Después de más de cuatro horas ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el ex embajador de Venezuela Eduardo Sadous no fue más allá de la declaración que realizó en tribunales sobre los supuestos hechos de corrupción que habrían atravesado la relación comercial entre Argentina y el país caribeño. A pesar del carácter secreto del encuentro, oficialistas y opositores hicieron balances diferentes sobre el paso del diplomático por el Congreso. Para el kirchnerismo, los dichos de Sadous fueron igual de “inconsistentes” que ante la Justicia y no ameritan que el Parlamento los investigue. Desde la oposición consideraron las declaraciones de Sadous como “absolutamente creíbles” y confirmaron la existencia de una “embajada paralela”, e intentarán avanzar hoy en la estrategia para conformar una comisión parlamentaria investigadora de toda la relación comercial con Venezuela y citar al ministro de Planificación, Julio De Vido.

“Ustedes saben que la reunión es secreta, pero hemos estado analizando durante cuatro horas y media aspectos de la relación con Venezuela y hemos tratado de avanzar en todas las cuestiones que nos generaban dudas”, dijo a los periodistas el presidente de la comisión, Alfredo Atanasof, al término de la reunión con Sadous. Sin embargo, el diputado del peronismo disidente consideró la presencia del diplomático como “muy importante” porque el Parlamento “ha podido tomar conocimiento en profundidad de un asunto que mucho nos preocupa”.

Antes, otra peronista anti K, Graciela Camaño, fue mucho más contundente en la apreciación sobre las respuestas de Sadous. En una de sus salidas de la reunión, Camaño sostuvo que la información que brindó el ex embajador como respuesta al cuestionario de los legisladores fue “sólida”, “verosímil” y “absolutamente creíble”.

Adentro de la sala del tercer piso del anexo de la Cámara baja, ya con Sadous frente a los diputados, los legisladores insumieron casi una hora en un debate sobre la supuesta “contradicción” de imponer la confidencialidad del encuentro y la obligación de un funcionario público de denunciar cualquier delito. A pesar del carácter de “secreta” que se dio a la reunión, casi ningún diputado se privó, aunque siempre off the record, de hacer su balance de lo sucedido puertas adentro.

Para casi todo el arco opositor, Sadous “ratificó” su declaración ante la Justicia y sus dichos fueron “un calco” del expediente judicial que inició con su denuncia el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán. “Estamos haciendo que el Parlamento cumpla una función de tipo de control parlamentario y político”, afirmó el propio Morán sobre la presencia de Sadous en al comisión legislativa.

El ex embajador en Venezuela habría confirmado ante los diputados los seis cables diplomáticos con que desde el 21 de noviembre de 2004 y el 7 de enero de 2005 había dado cuenta a la Cancillería, que entonces encabezaba Rafael Bielsa, del faltante de entre 63 y 91 millones de dólares del “fideicomiso” con que se manejaba la relación comercial con Venezuela. Aunque el diplomático también reconoció que el dinero había sido repuesto.

Para los denunciantes, el dinero era “utilizado en la timba financiera” para ganar intereses de los que se habrían aprovechado los funcionarios ligados a las relaciones comerciales bilaterales. Además de haber generado “un faltante de 13 millones de dólares”.

Otros opositores aseguraron que el ex embajador dio “nombres de las empresas” argentinas que habrían participado de acuerdos económicos que exigían el pago de comisiones extras de entre el 15 y el 20 por ciento; que a pesar de que “el fideicomiso lo manejaba Venezuela, la participación de las empresas en la negociación comercial con ese país debía tener la autorización del Ministerio de Planificación, que comanda De Vido”.

Afirmaciones que para el núcleo duro opositor “confirman la existencia de una embajada paralela” y habilitan la convocatoria a la comisión del ministro. “Julio De Vido es el próximo que deberá declarar en el Congreso por los negocios con Venezuela, porque es un funcionario clave para entender cómo se llevó adelante esa relación bilateral, cuya parte más sustantiva, la de los negocios, no pasaba por Cancillería”, sostuvo el diputado de la CC Adrián Pérez, a través de un comunicado difundido antes de la presencia de Sadous en el Congreso.

Pérez se adelantó así al acuerdo que ya había sellado el “Grupo A” en Diputados para citar a De Vido y al ex director del Occovi Claudio Uberti. Incluso tienen previsto para hoy un encuentro donde la UCR, el PJ disidente, la CC y el macrismo comenzarán a delinear el trazo fino para conformar una comisión parlamentaria investigadora de toda la relación comercial con Venezuela.

Un encuentro del que también participará Atanasof, donde consensuará incluso con el resto del arco opositor si remitirá o no a la Justicia la versión taquigráfica de la reunión secreta de Sadous con los diputados. Aunque hay otros opositores que consideran que la copia debe conformar las primeras fojas de la comisión investigadora.

El oficialismo, en cambio, hizo un balance diferente. En el bloque K insistieron en las “inconsistencias” de la declaración del ex embajador, tanto ante el juez federal Julián Ercolini como frente a los diputados. “Hace referencia a dichos sobre diferentes temas sin precisiones de ninguna naturaleza”, afirmaron.

Para los diputados oficialistas, el ex embajador admitió que el comercio con Venezuela se había incrementado notablemente, incluso durante su gestión, por lo que fue condecorado por el Gobierno de ese país. “Sadous tampoco negó que conocía –según los legisladores kirchneristas– sobre la conformación mixta para avanzar en la relación comercial y de la que participan tres o cuatro ministerios, por la diversidad de los productos que se vendían a Venezuela y que involucran a organismos estatales como el INTA, el Invap.”

Un mecanismo que conocía el ex embajador y que se implementó a partir de una cumbre en la isla Margarita, de la que participaron empresarios argentinos de diversas ramas industriales, como la de maquinaria agrícola y equipamiento médico de alta complejidad.

Pero los oficialistas se encargaron de remarcar que la cuenta que se formó con el pago por el fuel oil que se importaba desde Venezuela, “para abastecer a las centrales generadoras de energía”, se volcaba a la compra de productos argentinos, pero que su manejo estaba en manos de los funcionarios venezolanos. Algo que Sadous “reconoció cuando envió información sobre el faltante de dinero en la cuenta, que después fue devuelto”.

El diplomático también habría admitido que en 2002, cuando asumió la embajada en el país caribeño, ya existían traders (empresas intermediarias) asociadas al gobierno venezolano en el comercio internacional y que cobraban una comisión del 15 por ciento por contrato. “Nadie cobra una coima por contrato”, sentenciaron los oficialistas.

El oficialismo consideró que los dichos de Sadous apuntaban a la actitud de los funcionarios venezolanos, y que “eso no puede ser motivo de investigación del Congreso argentino”. Por eso, los diputados oficialistas consideran que el intento opositor de crear una comisión investigadora sólo apunta a “buscar un escenario político y mediático para cuestionar al Gobierno” y “deteriorar la relación comercial con Venezuela”.