Las autoridades reguladoras del sistema financiero pretenden construir un nuevo muro de contención a la fuga de divisas. Esta vez, el canal de escape que buscarán encauzar es el sobreprecio de importaciones que es utilizado por las grandes empresas para sacar dinero del país, a través de paraísos fiscales, sin pasar por los controles oficiales, ni cumplir con los topes dispuestos. Por pedido del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, el Directorio del Banco Central se puso a trabajar en un proyecto normativo que regulará el financiamiento del comercio exterior. A partir de la aplicación de un número de orden por cada operación, se conseguirá un mayor seguimiento del destino de los fondos. La norma se publicará en los próximos días a través de una resolución de la autoridad monetaria y se prevé que entre en funcionamiento a mediados de este mes.

Desde el Central reconocieron que la medida elevará los costos administrativos de las operaciones con los bancos, pero advierten que la pérdida a causa de la elusión cambiaria es más costosa. La iniciativa se suma a otras que fueron implementadas junto con la Comisión Nacional de Valores.

Las conversaciones se iniciaron hace tres meses, a partir de un encuentro llevado a cabo por las autoridades de la AFIP y del Central, en la sede de la Aduana. Allí, el titular del órgano recaudador manifestó su preocupación por la fuga de capitales que realizaban algunas empresas mediante el financiamiento de importaciones. Echegaray había deslizado esa crítica en declaraciones a la prensa, apuntando contra los popes de la Unión Industrial por utilizar ese modus operandi, mientras éstos reclamaban por el reintegro de algunos impuestos. Fue entonces que pidió a los directores de la autoridad monetaria una norma del mercado de cambios, que en lo sucesivo debería ser acompañada con una reformulación en el registro de la Aduana.

Según pudo conocer Página/12 de una alta fuente del Central, el proyecto prevé restablecer la adjudicación de un número de orden por cada exportación e importación, aunque el mayor seguimiento será para los despachos al exterior. La declaración desagregará destino, tipo de importación y plazo, entre otras cosas. “Se va a poder conocer operación por operación de la Aduana, lo que va a permitir controlar si el importador pagó el importe correspondiente por despacho”, explicó el directivo del organismo que conduce Martín Redrado. La medida, que ya fue redactada y espera por la aprobación del Directorio y publicación oficial, tiene como objetivo realizar un seguimiento más cercano sobre los fondos que financian a las operaciones de comercio exterior y facilitar la detección de los sobreprecios, que se utilizan para dejar los fondos en el exterior.

Sucede que el comercio exterior se realiza casi en su totalidad mediante prefinanciamiento. En el caso de las exportadores, los bancos proveen a las firmas de los dólares suficientes para comprar el producto que destinarán luego a la venta al extranjero. En tanto, para los importadores se establecen facilidades para conseguir las divisas. Este mecanismo alentó la aparición de especuladores que, ante el cierre de otros caminos de elusión cambiaria (ver aparte), los utilizan para fugar capitales hacia los denominados paraísos fiscales.

También complica a los controles la gran incidencia de operaciones entre distintos departamentos de una misma compañía. Si bien existen muchas dificultades para medir esa variable, se estima que un tercio del comercio mundial es realizado intrafirma. Así lo establece un estudio dirigido por el jefe de la unidad de comercio internacional de la Comisión Económica para América latina, Miko Kuwayama. Esto permite que ese intercambio pueda ser sobrefacturado y/o se efectúe con las filiales de las transnacionales en paraísos fiscales. “Esto pasa mucho con las grandes cerealeras que cuentan con subsidiarias en paraísos off-shore: llegan a nuestros puertos declarando haber cargado entre 30 y 40 por ciento del barco ya en Uruguay, cuando en realidad vienen vacíos, con el fin de evitar pagar retenciones por ese porcentaje. A veces caemos de sorpresa con inspectores, aunque es un tema de la Aduana”, comentó un miembro del Directorio del Central.

“Si se declara como destino Tanzania y el pago provino de Alemania, se va a poder averiguar con más facilidad si una firma del grupo está sobre o subfacturando, o si la diferencia que puede surgir se debe a la existencia de la comisión de algún broker”, explicó la fuente. Hasta ahora, en las operaciones de comercio exterior se obligaba a hacer una presentación que podía ser por hasta 500 mil dólares. Sin embargo, como era difícil registrar por separado cada una de las transacciones, se permitió compactar todas en un solo documento adjuntado. Para el registro, se informaba solamente la operación de mayor valor.

Esta atomización de los registros elevaría los costos administrativos, dijo a este diario la fuente del Central. De hecho, la creación de un boleto único que reunía todos los embarques tenía como justificación reducir la carga financiera para las empresas. No obstante, reconocen que el costo de “no hacer nada” y permitir que continúe la formación de activos externos es mucho mayor. Los argentinos acumulan en el exterior 162 mil millones de dólares, según el último informe trimestral de Balanza de Pagos que difundió el Indec. De ese total, 157 mil millones son de empresas y personas, y 5 mil millones responden al sector financiero. Los activos externos se distribuyen en 29.200 millones de dólares en inversiones directas, mientras que 133 mil millones se encuentran en depósitos del sector financiero, rentas, acciones de empresas, propiedades y tenencia de divisas.

Con el objetivo de detener esa sangría, se impuso una serie de restricciones a las importaciones. La cartera de Producción, que conduce Débora Giorgi, convocó a las principales cadenas para sugerirles que se vuelquen a la exportación, o que al menos profundicen la sustitución de importaciones. Para persuadir a las compañías, el Gobierno ejerció, a través del otorgamiento de licencias, un control cada vez más estricto sobre las importaciones. Las quejas de los importadores señalan demoras de hasta seis meses en los permisos. El pedido concreto lo realizó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a los grandes empresarios: por cada dólar que importaban debían justificar igual monto en exportaciones. “En este momento de crisis internacional vamos a aplicar un comercio administrado”, justificó la Presidenta. El Gobierno ofreció créditos blandos para que las firmas puedan financiar su nueva matriz exportadora y el tiempo hasta que cobren sus ventas al exterior. En el caso de empresas que no cuenten con un producto exportable, se les permitirá que integren consorcios con otras para vender otros. No hubo demasiadas adhesiones y el comercio continuó desbalanceado, a lo que se sumó la salida injustificada de dólares.

Es por eso que se decidió acercar la lupa sobre las maniobras especulativas que se ocultan en el intercambio internacional. Durante la semana no fue discutida por el Directorio y continuaba en estudio en el Consejo Consultivo. De todos modos, estiman que podría estar operativa a partir de mediados de este mes. El titular de la AFIP volvió a reunirse en la última semana con la presidenta Fernández de Kirchner para tratar este y otros temas. No obstante, Echegaray prefirió no hacer declaraciones, al ser consultado por este diario, “hasta tanto no sea publicada la medida en la página del Central”.