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El juez en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli suspendió “los efectos y la aplicación del decreto” que autorizó aumentos en las tarifas de servicios de gas y electricidad dispuestos hace apenas una semana por el Gobierno nacional, en un fallo que contiene duros conceptos respecto de la actitud de las firmas prestadoras. Las empresas “desarrollan su actividad lucrativa en un país real y no en uno ideal; un país que se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes donde los contratos han sido quebrados y desconocidos (...), prueba de ello son las más de 180.000 causas iniciadas a lo largo de este año”, afirmó el juez al justificar su fallo.
El Gobierno apelará hoy el fallo judicial de Marinelli, informó una fuente del Ministerio de Economía. La intención del Palacio de Hacienda es que, paralelamente a que se tramite la apelación, se eleve un proyecto al Congreso para definir por ley, en sesiones extraordinarias, los incrementos que se pretende sigan encuadrados dentro de la Ley de Emergencia Económica. El proyecto que se enviaría al Parlamento modificará, precisamente, esta última ley que habilitaría los aumentos “a cuenta” de la renegociación de los contratos por las empresas privatizadas.
En párrafos de inusual dureza para con las firmas concesionarias, Marinelli sostuvo que “si verdaderamente consideran que les asiste el derecho a obtener una recomposición de las tarifas, deben acudir ante la Justicia (...) y no peticionar –como dijeron– un aumento de las mismas ante el Poder Ejecutivo”. De tal modo, el magistrado descalificó los argumentos del Gobierno acerca de la necesidad de otorgar incrementos a las empresas concesionarias para “no poner en peligro el suministro”.
El fallo, de 14 carillas, hizo lugar a una presentación de la ombudsman porteña Alicia Oliveira, por lo cual su alcance sólo compete al ámbito capitalino. Marinelli recordó que el Congreso, a través del artículo 10 de la Ley de Emergencia Económica, vedaba a las “empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”. “El Poder Ejecutivo –agrega– tiene a su disposición las herramientas jurídícas que le permiten asegurar la prestación con calidad y seguridad de tales servicios públicos, hasta tanto se concluya con el proceso de renegociación.”
El magistrado hizo propio, además, el argumento de Alicia Oliveira, acerca de que los aumentos deben ser discutidos en el marco de la renegociación global de los contratos de servicios y “no a través de audiencias convocadas sólo para discutir el monto de los incrementos”. Señaló que “han transcurrido once meses y el proceso de renegociación no ha podido ser concluido. Buscando culpas (...) podrá achacárselas al Poder Ejecutivo o a las empresas”, aventuró Marinelli. “En cualquier caso, es casi seguro que en esa demora no han tenido parte los usuarios, quienes sin embargo ven actualmente conculcado su derecho de participar en la discusión y en la renegociación de los contratos (...) y de hacer saber su opinión en orden a la justicia y necesidad de los aumentos”, agregó el magistrado.
Al fundamentar su fallo, Marinelli consideró evidente “el perjuicio para los clientes en el caso de una demora judicial, ya que sería extremadamente complejo, difícil o casi imposible, revertir el daño que sobrevendría para los usuarios como consecuencia de la aplicación de los aumentos”. Oliveira ya había planteado y obtenido en dos oportunidades la suspensión judicial de las audiencias públicas convocadas para resolver los incrementos tarifarios, por entender que éstos sólo podían tratarse en el marco de la renegociación general de los contratos de las empresas privatizadas.
Al efectuar la presentación judicial contra el ajuste de tarifas, formulado luego de que el Gobierno publicara el 3 de diciembre pasado el tenor de los incrementos en el Boletín Oficial, la defensora porteña dijo que el Ejecutivo “insiste con el aumento de tarifas de manerainconstitucional e ilegítima, ya que no cumple con los procedimientos mínimos establecidos en la Ley de Emergencia Económica”. En aquel momento también dijo que “el Ministerio de Economía se dedicó a buscar un atajo para imponer aumentos en vez de activar el proceso de renegociación de contratos, que es lo que corresponde hacer”.
En tanto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo estudiaba ayer una presentación del ombudsman nacional, Eduardo Mondino, para frenar los aumentos en las tarifas de gas y electricidad para todos los usuarios del país. La jueza Susana Córdoba resolvería en las próximas horas sobre la presentación en base al dictamen del fiscal que ayer habría llegado a sus manos.