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Varias voces se estuvieron escuchando en los últimos meses alertando sobre lo que consideraban el escándalo de la pobreza. La mayoría de ellas reunía la particularidad de que provenía de grupos que anhelan políticas cuyo resultado es el aumento de la exclusión social. Algunos analistas inquietos por el rating buscaron imágenes de impacto de hogares en situación desesperante. La demagogia de la pobreza quedó en manos de representantes del conservadurismo político y económico. Ese comportamiento, que en la interpretación más benevolente se puede definir como hipócrita, se revela oportunista cuando después de mostrar rostros acongojados por los pobres ignora y, por lo tanto, desmerece una de las políticas sociales más importantes de la joven democracia: la asignación familiar por hijo para trabajadores desocupados e informales. Se trata de una medida que mientras avance en su implementación requerirá de ajustes vinculados al alcance de la población beneficiaria, a su financiamiento sustentable en el tiempo y su institucionalización mediante una ley. Pero estas cuestiones hoy no tienen envergadura frente al impacto inmediato del plan en reconocimiento de derecho económico y social de sectores postergados en el sujeto de niños y adolescentes. Con una reacción que merece reconocimiento a la vapuleada burocracia estatal, en apenas dos meses la Anses sumó al programa y desembolsó los fondos correspondientes a 3,8 millones de beneficiarios de la asignación de 180 pesos. La previsión oficial es superar los 5 millones a medida que la entrega de DNI regularice la situación de niños y jóvenes indocumentados. Se estima que en esa instancia el monto involucrado totalizaría unos 10 mil millones de pesos anuales. Ese considerable gasto público social (GPS) se suma al ya presupuestado destinado a la niñez, que es mucho más elevado que el considerado en evaluaciones superficiales, de acuerdo al reciente informe publicado por Unicef.

En “Gasto Público Social dirigido a la Niñez en la Argentina. 1995-2007”, coordinado por Damián Bonari, de la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales del Ministerio de Economía, y por Sebastián Waisgrais, responsable técnico de Unicef, junto a un numeroso grupo de técnicos, consultores y especialistas, elaboraron un documento con cifras que exigen un análisis más prudente cuando se aborda la cuestión de las políticas públicas en materia de pobreza y distribución del gasto público. Del análisis de los datos surge que durante 2007 el Gasto Público Social consolidado (nación-provincias) dirigido a la niñez alcanzó los 54.839,7 millones de pesos, que representan el 19,1 por ciento del gasto público total ejecutado por los niveles nacional y provincial, y el 31,2 por ciento del gasto público que se enmarca en servicios sociales. Esto significa un gasto por niño equivalente a 4481,3 pesos anuales. En relación con el Producto Interno Bruto, durante 2007 esos recursos representaron el 6,7 por ciento, alcanzando el máximo de la serie elaborada por Unicef. Ello implicó un incremento de 0,5 de punto porcentual entre 2001 y 2007. En ese período, la evolución de ese gasto consolidado refleja un aumento acumulado, en términos nominales, de 225,9 por ciento. El monto ejecutado durante 2007 implica un crecimiento de 29,7 por ciento en relación con el nivel correspondiente al año anterior. De acuerdo con las proyecciones realizadas por los técnicos para los dos períodos siguientes, la tendencia se mantuvo en alza, y en 2010 describirá otro brusco salto por la universalización de la asignación familiar por hijo.

Semejante masa de recursos destinada a cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución nacional en 1994, que dispone la obligación de los Estados de asegurar la progresiva realización de los derechos de la niñez “hasta el máximo de los recursos que dispongan”, plantea la siguiente duda: los persistentes y elevados niveles de pobreza con el consiguiente deterioro de sus condiciones materiales del universo poblacional de la niñez se debe a la ineficiente asignación de ese enorme presupuesto del gasto social, o la herencia por la devastación social del neoliberalismo es tan impresionante que esos fabulosos recursos resultan insuficientes.

El documento Unicef-Economía no avanza en dar respuestas en uno u otro sentido, aunque se puede especular con que un probable dictamen puede tener componentes de los dos. De todos modos, esa investigación constituye una base esencial para evaluar con más información el estado de situación de ese sector vulnerable. El trabajo consistió en realizar una revisión general de los programas incorporados en cada año, lo que implicó trabajar con 178 planes que contienen más de 462 actividades diferentes. “La cuantificación y homogeneización del universo de gasto requirió de un arduo trabajo de compatibilización de la información”, explican los especialistas, para agregar que “se realizaron misiones técnicas a gran parte de las provincias para recabar información más detallada y ajustada a las necesidades del informe”. También se concretaron encuentros con técnicos de los institutos de estadísticas provinciales. Esta resumida descripción de la labor encarada para el relevamiento de datos permite retirar del debate el cuestionamiento a esa información, situación que se presentaría si tuviera como usina el Indec. Y las cifras expuestas en ese documento son impactantes en cuanto a los montos, el alcance y los rubros de los programas para la niñez.

El gasto público social para ese destino se distribuye en once áreas: ayuda directa; condiciones de vida; deporte, recreación y cultura; desarrollo e integración; educación; nutrición y alimentación; protección del niño; salud; obras sociales; ciencia y técnica; y otros servicios urbanos. Por ejemplo, la categoría “Nutrición y alimentación” (comedores escolares, copa de leche, entrega de tickets y bolsones de alimentos) aumenta su participación en 1,1 punto porcentual entre 2001 y 2002, principalmente por la incorporación durante 2002 del Programa de Emergencia Alimentaria y de las distintas estrategias que en esta línea llevaron a cabo los gobiernos provinciales. En 2003 esta categoría registra un nuevo incremento, pero en 2004 comienza a reducir su relevancia, hasta llegar al 3,5 por ciento del total en 2007.

Este documento sobre el GPS (Gasto Público Social) es un valioso aporte para orientar el análisis sobre la evolución de la pobreza y la situación de la niñez vulnerable, que tiene un poco más de complejidad que la manifestación compungida por los excluidos, que en ciertos sectores y expositores se expresa como simple demagogia, sin ninguna intención de cambiar las raíces estructurales que los originan.

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