Martín Redrado se convirtió en un obstáculo a partir del momento en que el Gobierno decidió utilizar parte de las reservas para conformar el Fondo del Bicentenario. Sin embargo, ésa fue sólo una de las diferencias que venía manteniendo con los economistas heterodoxos que integran el elenco oficial y que ahora se entusiasman con la posibilidad de poner fin a la matriz neoclásica predominante en el Banco Central. Fuentes cercanas al nuevo presidente de la entidad, Miguel Pesce, descartaron ayer cambios inminentes porque “en este momento la prioridad es mantener la calma en los mercados”, pero cuando el conflicto generado por la salida de Redrado quede atrás, se prevé impulsar medidas tendientes a bajar la tasa de interés y promover una expansión del crédito a la producción.

El artículo 3º de la Carta Orgánica establece que la misión primaria de la entidad es preservar el valor de la moneda. Ese objetivo se introdujo en 1992 para responder a los requerimientos del Plan de Convertibilidad y deja entrever una concepción ortodoxa que atribuye la inflación sólo a la emisión monetaria. En 2007 la actual titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, presentó un proyecto parlamentario para modificar ese artículo donde proponía que la preservación del valor de la moneda debía ser cumplida de modo consistente con las políticas orientadas a sostener el nivel de actividad y de empleo. La propuesta no era original, pues la vieja Carta Orgánica preveía algo similar e incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos establece objetivos como la estabilidad de precios, el crecimiento y el pleno empleo. Algo similar ocurre en Colombia, Honduras, Paraguay y Venezuela. Sin embargo, Redrado resistió el cambio argumentando que generaría incertidumbre en los mercados a solo dos meses de las elecciones presidenciales y logró el aval de Néstor Kirchner. Ahora la situación cambió y la intención de las nuevas autoridades del Central es preservar no sólo el valor de la moneda sino también el nivel de actividad y empleo actuando de modo coordinado con el Ejecutivo.

Para ello lo ideal es modificar la Carta Orgánica, pero hay margen para introducir cambios antes de que se decida avanzar en esa dirección. El Central no se maneja con metas de inflación sino con un programa que establece un piso y un techo de expansión monetaria, lo que le otorga mayor flexibilidad a su política de intervención. Los críticos de Redrado sostienen que no aprovechó esa ventaja porque el manejo de las tasas de interés que hizo durante la reciente crisis fue restrictivo y no colaboró para mantener el nivel de actividad económica, dejando en evidencia una adhesión implícita a un esquema de metas de inflación.

De hecho, algunos de los instrumentos que había puesto en marcha el ex titular del Central Alfonso Prat Gay, para implementar el régimen de metas, continuaron vigentes durante la gestión de Redrado. El informe de inflación que publica la autoridad monetaria y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) son instrumentos típicos para ese tipo de esquemas. Ahora la intención es aprovechar mejor el margen de acción que ofrece el programa de metas cuantitativas para impulsar una política monetaria más expansiva.

Otra de las opciones que están en carpeta es establecer políticas financieras orientadas a las pymes y a las economías regionales, por medio de exigencia de reserva o encajes diferenciales, tal como está previsto en el artículo 18 del capítulo V de la Carta Orgánica. Eso significa que se podría aplicar, por ejemplo, un menor encaje sobre los depósitos afectados a los préstamos a las pymes para abaratar la tasa de interés y generarle un mayor incentivo a la empresa para endeudarse. Felisa Miceli le había propuesto a Redrado avanzar en esa dirección cuando se desempeñaba al frente del Ministerio de Economía, pero el ex titular del Central desestimó la idea y dejó atado el encaje al tipo de depósito sin importar el destino que se le asigna al dinero.

La política ortodoxa también quedó evidenciada en la adhesión a las regulaciones prudenciales de Basilea. Los principales países de-sarrollados acordaron en 1988 en Basilea una serie de recomendaciones para incrementar la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional, reemplazando las regulaciones macroeconómicas vigentes en cada país por un conjunto de disposiciones comunes de carácter microeconómico. El nuevo esquema consistió en la imposición de requerimientos mínimos de capital fijados mediante la calificación de los activos de las entidades de acuerdo con los destinatarios de los créditos, el tipo de operaciones, las garantías y el plazo de las financiaciones. Según sus críticos, esa lógica llevó a los bancos a racionar el crédito a las pymes, financiar al sector más concentrado y privilegiar los préstamos de corto plazo. Sin embargo, la regulación prudencial de Basilea continuó vigente e incluso hubo una profundización porque el Banco Central estableció una hoja de ruta que marca el pasaje a Basilea II. La intención del ala progresista del Gobierno es desandar ese camino para poner fin a la jaula de hierro que limita los márgenes de la política económica. En los próximos meses se verá si eso se logra o si fue sólo un cambio de nombres.

[email protected]