El Senado aprobó la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal por 35 votos a favor y 17 en contra. De esta manera, las provincias, así como también el Estado nacional, podrán emitir deuda y aumentar gastos corrientes –para pagar sueldos, por ejemplo– en detrimento de los gastos de capital –inversiones en obra pública–. Esta normativa, ideada por el Ejecutivo luego de una serie de consultas con diferentes gobernadores, servirá para que las provincias puedan cubrir sus déficit y a la vez patea hacia adelante la discusión por una mayor coparticipación de algunos impuestos clave, como el del Cheque, algo reclamado tanto por senadores del oficialismo como de la oposición. El Frente para la Victoria consiguió el apoyo del radical cobista Pablo Verani (Río Negro) y del neuquino Horacio Lores. La UCR y el PJ disidente votaron en contra.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, los números provinciales arrojarían este año un déficit aproximado de 10.000 millones de pesos, donde la provincia de Buenos Aires podría acumular un rojo de 5500 millones. De 24 distritos, 19 cerrarían este año con déficit. La suspensión por dos años de una serie de artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal les permitirá a las provincias destinar partidas presupuestarias para “promover la actividad, sostener el nivel de empleo, dar cobertura a la emergencia sanitaria y social” y abre la posibilidad para el libre endeudamiento de todas las jurisdicciones.

De la ley sancionada se desprenden las siguientes posibilidades para las provincias:

- Incrementar el gasto público de manera superior a la tasa de aumento nominal del PBI.

- El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires podrán ejecutar sus presupuestos sin preservar el equilibrio entre los recursos percibidos y los gastos devengados.

- En cada ejercicio fiscal, las provincias podrán emitir deuda por más del 15 por ciento de los recursos corrientes.

- El Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos de gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital y pago de deuda.

“Con esta ley se pretende evitar que las provincias emitan cuasimonedas. Cualquier otra discusión sobre una mayor coparticipación no tendrá sentido si no se tiene en cuenta el actual contexto de crisis”, afirmó el correntino Fabián Ríos, al cierre del debate. Su mención de la coparticipación no fue casual, ya que la oposición hizo hincapié sobre este tema durante toda la sesión.

“Lamento que no se aborde el tema de fondo y estemos discutiendo lo que quizá sea un salvavidas de plomo. El déficit estructural de las provincias se inició en 1992, cuando Menem y Cavallo decidieron que las provincias debían asistir a la Nación con el 15 por ciento de su coparticipación, para destinarse al sistema previsional”, argumentó el chaqueño Roy Nikkisch (UCR).

“Acá tienen que hablar los gobernadores, porque el año que viene (por el actual) será difícil y nos vamos a tener que ayudar entre todos”, había manifestado el año pasado a Página/12 el senador formoseño José Mayans (FpV). La afirmación del senador oficialista forma parte del trasfondo de esta normativa.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio el visto bueno para su aprobación luego de una ronda de consultas donde diferentes gobernadores le reclamaron un desahogo financiero. A cambio, el Ejecutivo mantendrá las alícuotas vigentes del Impuesto al Cheque para seguir financiando al Tesoro nacional. En este sentido, la lógica del oficialismo radica en que “la verdadera coparticipación pasa por las obras que pueda financiar el Gobierno en todo el país”, según interpretó ante este diario una alta fuente del kirchnerismo.

La discusión de ayer anticipó lo que será el debate por la prórroga de impuestos y el Presupuesto 2010 en el Senado. Las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal contaron con el apoyo del FpV, el radical cobista Verani, el neuquino Lores y los fueguinos José Martínez y María Díaz. La chubutense Silvia Gusti, quien la semana pasada anunció su alejamiento del bloque K, votó en contra. Por su parte, la senadora María Eugenia Estenssoro se manifestó en contra de la normativa, pero no estuvo a la hora de la votación. Tampoco estuvieron presentes Carlos Reutemann ni Rubén Giustiniani.