En el Congreso, paralelamente, existen contactos entre el oficialismo y la oposición para frenar también las ejecuciones en los contratos entre privados, a través de una ley. Mientras tanto, el Gobierno invitó a escribanías y a prestamistas a adherirse a la iniciativa ya rubricada por los bancos. Roberto Lavagna mencionó la posibilidad de que los sabuesos de la AFIP se pongan a rastrear el origen de los fondos prestados. Para el Gobierno, ésta es una manera efectiva de llegar al objetivo: ya ocurrió con los amparos del corralito, que comenzaron a disminuir cuando la AFIP empezó a investigar el origen de los ahorros.
La postergación de las ejecuciones judiciales por deudas bancarias fue anunciado por la primera plana del Gobierno y los máximos representantes del sector bancario. De la conferencia de prensa realizada a primera hora de la tarde en el microcine del Palacio de Hacienda participaron el ministro Roberto Lavagna y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y los titulares de ambas cámaras de bancos: Carlos Heller (Abappra) y Mario Vicens (ABA). “Lo que la semana pasada era una suspensión por 30 días, ahora es una prórroga por 75 días con acuerdo voluntario de los acreedores”, destacó el jefe de Gabinete. De esta manera, el funcionario mostró la mejor cara de una situación que se había complicado.
El acuerdo entre el Gobierno y los banqueros llegó pocas horas antes de que venciera la última prórroga de la suspensión para efectuar ejecuciones bancarias. El Congreso iba a votar una ley postergando ese beneficio por otros seis meses. Pero la negativa del Fondo Monetario a aceptarla obligó al Ejecutivo a entablar una negociación a dos puntas: con el Congreso, para que desistiera de esa medida, y con los banqueros, para buscar una flexibilización de su posición frente a los morosos.
El acuerdo rubricado ayer se logró porque el Gobierno y los banqueros tenían un objetivo en común: que no fueran los legisladores quienes terminaran definiendo la situación. Por eso se convino postergar voluntariamente por 75 días las ejecuciones hipotecarias. Entre los pocos diputados y senadores que asistieron ayer al Congreso se convinieron dos cuestiones: dar visto bueno al acuerdo entre banqueros y funcionarios y extender el mismo beneficio a quienes tomaron deudas con otros privados como, por ejemplo, las escribanías. “Horacio Pernasetti, titular del bloque radical, desplegó el siguiente argumento, en diálogo con Página/12: “El acuerdo de hoy (por ayer) no termina con el tema porque el problema más grande es la deuda entre particulares. Sabemos que los bancos son reacios a rematar bienes inmuebles. Pero un acreedor no bancario no tiene piedad y recurre a la ejecución”. Pernasetti y Rodolfo Frigeri, uno de los referentes de la bancada justicialista en Diputados, consensuaron que en la sesión especial de mañana intentarán dar media sanción a una postergación en las ejecuciones hasta el 1º de febrero por las deudas contraídas entre particulares. Al mismo tiempo, los legisladores intentarán buscar mecanismos de mediación entre las partes para que, cuando venza la nueva prórroga, se haya llegado a una definición sobre las formas de pago.
Al respecto, en los bancos estaban conformes. Tras el acuerdo, tendrán la chance de comunicarse con sus clientes morosos e ir negociando la forma de pagar. Consultado por este diario, el ejecutivo de un banco de primera línea hizo este análisis: “Estamos decididos a tomar un rol activo. Si dejábamos una nueva prórroga en manos del Congreso, los deudores iban a esperar que tras ese vencimiento viniera otra postergación. Pero este acuerdo nos permite llamar a los deudores y empezar a negociar una forma de pago. Ganamos tiempo”. Carlos Heller, titular de Abappra, dio una clara señal de la actitud de las entidades financieras. “No es el interés de transformar a los bancos en inmobiliarias o quedarnos con los bienes”, dijo durante la conferencia de prensa.
Según trascendió, existen unas 54 mil trámites de ejecuciones sobre inmuebles, pymes y campos que están avanzados. Para Economía, ese número es sensiblemente menor. “A lo sumo son 30 mil”, comentó a este diario una alta fuente del Palacio de Hacienda. Si bien no existen cifras precisas, cerca de Lavagna creen que el 80 por ciento de los préstamos fue otorgado por bancos y sólo el 20 por ciento, por escribanías y particulares. Las entidades con mayor porcentaje de cartera irregular son el Nación, el Provincia de Buenos Aires, el Galicia, Río, BBVA Banco Francés y el Citi. La deuda exigible bancaria y no bancaria ascendería a 10 mil millones de pesos.