El uso de reservas internacionales para cancelar parte de la deuda continúa generando rechazos. El fiscal federal Luis Comparatore decidió impulsar una denuncia para investigar los alcances del decreto de necesidad y urgencia que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. En esa denuncia están involucrados el ministro de Economía, Amado Boudou, y el presidente del Banco Central, Martín Redrado. El fiscal consideró que hay elementos suficientes para avanzar con las averiguaciones. En tanto, el bloque de diputados de PRO y la Coalición Cívica y el ex legislador Mario Cafiero realizaron sendas denuncias ante la Justicia, objetando la constitucionalidad del decreto por “violar la autonomía del Banco Central”. Estas presentaciones se sumaron a la que hizo ayer el gobierno de San Luis ante la Corte Suprema para frenar la aplicación del decreto.

“Ellos están haciendo política, nosotros estamos gestionando”, reprocharon desde el Ministerio de Economía, adonde recuerdan que a principios de año sectores de la oposición criticaron al Gobierno por no decir de qué modo iba a cumplir con los pagos de deuda venideros. Ahora la medida termina con cualquier especulación sobre la voluntad y la capacidad de pago de la deuda en 2010 y, según la versión oficial, contribuirá a una baja de las tasas de interés y a un mayor acceso al crédito de empresas y particulares. Además, en el Palacio de Hacienda destacan que se liberan recursos fiscales para otros fines y no le dan demasiada importancia a las denuncias.

El fiscal Comparatore le solicitó al juez del caso, Daniel Rafecas, que disponga una serie de medidas para profundizar cuál fue la responsabilidad del titular del Banco Central, a cargo de custodiar las reservas de ese organismo. En el escrito se requiere que “la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia remita la totalidad de los antecedentes relacionados con el DNU 2010/09”. También se pide a “la Sindicatura General de la Nación que informe si previo al dictado” de esa norma “se efectuaron consultas al organismo referido o existen allí antecedentes sobre esta materia”, según indicaron fuentes judiciales. De hecho, Redrado elevó la propuesta para su análisis a su departamento legal y técnico en la entidad y a su grupo de abogados asesores en Nueva York para que informen si existe riesgo de embargos de parte de los holdouts.

Comparatore dispuso, en tanto, que se le tome declaración testimonial a uno de los denunciantes, Javier Llorens, “atento al cúmulo de particularidades técnicas que ostentan los hechos denunciados, que indudablemente requieren para su intelección un importante análisis macroeconómico”. Llorens presentó la denuncia junto con el abogado Ricardo Monner Sans y el ex diputado Mario Cafiero, al considerar que se incurrió en un “flagrante abuso de autoridad” al disponer de los recursos del Central para esta “insensata y demencial política financiera puesta en marcha”.

El diputado del PRO Federico Pinedo advirtió que los DNU “requieren del control inmediato del Congreso, según la Constitución”. El diputado requirió entonces que “se suspenda la vigencia de la medida hasta que se pueda reunir el Parlamento”. Según argumentó Pinedo, la Carta Orgánica del Central “prohíbe tomar compromisos sobre las facultades contempladas en la ley sin autorización expresa del Congreso de la Nación”. En la otra presentación, Cafiero indicó que la medida es “un intento desesperado para demostrar la voluntad de pago de la deuda pública el gobierno”.

Por su parte, el diputado Felipe Solá señaló que “congelar 6 mil millones de dólares de las reservas es una decisión criticable en la medida en que el Banco Central tiene que ser independiente”.