En medio de una conferencia para rechazar el proyecto de reforma política, Elisa Carrió le respondió a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que el martes la expulsó por oponerse al proyecto de ley para obtener muestras de ADN de posibles hijos de desaparecidos. “Si soy separada de la APDH por defender los derechos humanos de todos los argentinos y no sólo de algunos, entonces en buena hora”, dijo. Argumentando que el kirchnerismo busca una venganza contra la titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, la líder de la Coalición Cívica volvió a declararse en contra de la obtención de muestras genéticas en los casos de quienes no deseen conocer su identidad. Carrió sostuvo que de esta manera se vulneran los derechos humanos de las víctimas de la última dictadura militar y aseguró que la obtención de ADN por métodos alternativos es comparable con la declaración bajo tortura.

En sus declaraciones, Carrió omitió decir que el proyecto presentado por el Ejecutivo, en base a una propuesta de Abuelas de Plaza de Mayo, no considera la extracción compulsiva de sangre para las víctimas, sino que, por el contrario, instrumenta y regula la utilización de métodos alternativos –como muestras de cabello y ropa tomadas mediante un allanamiento judicial en el domicilio–. Además, la chaqueña insistió en su argumento de que a través de este proyecto, el kirchnerismo apunta a Herrera de Noble, imputada por la adopción irregular de dos niños en 1976.

“Para que la causa por apropiación de Herrera de Noble se resuelva no se necesita ninguna ley, porque la Justicia ya está haciendo de hecho lo que nosotros presentamos en el proyecto. Además, no hay que perder de vista que ella está imputada de un delito de lesa humanidad”, aseguró el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, quien recordó que para la Corte Suprema de Justicia la obtención de ADN por métodos alternativos no significa una violación de la integridad física de las personas.

Carrió recordó sus años de docente en los que le tocó explicar “que la declaración bajo tortura es nula”. “No digo que éste sea el caso, pero hay que tener mucho cuidado”, completó. Además, aseguró que el partido que ella conduce es el que más hizo por los derechos humanos en Argentina. “Nosotros defendemos los derechos humanos de hoy, de antes y del futuro”, agregó.

Con mayor precisión y más argumentos, diputados del bloque de la Coalición Cívica sostienen los motivos por los que rechazan el proyecto de ley enviado al Congreso. “¿En aras de la verdad, de la identidad, de los principios que en estos momentos se están impulsando, el Estado tiene derecho a revictimizar a esa presunta víctima?”, se preguntó ante Página/12 la legisladora Fernanda Gil Lozano, para quien la voluntad de los supuestos hijos apropiados está por encima del derecho de sus familiares y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y a exigir que se haga justicia con los crímenes cometidos durante la dictadura. Gil Lozano sostiene que los métodos alternativos “vulneran el mismo derecho con una diferencia de grado”. Sobre este punto, Iud responde que “no existe un derecho a no conocer la propia identidad. Y cuando se investiga que una persona es hija de de-saparecidos esa investigación no se somete a la voluntad de esa persona”. Además, argumenta que con la posición de Carrió no se podría condenar a un presunto violador si el hijo nacido como consecuencia de ese abuso sexual no estuviera dispuesto a realizarse el análisis de ADN.

“Está enfrente del derecho de las Abuelas y los familiares y el juzgamiento de un crimen de lesa humanidad. Nosotros vemos que los motivos de las personas que se niegan a conocer su identidad vienen por una transferencia de culpa por parte de los apropiadores”, sostiene el abogado de Abuelas. Ese fue el caso de la hija de desaparecidos y diputada nacional Victoria Donda, quien lamentó que no existiera una ley que la liberara de la responsabilidad de la eventual condena a su familia de crianza.