El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, instruyó a todos los actores involucrados en la comercialización de las garrafas sociales en tomar las medidas necesarias para que los comercios minoristas puedan venderlas con los precios acordados en octubre de 2008. Esto ocurrió ayer durante una reunión de la que participaron el secretario ejecutivo del Enargas, Antonio Pronsato, los productores, fraccionadores y distribuidores del sector y el propio Moreno. El Gobierno reconoció que el problema está en el sector “no regulado” (los comercios), donde se “acopian las garrafas y en algunos casos se incrementan sus precios”, tal como denunció esta semana la Defensoría del Pueblo de la Nación. Moreno advirtió que los comerciantes que especulen con el acopio “quedarán inhabilitados para vender garrafas”. También se convocó a estaciones de servicio, hipermercados, supermercados y grandes comercios para habilitarlos como nuevos puntos de venta y se abrió una línea telefónica gratuita para que las intendencias denuncien cualquier tipo de irregularidad.

La garrafa social tiene un precio de venta fijado por la Secretaría de Energía que oscila entre los 16 y 25 pesos, según su tamaño. Así se fijó en 2008 a partir de una resolución del organismo público, momento en que se creó el programa Garrafas para Todos. Los precios de este insumo básico para el calefaccionamiento de muchos sectores de la sociedad seguirá siendo el mismo. Sin embargo, se establecerán más controles para cumplir con el programa y garantizar su llegada al público.

“La reunión fue para accionar contra aquellos que están tratando inescrupulosamente de vender la garrafa a un precio mayor que el que figura en el acuerdo”, indicó Pronsato a través de un comunicado.

Por su parte, la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) envió una carta a la Secretaría de Comercio Interior donde se comprometió a atender los requerimientos para cubrir las solicitudes de garrafas de 10 kg. a 16 pesos por unidad. En su sitio web, la cámara dio cuenta de los 140 lugares distribuidos en todo el país donde pueden encontrarse las garrafas subsidiadas.

“La cadena compuesta por la producción, el fraccionamiento y la distribución del gas en garrafas está funcionando con los controles de las Autoridades de Aplicación y en forma coordinada para abastecer a todos los consumidores”, agregaron desde el Enargas.

Según un relevamiento del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, “7 de cada 10 comercios venden garrafas para familias de bajos recursos con sobreprecios de hasta ciento por ciento”. En función de ello, Comercio Interior ajustará sus controles. Más allá de ello, también buscará ampliar la cantidad de bocas de ventas para las garrafas sociales. En este sentido, Moreno convocó a las estaciones de servicio, hipermercados, supermercados y grandes comercios con superficies aptas, “ajustadas a las normativas de seguridad pertinentes, para poder habilitarlos como puntos de venta de garrafas con el fin de contar con mayor exposición de las mismas y favorecer un mejor acceso por parte de los consumidores”. Como medida complementaria a la ampliación de las bocas de expendio, el Gobierno inhabilitará a aquellos comercios que vendan con sobreprecios.

Quien también participará del control será la Federación Argentina de Municipios, cuyo titular es Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela. Junto a la FAM, la Secretaría de Comercio puso en funcionamiento una línea telefónica de acceso gratuito (08006661518) para aquellas intendencias que detecten inconvenientes en el despacho de garrafas.