El receso de invierno sólo será un respiro para velar las armas con que oficialistas y opositores afrontarán las próximas batallas parlamentarias, donde habrá varios frentes de pelea abiertos. Uno de ellos será la embestida de los bloques opositores para conformar y poner en marcha una veintena de comisiones investigadoras, dedicadas a otros tantos temas: van desde las relaciones comerciales con Venezuela hasta el origen y seguimiento de la deuda pública, pasando por la conflictiva obra del vial costero en el distrito bonaerense de Vicente López. La oposición irá a la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, a principios del mes próximo, con la idea de empezar a discutir la integración de esas comisiones e intentar poner en jaque varias áreas del Gobierno. El oficialismo, en cambio, intentará frenar la conformación de la mayoría de ellas denunciando que “la oposición quiere reducir el funcionamiento del Parlamento a los intereses de sus referentes partidarios o candidatos”.

La disputa por la conformación de las comisiones investigadoras recrudeció durante la última sesión de la Cámara de Diputados, el 14 de julio. Después de un áspero debate, las bancadas opositoras impusieron su mayoría y zanjaron a su favor una interpretación reglamentaria para “emplazar” al presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, y al presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Gerónimo Vargas Aignasse, a una convocatoria “inmediata” de esa comisión. Al emplazamiento se adjuntó la fecha (el 3 de agosto) y un extenso temario con veinte expedientes: todos ellos para conformar comisiones investigadoras surgidas desde casi todos los bloques de la oposición.

En el recinto, Vargas Aignasse rechazó las acusaciones de que el oficialismo pretende “frenar el funcionamiento de la comisión” y sostuvo que los asesores de la misma ya trabajaban en la unificación de los pedidos. Igualmente, recogió el guante y convocó a la comisión especificando el listado de temas prioritarios para la oposición.

Hay cuatro proyectos similares para la creación de una bicameral investigadora sobre “el origen y seguimiento de las negociaciones sobre la deuda pública”: de Proyecto Sur, del socialismo y dos impulsados desde la Coalición Cívica. Otro proyecto apunta a “analizar el desenvolvimiento de las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela desde 2004”, con el aval de la UCR, el PJ disidente, la CC, el PRO, el socialismo y GEN. A este tema no adhirieron los bloques de centroizquierda.

Otros dos proyectos, presentados el mismo día por la CC, son para investigar la actividad de “los juegos de azar”. También hay dos propuestas similares para investigar “hechos que pudieran implicar la restricción y cercenamiento de la libertad de expresión”. Otros dos unifican a radicales, peronistas anti-K, CC, macristas y socialistas sobre la labor de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). La lista también incluye al Indec; la actuación del directorio del Banco Central en medio de la disputa por la expulsión de su ex director Martín Redrado y los DNU para crear el fallido Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento; otros sobre las “denuncias de corrupción que implican a la empresa Siemens y a ex funcionarios”. Tampoco estarían fuera de la lupa legislativa las concesiones del sistema ferroviario y de subterráneos, propuestas por Fernando “Pino” Solanas”; las obras públicas como el vial costero de Vicente López en marco del plan nacional Obras para Todos.

La vocación de la CC a favor de las investigaciones parlamentarias incluye otros proyectos de sorprendente amplitud. Uno sobre las obras públicas y empresas del Estado. Y dos más, sobre “acceso, degradación, contaminación, alteración, tenencia, posesión, uso, goce, aprovechamiento, comercialización y tributación de los recursos naturales”.

Vargas Aignasse insiste en que estas propuestas opositoras van en contra de lo que venía trabajando la comisión sobre modernización parlamentaria, donde existía un principio de acuerdo para reducir el número de comisiones y “jerarquizar” la tarea legislativa. “Hay comisiones permanentes que no se reúnen porque los legisladores no pueden abarcar todas las temáticas en los tres días a la semana en que funcionan. Y ahora quieren crear otras veinte más, para las que tampoco hay tiempo material ni recursos económicos ni empleados”, sostuvo el legislador tucumano ante Página/12. Pero también cargó contra el “objetivo opositor de poner el Parlamento al servicio de sus intereses políticos”. “Si no –insistió Vargas Aignasse–, no se puede entender el doble estándar del macrismo, que empuja las comisiones investigadoras en el Congreso y se niega a conformar una en la Legislatura porteña para que investigue al procesado jefe de Gobierno.”