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Para Ecolatina, la consultora creada por Roberto Lavagna y que mantiene una clara afinidad con el actual ministro de Economía, cuya gestión viene apoyando cada vez más enfáticamente en sus periódicos informes, de modo similar a como hacía la Fundación Mediterránea con Domingo Cavallo, el 2003 hereda una serie de cuestiones estructurales irresueltas, que impiden calificar como estable el equilibrio alcanzado en los últimos meses. En gran medida, las cuestiones de fondo recién serían encaradas por el gobierno que suceda al actual, que no introduciría ya grandes cambios respecto de lo visto. Los asuntos pendientes al inicio del nuevo año son enumerados por Ecolatina en los términos que a continuación se resumen:
- Negociación con los organismos internacionales de crédito. La importancia del acuerdo que se espera con el Fondo Monetario no radica en el desembolso de fondos frescos sino en la obtención de una especie de certificado de calidad para la política económica argentina. La negociación de largo plazo, acordando pautas macroeconómicas cumplibles, quedará como tarea para el futuro gobierno. Mientras tanto, el acuerdo de corto plazo despejaría la incertidumbre sobre el nivel de reservas, estabilizando la política monetaria y los niveles de precios y de tipo de cambio.
- Reestructuración de la deuda pública y privada. Aunque en el punto anterior se presenta el acuerdo con el FMI como una condición para iniciar el proceso de reestructuración de la deuda con el resto de los acreedores, la consultora se limita aquí a consignar que la deuda pública totaliza 115 mil millones de dólares, magnitud suficiente como para deducir que las condiciones que se logren en la refinanciación (quita de capital, reducción de intereses, período de gracia inicial y distribución de las amortizaciones en el tiempo) determinarán las necesidades de financiamiento del sector público durante los próximos años y los flujos netos de divisas.
- Ajuste fiscal estructural. En materia fiscal queda pendiente la tarea fundamental –e imposible de encarar en un gobierno de transición– de reestructurar las partidas de gasto público y sancionar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
- Resolución del “corralón”. El stock de depósitos reprogramados se aproximaría a $ 15.200 millones a este fin de diciembre, y superaría los 21 mil millones si se les aplica el ajuste por CER. Ecolatina se limita a consignar que la forma de resolución que finalmente se adopte para estos depósitos impactará sobre las necesidades de liquidez de los bancos, y puede en última instancia afectar la pauta de emisión monetaria del Banco Central para los próximos años. Al respecto, la consultora plantea dos escenarios extremos. En uno, los ahorristas mantienen su actual predisposición a redepositar los fondos que recuperan, y en consecuencia no se alteran las metas de emisión que se trazó el BCRA, impactando mínimamente sobre el dólar y la inflación. En el otro, considerado poco probable, la Corte ordena redolarizar los depósitos y devolverlos al contado. En ese caso, y si una mayoría de depositantes retira sus fondos del sistema, los bancos enfrentarían necesidades de liquidez superiores a sus reservas, teniendo que ser auxiliados por el Central, mientras aumentan las tasas de interés para atraer más dinero hacia el sistema bancario. Esto podría provocar fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la tasa de inflación. Todo será menos traumático si la redolarización se instrumenta a través de la emisión de bonos. El costo fiscal de este proceso dependerá de la compensación que el Estado conceda a los bancos por la despesificación de sus depósitos.
- Reestructuración del sistema financiero. Sólo una vez que se conozca el verdadero valor de los títulos públicos que mantienen en sus carteras (es decir, después de la renegociación de la deuda pública) los bancos podrán iniciar una refinanciación integral de sus compromisos, que suman cerca de 15 mil millones de dólares por Obligaciones Negociables y líneas de crédito de bancos del exterior. Ello permitirá a su vez un restablecimiento significativo del crédito, con fuerte impacto sobre el nivel de actividad. Mientras tanto, sólo cabe esperar la reaparición de líneas de crédito puntuales para las empresas más solventes, ligadas al sector externo, y algunas pocas vinculadas con la sustitución de importaciones. Por ende, hasta entonces habría acotadas posibilidades de utilizar los recursos ociosos de la economía y lograr un repunte más vigoroso de la actividad.
- Renegociación de las tarifas públicas. Un aumento promedio de 10 por ciento sólo hará subir 1,2 por ciento el índice de precios al consumidor (IPC). La rediscusión a fondo de los contratos quedará para el próximo gobierno.
- Relajamiento de los controles de cambio y de capitales. Aun cuando las restricciones a la salida de capitales y la activa intervención estatal en el mercado cambiario fueron una pieza clave en la estabilización del dólar durante el segundo semestre, la normalización de la economía exige aflojar progresivamente esos controles. Esto permitirá en el corto plazo aproximarse a una demanda de dólares genuina, moderando la inyección de pesos por parte del BCRA. En el más largo plazo, esa medida enviará una señal positiva para la recuperación de la inversión extranjera en el país. Sin embargo, no puede esperarse una eliminación total de los controles, ni siquiera en el mediano plazo, porque la confianza en las instituciones argentinas sólo se podrá recrear lenta y gradualmente luego del fenomenal quiebre que sufrió el país entre finales de 2001 y principios de 2002. De todas maneras, el relajamiento progresivo de las restricciones irá moderando el saldo positivo de la cuenta corriente del balance de pagos, con algo de menor acumulación de reservas internacionales por parte del BCRA y una volatilidad algo mayor en el dólar, respecto de la observada en los últimos meses.
- Profundización del Mercosur. El bloque debe ser repotenciado, no sólo en materia comercial sino como instrumento de negociación internacional. Debe ser visto como un único mercado interno, que permita el desarrollo de nuevas actividades y especializaciones productivas, que sirvan como base de un proceso de integración cada vez mayor.