“El Gobierno va a dar pelea”, vaticinó un ministro que dice conocer al detalle la personalidad de la Presidenta; también la del diputado Néstor Kirchner. “Tenemos instrumentos y el superávit este año va a ser mayor a lo esperado”, agrega el funcionario para justificar su pronóstico. El ministro conoce historias del matrimonio presidencial desde sus años de juventud en La Plata. Ayer, tras el día más difícil del oficialismo desde la sesión en Diputados del 3 de diciembre –cuando la votación dejó la mayor parte de las comisiones en manos de la oposición– en el Ejecutivo se dedicaron a analizar los costos y las consecuencias de lo que sucedió en el Senado. La principal preocupación giró en torno de lo que podría pasar con el último DNU que firmó CFK, por el cual se ordenó el uso de reservas para pagar deuda a los tenedores de bonos argentinos. En medio de un clima de inquietud, en la Casa Rosada comenzaron a prepararse para los dos escenarios posibles que viene fogoneando la oposición: el intento de paralizar el pago con reservas a través de la Justicia, o la alternativa de frenar el canje a través del Congreso.

“El DNU está en riesgo”, reconoció anoche una alta fuente del Ejecutivo que aceptó dialogar con Página/12. Tras repasar el panorama adverso con el que están lidiando, en el Gobierno decidieron concentrarse en lo más urgente. Optaron por prepararse para la eventualidad que consideran más inquietante: que la Justicia del fuero Contencioso Administrativo Federal vuelva a imponer una medida cautelar que frene los pagos de deuda realizados con reservas. “Si los jueces de primera instancia deciden que en este último decreto de necesidad y urgencia hay identidad de objeto con el DNU 2010 (el decreto que fue derogado por la Presidenta), nuestra suerte está echada. Y es difícil que los jueces resuelvan de otra forma, porque ellos (la oposición) controlan el Consejo de la Magistratura y tienen chances de ser gobierno en 2011. Muchos jueces van a pensar que si fallan de otra forma los destituirán”, analizó ante Página/12 un miembro del Ejecutivo que no podía ocultar su malestar.

En el Gobierno apelarán a un argumento para tratar de evitar el bloqueo del desendeudamiento por vía judicial. El argumento es prestado, porque antes de la apertura de las sesiones ordinarias –mientras el Congreso estuvo de receso– lo supo esgrimir el diputado radical Ricardo Gil Lavedra. A principios de enero, luego de que el Ejecutivo intentara llevar a la práctica el Fondo del Bicentenario con el DNU 2010, Gil Lavedra instó a que la Justicia interviniera con el argumento de que el Parlamento no estaba en funcionamiento. “Ahora que el Congreso está en sesiones ordinarias, no es necesaria la judicialización”, razonó una fuente calificada del Ejecutivo con experiencia en asuntos jurídicos. Ayer por la tarde, tras asistir a un acto en Misiones, la Presidenta se reunió en la Rosada con el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

Respecto de la otra alternativa que maneja la oposición –rechazar el decreto en las dos cámaras del Congreso–, en el Gobierno descuentan un panorama naturalmente esquivo: tanto en Senado como en Diputados el oficialismo quedó en minoría. En la Rosada saben que para impedir el rechazo del DNU deberán aprovechar todo el tiempo que reste hasta la votación en ambos cuerpos. La idea es responsabilizar a la oposición por los eventuales costos económicos que acarrearía una clausura definitiva de las reservas para pagar deuda. “Lo de la oposición está lindante con la traición a la patria. Impedir el uso de reservas para pagar deuda obligaría al Estado a endeudarse con tasas de intereses del 13 al 15 por ciento. Eso le costaría al país mil millones de dólares. No se puede creer lo que están haciendo: los mismos que generaron la deuda ahora no dejan desendeudarse al Gobierno que hizo bajar la relación deuda/PBI del 162 al 39 por ciento”, cuestionó un alto funcionario del oficialismo.

En el Ejecutivo están decididos a resistir. Suponen que el objetivo de la oposición es obligar al matrimonio presidencial a implementar un ajuste, forzarlos a hacer cambios en las políticas macroeconómicas. “Quieren impedir que podamos destinar recursos ordinarios del Presupuesto para implementar un programa de inversión como el que ya existe en Brasil. Quieren quedarse con las reservas para gobernar después del 2011 con 70 mil millones de dólares en el Banco Central. Y también quieren que nosotros nos vayamos”, concluyó ante Página/12 un ministro que, como buena parte del Gobierno, se prepara para tiempos difíciles.