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El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch se convirtió en el segundo piloto de la Armada procesado con prisión preventiva luego de confesar en privado su actuación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura. El juez federal Sergio Torres destacó “el incesante trabajo” de sus defensores en Europa y en Argentina para “destruir la acusación por todos los medios”, pero priorizó los testimonios de los pilotos de la aerolínea Transavia que recibió de primera mano en 2008 en la embajada argentina en el Reino de los Países Bajos. Torres procesó a Poch por 615 secuestros agravados, le embargó bienes por 615 millones de pesos y ordenó que aguarde el juicio en la cárcel de Marcos Paz.

La confesión que cambió la vida de Poch fue el 2 de diciembre de 2003 en el restaurante Gado-Gado, en la isla de Bali, Indonesia. Según el primer testigo, Poch contó cómo desde “abordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida”. Dijo que eran “terroristas” y que “eran tiempos de guerra”. Defendió el método como “una manera humana de ejecutar a la gente” y aclaró que “estaban drogados”. El segundo testigo declaró que escuchó la confesión de terceros. Ante la consulta, Poch le aclaró que se refería a “nosotros” por los pilotos de la Armada, pero negó su participación. El tercer testigo fue categórico: Poch “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar” y “estaba enojado por no haberse percatado de haber arrojado a niños y personas muy jóvenes”. Cuando le planteó lo terrible de vivir con tantos muertos en el haber, Poch le explicó que “lo creía justo” porque “eran terroristas de izquierda que no merecían algo mejor y que había sido una forma humanitaria de ejecutarlos porque habían sido drogados”.

“Había tomado un poco de alcohol” pero “estaba lúcido”, explicó Poch en la primera de sus tres extensas declaraciones indagatorias, luego de ser extraditado desde España. Su estrategia se centró en desacreditar a los testigos. Al primero lo definió como un “lunático y obsesivo” que lo discriminaba porque “es un xenófobo que no aceptaba a pilotos extranjeros”. Del segundo dijo que es “un mentiroso y megalómano porque siempre quiere ser el centro”. Sobre el tercero admitió que “siempre tuve una buena relación”, pero sugirió que lo convencieron para que mintiera. Poch le aseguró al juez que “siempre respeté los derechos humanos” y que los crímenes de lesa humanidad “van contra mis principios morales y cristianos”. Se explayó sobre su especialización como “piloto de caza y ataque” y su incapacidad para pilotear aviones de carga. Auxiliado por los penalistas Gerard Spong, en Europa, y Gerardo Ibáñez, en la Argentina, el imputado presentó declaraciones de colegas de Transavia ante un escribano para certificar su silencio sobre su actuación en la dictadura como la tergiversación de sus dichos en Indonesia.

Torres desbarató en un escrito de 757 fojas los argumentos del imputado. Minimizó “el efecto de los celos profesionales o la envidia”, sostuvo que si no sabía volar aviones de carga bien pudo haber participado como tripulante y diferenció “el impacto inesperado y tal vez imprevisto” de la confesión “en un contexto sociocultural” diferente al argentino. El juez dejó constancia de que los vuelos se ejecutaron desde “distintos aeropuertos o bases militares” y que se usaron aviones pero también helicópteros que partían desde la propia ESMA. El primer piloto procesado por su actuación en los vuelos es el capitán Hemir Sisul Hess.

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