El conglomerado opositor logró una media victoria sobre el oficialismo. El famoso Grupo A –UCR, PJ disidente, Coalición Cívica, PRO, Proyecto Sur, PS, entre otros– consiguió la media sanción para limitar la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas presupuestarias, los famosos superpoderes. El resultado fue 136 votos para la oposición contra 90 del oficialismo, que recibió el apoyo de Nuevo Encuentro, el partido liderado por Martín Sabbatella. La iniciativa que ahora deberá volver a la Cámara alta propone que toda readecuación presupuestaria pase por el Congreso. Además, todos los excedentes, ya sea por recaudación fiscal o superávit de cualquier organismo del Estado, como la Anses, el BCRA o el Banco Nación, deberán ser fijados por el Parlamento. Para el oficialismo, esto es una forma de entorpecer la gestión de gobierno.

“La movilidad de recursos hace a la gestión diaria de un gobierno. Si cada vez que tengamos que mover una partida deberemos consultar al Congreso, podremos quedar presos de un Parlamento opositor. De esto saben los legisladores que alguna vez ocuparon un cargo ejecutivo en sus provincias. El límite del 5 por ciento que proponíamos en nuestra iniciativa era una medida prudente”, afirmó Agustín Rossi durante el debate.

El año pasado, el FpV logró la media sanción en el Senado de un proyecto para limitar el uso de los superpoderes al cinco por ciento del total de recursos del Presupuesto. Fue una iniciativa presentada en medio de las negociaciones por la prórroga de las facultades delegadas –que este año deberán ser debatidas antes del próximo 24 de agosto–. Si bien el oficialismo había conseguido la media sanción –por 38 votos a favor contra 24–, todo quedó frenado en Diputados, ya que la oposición no tuvo intenciones de tratar ese proyecto.

Ayer el Grupo A pudo zanjar, momentáneamente, sus diferencias y aprobar su iniciativa. Antes de comenzar la sesión, el “lilito” Adrián Peréz negoció con Claudio Lozano algunos cambios en el dictamen de la oposición, para conseguir el voto de la centroizquierda, que había presentado un dictamen en minoría durante el debate en la Comisión de Presupuesto.

Las negociaciones duraron poco. El representante de la Coalición Cívica aceptó modificar su iniciativa e incluir además del control de los recursos excedentes por recaudación tributaria, todos los excedentes que surjan de los organismos del Estado. “Este año el Ejecutivo tendrá 40.000 millones más. Nosotros vamos a decir cómo deben utilizarse”, aseveró Pérez. De las negociaciones entre el lilito y Lozano también se eliminó un artículo relacionado con la ley de responsabilidad fiscal. “Si bien el Ejecutivo utilizó en los últimos seis años menos del 5 por ciento de readecuación presupuestaria, hubo 148.000 millones de excedentes que no tuvieron control. La expansión de los subsidios pasaron por esta vía”, argumentó Lozano, integrante de Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas.

No toda la llamada centroizquierda votó en bloque. El partido Nuevo Encuentro acompañó el proyecto que ya tenía media sanción.

“No se le puede impedir a un gobierno que fije a través de un DNU, que es una facultad constitucional, el destino de los fondos excedentes. En este sentido, sí coincidimos en controlar esos fondos a través de la ley que regula el uso de los DNU”, afirmó Sabbatella a Página/12. Por otro lado, Nuevo Encuentro propuso que no se modificaran las partidas “sociales”.

Uno de los discursos más duros fue el del radical Oscar Aguad. Según su visión, los llamados “superpoderes” son la explicación de “la falta de inversiones en el país”. “El Presupuesto es la hoja de ruta para los inversores privados. Cuando se lo falsea, se caen las reglas de juego. Esto se ve claramente en el sector energético, donde faltan inversiones, ya que el Estado decide subsidiar en vez de promover la llegada de capitales”, manifestó Aguad, casi como un adelanto de lo que será el debate de la ley de leyes.

En términos políticos, fue una derrota para el oficialismo. Ahora la pelota vuelve al Senado. “Los cambios se negociarán punto por punto. Ahora estamos en una situación de empate virtual y nadie tiene garantizada la mayoría, como ocurrió en otros proyectos”, afirmó a este diario una fuente del bloque oficialista en el Senado.

“La movilidad de partidas hace a la gestión diaria de un gobierno. El 5 por ciento de readecuación –que es el mismo límite que tiene la ciudad de Buenos Aires– es una medida prudente. Con esta herramienta, el año pasado el Gobierno pudo redistribuir 470 millones de pesos para aumentar las compensaciones a los tamberos y 2169 millones para incrementar prestaciones de la Anses. Esperemos no quedar presos de un Congreso opositor”, concluyó Rossi.