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En San Juan, la avanzada del sector más conservador de la jerarquía católica parece haber encontrado resquicios para influir sobre el Estado. Un día después de haber anunciado lo contrario, el Ministerio de Educación provincial dispuso que alumnos y docentes que participen mañana de la marcha contra la ampliación del matrimonio civil tendrán “falta justificada” y no recibirán sanciones. Tras haber conocido “por trascendidos” que algunas instituciones privadas instaban a asistir, la ministra Cristina Díaz se había declarado “en contra de que la escuela convoque a un acto como éste”, en referencia a “esta juntada” convocada por la curia y sectores evangélicos. Le siguió un día de presiones del arzobispo provincial, Alfonso Delgado, quien dio a conocer un comunicado al tiempo que el gobernador, José Luis Gioja, declaraba públicamente: “No estoy de acuerdo con lo que hicieron los diputados”, en referencia a la media sanción con que cuenta ya el proyecto. Ayer, Educación dio marcha atrás: las ausencias serán consideradas “faltas justificadas”.

La avanzada sucede en vísperas de la llegada de la Comisión de Legislación General del Senado que, en una Legislatura escoltada por el rebaño del obispo Delgado, se constituirá en la provincia para escuchar opiniones locales sobre el proyecto. El Concejo Deliberante del pueblo sanjuanino 9 de Julio adelantó ayer la suya mediante una ordenanza que rechaza el proyecto porque el matrimonio entre personas del mismo sexo es “algo que no cabe en mente normal alguna”.

El martes, la ministra de Educación provincial, Cristina Díaz, había anunciado que los alumnos que “no concurran a clases el viernes 25, porque sus padres los lleven al acto” organizado por el arzobispo local Alfonso Delgado, tendrían “falta injustificada”. La ministra se refería así a la manifestación “en defensa de la familia” convocada por el sector más conservador de la Iglesia Católica y grupos evangélicos. “Sería injusto que no fuera así, pensando en los chicos que sí asisten a clases”, había agregado.

Pero ese mismo día el arzobispo Alfonso Delgado confió, en un comunicado de prensa, en que “no habrá ningún inconveniente en que docentes y alumnos de escuelas de gestión pública o privada que –libremente y con convicción ciudadana– lo soliciten, puedan asistir sin ningún tipo de problemas al acto cívico frente a la Legislatura (...) lo mismo que empleados públicos y de varias empresas privadas que también lo requieran”. Para reforzar su argumento, Delgado recordó que “hace pocas semanas, se otorgó un asueto masivo para asistir al acto cívico” vinculado con el Bicentenario, “también se otorgó asueto por el feriado nacional” del 20 de junio y “es sabido que los alumnos de las escuelas pueden faltar o llegar tarde a clases (...) para ver los partidos del Mundial en que juega Argentina”. En un velado desafío a la que era, hasta entonces, la decisión del Estado, el jerarca religioso agregó: “Reitero a todos los que libremente quieran asistir a no dudar en hacerlo, a pesar de alguna dificultad burocrática que pudiera presentarse”. Poco después, Gioja dio a conocer su opinión. Los senadores nacionales por San Juan, César Gioja, Marina Riofrío y Roberto Basualdo ya habían anticipado que votarán en contra.

Ayer, en un comunicado oficial, Educación rectificó su disposición, anunció que se computará “falta justificada” y no habrá sanciones. El cambio sobrevino tras una reunión con el gobernador.