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La financiación a gobiernos de países en desarrollo funcionó, durante más de dos décadas, al revés de lo que sucede con los créditos en el sector privado: solía ser mejor negocio para el prestamista que el deudor no pagara en vez de que cumpliera prolijamente sus compromisos. Así sucedió sistemáticamente con los préstamos del FMI: buscaban condicionar con sus créditos al país deudor a que aceptara sus “recetas económicas”, cumpliendo así su papel de custodio del modelo y de su aplicación en países dependientes. También resultaba un gran negocio para los bancos acreedores seguir cobrando intereses altísimos en forma permanente mientras la deuda de capital seguía vigente: era como un reaseguro de renta permanente. Más negocio aún era para los bancos y entes colocadores de deuda, que cobraban millonarias comisiones por cada refinanciación de vencimientos. Y cuanto más frecuente fueran estas reestructuraciones de deuda, mejor para ellos.

Este “sistema” de saqueo funcionó casi sin fisuras durante dos décadas en Argentina, entre 1980 y el 2001, pero desembocó en el default de diciembre de este último año. Tan inevitable como previsible. Ayer, el ministro Boudou tuvo una frase referida a esa época que viene a cuento de lo que aquí se relata: “El blindaje, el megacanje, los créditos stand by involucraban compromisos incumplibles, acuerdos de mala fe, porque se sabía que no iban a pagarse”. El blindaje es una operación de noviembre/diciembre de 2000: fue una refinanciación de deuda por 38 mil millones con aportes del FMI, el BID, el Banco Mundial, bancos privados y el gobierno de España. Apenas seis meses después (mayo/junio de 2001) fue necesario recurrir al Megacanje para volver a bicicletear pagos. Vencimientos por 12.799 millones de dólares de corto plazo que se canjearon por compromisos a vencer entre 2006 y 2031 por 55.405 millones de dólares (más de cuatro veces la cifra original), aparte de las comisiones que cobraron David Mulford y otros amigos del entonces ministro Domingo Cavallo.

En estas últimas operaciones el presidente era Fernando de la Rúa. Los acuerdos stand by de la década del ’90, que comprometían revisiones trimestrales del FMI sobre las cuentas y políticas públicas, con poder de veto, se firmaron bajo el gobierno de Menem, que además carga con la responsabilidad por el Plan Brady, que le agregó otra montaña de deuda al país a cambio de nada.

Gobiernos, ambos, tan legítimos como los que tienen hoy Alemania o Estados Unidos, cuyas autoridades defienden a los ejecutores de esta política depredadora a través del mercado financiero internacional hasta nuestros días (aunque ahora sobre países periféricos europeos, no sobre los nuestros). Timothy Geithner, actual secretario del Tesoro de Barack Obama, era en octubre de 2000 el subsecretario de Asuntos Internacionales del gobierno de Bush que monitoreó y dio el visto bueno al Blindaje en beneficio (¿?) de la Argentina. Era su especialidad: los “paquetes de salvataje” para países emergentes, artesanías para las que contaba con la colaboración de Robert Rubin y Larry Summers, dos ex secretarios del Tesoro de Bill Clinton.

Políticos que acompañaron o alentaron aquellos gobiernos de la Argentina hoy condenan el pago de una deuda que califican de “ilegítima”. Una calificación con la que se pretende deslegitimar al actual gobierno, pero sin deslegitimar a los que aplicaron aquellas refinanciaciones nefastas.

Afuera del canje quedaron los “fondos buitre”, con bonos por 4500 millones de dólares de la “vieja” o “defaulteada” deuda, más 1730 millones de “inversores minoristas” dispersos. Los fondos buitre habían apostado a llegar a una negociación con un país de rodillas, sometido al riesgo de embargo de cualquier bien que asomara fuera de sus fronteras. No resultó así, y ahora seguirán su pelea en tribunales neoyorquinos. En su caso, sí se comprende el disgusto con la amplia aceptación del canje.