La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló ayer en contra de un fondo buitre que pretendía embargar bienes de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), por un monto estimado en 200 millones de dólares. De esta forma, el máximo tribunal puso punto final al reclamo presentado por Aurelius Capital, al evitar dar curso al embargo solicitado tras el traspaso a la Anses de los fondos previsionales en poder de las ex AFJP.

Apenas Cristina Fernández de Kirchner anunció el 20 de octubre de 2008 el envío de un proyecto al Parlamento para avanzar con la estatización de los fondos previsionales, Aurelius Capital, Aurelius Master y Blue Angel, tres fondos vinculados entre sí, presentaron una demanda ante la Corte Federal de Nueva York pidiendo que se congelaran los activos que las AFJP poseían en los Estados Unidos hasta cubrir los 553 millones de dólares que reclamaban por títulos impagos de la deuda soberana. Estos fondos vienen entablando una batalla judicial desde el default de diciembre de 2001, pues se negaron a ingresar al canje de deuda que se concretó en 2005.

El 29 de octubre de 2008, el juez Thomas Griesa le dio luz verde al pedido y embargó los fondos de las AFJP, cerca de 200 millones de dólares. Luego, el 12 de diciembre del mismo año, convalidó el congelamiento temporal y lo convirtió en embargo definitivo. Griesa argumentó que el dinero no se reservaría para las jubilaciones, sino que sería usado por el Gobierno. “La ley argentina establece que los activos de fondos de pensión no son embargables. Pero las protecciones a los fondos de pensión, escritos en la ley, han sido manipulados para canalizar los activos de los fondos hacia cuentas del Gobierno que no tienen destino previsional”, afirmó en su fallo.

El Gobierno apeló con el argumento de que los fondos cambiaban de administrador (de las AFJP al Sistema Integrado Previsional Argentino), pero seguían perteneciendo a los jubilados. El 15 de octubre del año pasado, la Corte Federal de Apelaciones de Nueva York atendió al pedido y finalmente liberó los embargos. “Los fondos de retiro y pensión no son propiedad sujeta a embargo y ejecución”, destacó el fallo que no sólo levantó el bloqueo sino que además detuvo la ejecución de bienes de las ex AFJP en ese país.

La clave de aquella decisión judicial se basó en que los activos del país en Estados Unidos sólo pueden ser congelados cuando son destinados a actividades comerciales en el momento de la orden. Ni la Anses ni el Estado argentino tuvieron la oportunidad de usar los fondos para cualquier actividad de ese tipo. “La Corte de distrito (el juez Griesa) abusó de su discreción al emitir las órdenes”, destacó la Corte de Apelaciones. En los considerandos de ese fallo también destacó que la Constitución argentina requiere que el Estado provea “seguridad social a sus ciudadanos”. Por lo tanto, los fondos, sobre los que las AFJP no tenían derechos de propiedad, eran sólo para proveer beneficios sociales.

Como los fondos buitre apelaron la decisión, el caso llegó a la Corte Suprema que ayer optó por no abrir el recurso al no encontrar violación de los principios constitucionales que rigen en los Estados Unidos. De ese modo, ratificó lo hecho por la Corte de Apelaciones en todos sus términos, volviendo a desautorizar a Griesa. La primera mujer latina de la historia en convertirse en jueza de la Corte, Sonia Sotomayor, no tomó parte en la petición ni en el proceso, por haber conformado la Cámara de Apelaciones que en octubre revocó el pedido.

De este modo, las alternativas a las que pueden apelar los fondos buitre disminuyen y al mismo tiempo se fortalecen las chances del próximo canje de deuda que el Ministerio de Economía está terminando de diseñar para contemplar la situación de quienes decidieron quedarse afuera en 2005. La expectativa oficial es ponerles un punto final a los reclamos con esa oferta, que contemplará una quita al menos igual a la realizada en la última renegociación. Sin embargo, hay fondos que seguramente volverán a rechazar el convite a la espera de una próxima oportunidad para solicitar embargos, aunque ya no podrá ser sobre los fondos de la Anses.