El acto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario había comenzado hacía poco, en las filas de asientos no se veía presencia alguna de dirigentes de la oposición. Entonces la presidenta Cristina Fernández levantó por el aire un libro que visiblemente superaba los quinientas páginas. “Parece El Libro Gordo de Petete. Pesa un kilo y medio”, bromeó CFK mientras sopesaba el ejemplar, que había sido editado por el Ministerio del Interior. La propia mandataria se encargó de develar el contenido del libro en cuestión: el volumen recopilaba todos los proyectos de reforma política que se presentaron en el Congreso en los últimos años. La ocurrencia de la Presidenta no era inocente. Buscaba comprometer a la oposición –el clásico argumento de la coherencia– en un debate que parece empezar rengo por la decisión de todos los bloques opositores, incluso los de centroizquierda, de faltar a la presentación. “El hecho de que hoy no hayan estado aquí presentes es un dato absolutamente menor. Lo importante es que tengamos la oportunidad de debatirlo en el Parlamento, que es el lugar donde los partidos políticos deben debatir”, planteó CFK.

El discurso estuvo cruzado por las declaraciones previas que había hecho la oposición, sobre todo la insistente acusación al oficialismo de estar impulsando “un traje a medida” para favorecer la candidatura de Néstor Kirchner en 2011. CFK se tomó un tiempo para contestar ese planteo. “Como ustedes saben, todas las reformas de este carácter que implican a partidos políticos necesitan mayoría calificada, según una reforma introducida en la Constituyente del ’94 donde se consagra el sistema de partidos políticos como el único instrumento posible para acceder a cargos electivos. Esto es la mitad más uno de los votos de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras”, recordó la Presidenta. Con la actual composición del Parlamento, los bloques oficialistas están muy lejos de la mayoría calificada. Eso significa que si el Ejecutivo pretende sancionar una ley de Reforma Política deberá emprender una negociación compleja que introduzca cambios sustanciales en el proyecto original. El antecedente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podría funcionar como guía.”

Ante la ausencia de opositores, las primeras filas de asientos estuvieron ocupadas por gobernadores del oficialismo, miembros del gabinete, miembros de organismos de derechos humanos como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. “Estamos proponiendo por primera vez la institucionalización del sistema de internas abiertas obligatorias y vinculantes para todos los partidos, primarias, y luego la elección general”, comenzó su explicación la Presidenta. Enseguida recordó que su primera referencia a la necesidad de impulsar una reforma política la había pronunciado en el acto del 9 de Julio. En aquella oportunidad, anunció la convocatoria a las rondas del diálogo desde un complejo hotelero de Puerto Iguazú. “Aquí estamos una vez más, cumpliendo con la palabra empeñada. En este momento estamos remitiendo el proyecto al Congreso de la Nación”, dijo ayer la Presidenta. Acompañada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, CFK explicó los principales lineamientos de la propuesta oficial. Como había informado Página/12 en su edición de ayer, el texto lleva como título “Proyecto de ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”. El proyecto, que contiene 87 artículos, persigue cuatro objetivos básicos: la realización de elecciones primarias obligatorias para los cargos de presidente y vice, diputados y senadores nacionales; impulsar mecanismos más equitativos en la financiación de las campañas electorales; una reglamentación más exigente para que los partidos mantengan su personería y puedan presentarse en elecciones generales; la unificación de los padrones masculinos y femeninos del Código Nacional Electoral.

Serán al menos ocho innovaciones profundas con respecto a la reglamentación prevista en ley orgánica de los partidos políticos.

- Elecciones primarias simultáneas, obligatorias y vinculantes para todos los partidos. Los precandidatos de cada fuerza competirán entre sí, el triunfador representará a ese partido en la elección general. El mecanismo está inspirado en los regímenes electorales que funcionan en Santa Fe y en Uruguay. Para que el precandidato que ganó la primaria luego pueda presentarse en el comicio general su agrupación política debe haber obtenido un mínimo del 3 por ciento de los votos por distrito (el 3 por ciento del padrón de la provincia si se trata de la elección de diputados y senadores nacionales, el 3 por ciento del padrón nacional en el caso de la fórmula de presidente y vice).

- Se eliminan las listas colectoras y espejos.

- Se fijan criterios de igualdad en la regulación de la publicidad en radio y televisión. Se determina que el Estado será el único financista de los gastos que cada fuerza política destinará a su campaña electoral. Los recursos se repartirán en mitades: una mitad se distribuirá entre todos los partidos en partes iguales, la otra mitad se asignará de manera proporcional al porcentaje de votos obtenido por cada fuerza en la última elección.

- Se prohíbe la publicidad de actos de gobierno desde quince días antes de la fecha de la elección general.

- Se acortan las campañas electorales a 30 días para las primarias y 35 días para la elección general. La publicidad en los medios audiovisuales no podrá superar los 20 días en las primarias y los 25 días en la elección general.

- Se unifican los padrones femeninos y masculinos, se reduce la cantidad de votantes por mesa.

- Para constituirse como partidos y mantener la personería, las agrupaciones deberán acreditar un piso mínimo de afiliaciones permanentes, no simples adhesiones. Los afiliados deberán sumar al menos el cinco por mil del padrón de electores de cada distrito.

- Se prohíbe ser candidatos a los procesados por crímenes de lesa humanidad.