El heterogéneo grupo político que compone la oposición en el Senado logró ayer aprobar el dictamen de un proyecto de ley que dispone la coparticipación total de los ingresos generados por el denominado impuesto al cheque. La iniciativa busca que las provincias obtengan un piso no menor al 34 por ciento de lo recaudado por la alícuota “sobre los créditos y débitos y demás movimientos bancarios”. No obstante, la reforma que impulsa la oposición prevé que se haga conforme a las disposiciones de la ley 23.548 sobre Coparticipación Federal de Impuestos, la cual establece que la provincias reciban el 54,66 por ciento. El proyecto obtuvo las firmas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Coparticipación, sin la participación de ningún senador del oficialismo. En este proceso, el “autoritarismo de la mayoría” o “la necesidad de consensos” no formó parte del discurso de legisladores de la oposición.

El proyecto consta únicamente de un artículo que sustituye y modifica la distribución de lo recaudado por el gravamen a débitos y créditos con entidades financieras, conocido como el impuesto al cheque. Previamente se conformaron las comisiones en el Senado. La de Presupuesto y Hacienda es presidida por el oficialismo, pero se nombró como su vice al radical Roy Nikisch. En Economía Nacional se designó al frente de la comisión a la cobista Laura Montero; y en Coparticipación a Carlos Verna (del PJ disidente). Una vez reunidos impulsaron el proyecto de ley y citaron al ministro de Economía, Amado Boudou, para interpelarlo frente al pleno de la Cámara de Senadores.

Los senadores no consensuaron un proyecto, sino que reunieron a algunos que ya habían sido presentados, incluso por senadores del oficialismo. Ese rejunte de iniciativas incluía propuestas de Nikisch, Luis Viana (FpV), Roxana Latorre (PJ disidente) y de Juan Carlos Marino y Pablo Verani (radicales). Estas se reunieron en un proyecto de ley para distribuir entre la Nación y el conjunto de las provincias “el total de lo recaudado”, de acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación.

Según esta ley (que fue sancionada en 1988), el monto de lo recaudado por cualquier impuesto deberá tener una distribución primaria del 42,34 por ciento para la Nación; 54,66 por ciento, las provincias; el 1 por ciento se orienta al fondo de aportes del Tesoro nacional a las provincias; y el 2 por ciento al recupero del nivel relativo de ciertas provincias. La norma establece además un piso mínimo de garantía, que “no podrá ser inferior al 34 por ciento de la recaudación”.

El presidente de la Comisión de Coparticipación recordó en su exposición que la pauta presupuestaria de este año prevé una recaudación de 10.307 millones de pesos por ese tributo. Verna aseguró entonces que este ingreso les correspondería a las provincias, tras lo cual confirmó que este proyecto será debatido en la próxima sesión del Senado. Por su parte, el senador (PJ disidente) Juan Carlos Romero manifestó que quienes fueron alguna vez gobernadores saben lo “injusto” que es el tratamiento actual que se le da a la coparticipación. “Los recursos se distribuyen a criterio del Poder Ejecutivo. Esto no es un mezquino proyecto para quitarle recursos al Estado”, agregó Romero. En tanto, el radical Ernesto Sanz acusó a la Nación de quedarse “con 9000 millones de pesos de manera ilegal de las provincias”.

Mediante la denominada Ley de Competitividad, en marzo del 2001, se fijó una alícuota sobre los créditos y los débitos del 6 por mil. Al año siguiente se estableció que el 30 por ciento de los producido por el impuesto formaría parte de la masa coparticipable. De esta manera, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben sólo el 14,98 de lo recaudado. El proyecto busca, entonces, según los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación, integrar el ciento por ciento de lo generado por el impuesto. Es por eso que los senadores aducen la pérdida de 29.128 millones de pesos desde el 2001 a la actualidad, a causa de la diferencia de criterios utilizada.