Desde esta mañana la Procuración General de la Nación y la Fiscalía General de Mar del Plata tendrán en su poder una investigación que denuncia que esa ciudad no sólo está repleta de hoteles sino también de prostíbulos. Que no sólo se ven miles de mujeres descansando en bikini y ojotas sino que unas cuatro mil –algunas menores de edad y provenientes de otros países–, en portaligas y tacos altos, son explotadas sexualmente, muchas durante las 24 horas. Y que no sólo los restaurantes ofrecen “atención personalizada” y “nivel vip” sino que hay “clubes nocturnos” que también lo hacen con “nuevo staff”, como lo anuncian con volantes en la calle y en los clasificados de algunos diarios. La denuncia presentada por la organización La Alameda evidencia el modus operandi de los prostíbulos (unos 400 en total) a través de un video hecho con cámara oculta –al que Página/12 tuvo acceso exclusivo– donde presenta testimonios de las mujeres explotadas y de los mismos proxenetas. La presentación judicial pide que se investigue si existe complicidad de la policía y de autoridades locales para no detener “el funcionamiento público y notorio” de la red de trata.

La denuncia que hoy será presentada ante el procurador de la Nación, Esteban Righi, y el fiscal general marplatense, Daniel Adler, detalla 94 direcciones en las que se ubican varios prostíbulos, especifica si es un local a la calle o un departamento y ofrece teléfonos de contacto. El video realizado con cámara oculta aporta pruebas sobre la situación de encierro y esclavitud de las mujeres, la presencia de chicas menores de edad y extranjeras y sobre el modus operandi de los proxenetas.

Según se desprende de la investigación realizada por dos voluntarios de La Alameda que entre noviembre y enero recorrieron la zona del barrio La Perla –donde se concentra la mayor cantidad de locales– con una cámara oculta, la primera diferencia que se puede hacer es la de “wisquería” o “privado”, nombres detrás de los que se ocultan dos tipos de prostíbulos.

Las wisquerías aparentan una actividad comercial lícita donde los clientes pueden entrar a tomar tragos y allí dialogar con las mujeres antes de acceder a algún servicio sexual. Mientras que los “privados” son locales que funcionan en casas o departamentos y a los que se llega por los volantes que se reparten en la calle y los avisos en los diarios. En cualquiera de ellos, los precios de los servicios sexuales son similares, “lo que muestra la articulación de una red de prostíbulos”, resaltó Gustavo Vera, representante de La Alameda.

Luces flourescentes rojas, amarillas, verdes, son una característica en la mayoría de los lugares y hasta les dan nombre, como “La casita verde”. El modus operandi también se repite: el proxeneta ordena a las chicas que se “alisten” y ellas aparecen en ropa interior a desfilar frente a los clientes. “Ella no, ella. Es como cuando vas al supermercado”, grafica una de las mujeres que es explotada en una wisquería. Luego el cliente que desea tener relaciones sexuales “acuerda con el encargado del local el precio y lo abona a dicha persona, nunca a la mujer”, resalta la denuncia.

Sin embargo, los testimonios prueban que en los “privados” las mujeres esperan a los clientes en las piezas y pocas veces pueden realizar “salidas”, es decir que un cliente se lleve a una de las mujeres fuera del local.

–¿Trece, 14 horas trabajás? –se oye preguntar en el video a uno de los hombres que hizo la investigación de La Alameda.

–Yo trabajo 13 horas, las chicas están las 24 horas –responde una de las chicas.

–¿Cómo 24 horas?

–Viven acá adentro.

–¿Viven acá adentro? ¿Qué chicas, las que vienen de afuera?

–Claro, ellas dos son paraguayas.

–Si se quedan las 24 horas, ¿hay gente todo el tiempo?

–Sí, y más en temporada.

–¿Las chicas no duermen?

-Claro, duermen. Se despiertan cuando viene gente.

Como surge de otro de los diálogos del video, las chicas son una “plaza” no estable y rotan entre los locales de la red de prostíbulos, en la que varios locales pueden pertenecer a un mismo dueño. “Mar del Plata es un lugar de tránsito. Llegan chicas del norte del país, de Paraguay, de República Dominicana. Las explotan una temporada y después siguen hacia el sur del país o las venden”, advirtió Vera.

Y no sólo de mujeres extranjeras están nutridos los prostíbulos marplatenses: “Menores de 14, 16 y 17 años trabajando encerradas con retención de documentos hay en Mar del Plata y en todos lados”, afirma la mujer de la wisquería “La casita verde”.

A partir de los testimonios obtenidos, La Alameda apunta a que se investigue la supuesta responsabilidad de las autoridades policiales que actúan en Mar del Plata. Los dueños y encargados de los prostíbulos, señala la denuncia, “habrían contado con la aquiescencia de las autoridades policiales”.

En un tramo del video, un diálogo con otra chica en un local evidencia esa presunta relación:

–¿Pasó que cayó la cana? –quiere saber el investigador que tiene la cámara oculta.

–Acá vení las veces que quieras. Nunca pasó nada, la dueña atiende a los comisarios de todos lados.

Pero la denuncia no sólo se detiene en la complicidad sino que avanza sobre las leyes que la policía incumpliría “teniendo conocimiento de la existencia del fenómeno de la trata de personas” y por lo que podría investigarse a los uniformados “por omisión”. Entre esas leyes incumplidas estarían la de profilaxis, la de migraciones, la de reducción a la servidumbre y la ley contra la trata, sancionada en 2008.

Por ejemplo, la ley 12.331 de profilaxis prohíbe las “casas de tolerancia” y prevé multas o condenas penales contra los proxenetas. En la denuncia de La Alameda se señala, por ejemplo, que el prostíbulo “La Casita Azul” “continúa funcionando a pesar de los procesos penales” sobre su responsable.

Además, la denuncia adjunta un listado de 240 acciones policiales –entregados a Gustavo Vera por el jefe de la Distrital Centro, Gustavo Salvá– en las que se repiten acciones contravencionales contra las meretrices. “La ley establece la impunidad de la mujer que ejerce la prostitución y castiga el proxenestismo. Sin embargo, hay una suerte de distorsión por parte de la policía que lo que hace es imputar a las mujeres y no lleva adelante la clausura de los locales conforme a la ley”, explicó el abogado de La Alameda, Mario Ganora.

Con la denuncia también se solicita la investigación de las autoridades municipales y en particular al personal de la Inspección General por “las obligaciones que les caben en virtud del deber de tutelar la seguridad, la moralidad y la higiene de los locales”.