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Los Derechos de Exportación son una importante herramienta de política económica en manos del Poder Ejecutivo para intervenir en el objetivo de equilibrar la estructura productiva con tipos de cambio diferenciales. Las retenciones son también una notable fuente de ingresos fiscales, un potente factor para ordenar las rentabilidades relativas del sector agropecuario, una adecuada medida para socializar la fabulosa renta de la tierra y, en especial, una imprescindible arma de la política de precios de productos sensibles de la canasta de alimentos. Todos estos destacados alcances han quedado marginados de un debate que se extiende por más de dos años, porque las retenciones adquirieron una característica extraeconómica. En esa puja se dirime una de las principales disputas de poder político, con las correspondientes alianzas sociales que acompañan a cada uno de los actores involucrados y sus respectivos senderos de desarrollo que proponen. Esa tensión ha quedado definitivamente al descubierto en la renovada polémica por las retenciones, ahora derivada al terreno de la segmentación, esquema que en su momento fue rechazado con entusiasmo por los mismos que hoy la promueven. Por eso las retenciones no son una cuestión de supervivencia de productores del campo privilegiado, como confundió y lo sigue haciendo el conglomerado agromediático, ni de controversias sobre sus implicaciones económicas, sino que se han convertido en un símbolo de la pelea por el poder político.

Este rasgo adicional ha contaminado el análisis sobre la importancia económica y social de los derechos de exportación. La forma en que ahora se introduce la propuesta de segmentación sólo colabora en agudizarlo. Sin embargo, es un debate necesario, puesto que el discurso políticamente correcto refiere a la necesidad de segmentar la carga de los derechos de exportación según extensión del predio o volumen de producción para beneficiar a pequeños productores. Uno de los argumentos en ese sentido sostiene que así se frenaría la sojización y se incentivaría la diversidad productiva agrícolo-ganadera. El ingeniero agrónomo Juan Carlos Pavoni, presidente de la asociación civil Alteragro, uno de los profesionales que más ha estudiado e impulsado esa medida, convalida esa idea y agrega que se requiere de “mecanismos compensatorios que tiendan a corregir las asimetrías de rentabilidad, provocadas entre otras cosas por las asimetrías de escala”. La segmentación favorecería entonces “la conservación de nuestros pequeños y medianos productores rurales en su medio natural y en su ocupación ancestral para la que están capacitados”. Ese experto piensa la segmentación como un factor de redistribución operando como un subsidio que compense las diferencias de escala entre los extremos de la producción agropecuaria. Pavoni afirma que “hablamos de un sistema diferenciado y progresivo de aplicación de las retenciones al agro”. Esa redistribución sería hacia adentro del propio sistema productivo agropecuario, gravando en forma diferencial con mayor carga a las mayores escalas de comercialización y con esos excedentes financiar los reintegros para los sectores intermedios y con subsidios a los sectores más vulnerables.

La idea de la segmentación como herramienta redistributiva intersectorial es muy potente en términos de adhesión política. En esa instancia aparecen dos cuestiones del proceso económico que merecen considerarse para precisar el debate: en el capitalismo, la mayoría de los commodities se producen a escala, entre ellas la soja. En otras palabras, para el pequeño productor ese tipo de actividad no brinda la misma rentabilidad que la obtenida por medianos y grandes. Por ese motivo, el pequeño productor sojero casi no existe, porque fue corrido por el mercado ante las necesidades de escala de la producción. Esto explica el fenómeno de los arrendamientos. Al propietario de un campo de pequeñas dimensiones le conviene alquilarlo para que otro produzca a escala. Esto también explica los nuevos sujetos agrarios: la empresa de servicios, el arrendatario y el “pequeño” rentista. Y por lo tanto el doble piso de rentabilidad en la actividad agraria. Eduardo Azcuy Ameguino, director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, calculó que en la zona privilegiada de Pergamino casi el 60 por ciento de la superficie agrícola es trabajada por contratistas, elevándose a un promedio del 80 por ciento para los pequeños productores de hasta 100 hectáreas. Se estima que en los años siguientes ese proceso se ha profundizado aún más.

Si la presencia de pequeños productores de soja es marginal, la propuesta de segmentación que fuerzas políticas impulsan en el Congreso encerraría otro objetivo. Una pista puede encontrarse en los archivos cuando se discutía suspender por seis meses el cobro de retenciones a 22 distritos de la provincia de Buenos Aires declarados en desastre agropecuario. En esos días, el entonces vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Néstor Roulet, alentó a un grupo de productores reunidos cerca del Congreso diciendo que “si les bajan las retenciones a distritos de la provincia (de Buenos Aires), vendemos todo por ahí y listo”. Una eventual segmentación para la soja puede derivar en el milagro de descubrir que en el país se produce a pequeña escala, cuando las condiciones materiales y el desarrollo tecno-productivo revelan que en gran parte se realiza en amplias dimensiones.

Ante esa situación, quienes proponen la segmentación sugieren crear instrumentos eficientes para identificar al pequeño productor. Por lo pronto, hoy no existe un registro de productores, proyecto que los encargados del área agropecuaria de las provincias junto al Ministerio de Agricultura se proponen impulsar. La mayoría de los arrendamientos son contratos de palabra, lo que implicaría primero la necesidad de una formalización, para lo que se requiere una estructura de fiscalización que, además de eficiente, sea aceptada por el sector, lo que no parece tener adherentes teniendo en cuenta la resistencia que concentra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

Respecto de aplicar subsidios por distancia al puerto, Claudio Scaletta, periodista del suplemento Cash y especialista en temas agropecuarios, explica que “cobrarle menos al que está más lejos del puerto rompe todas las leyes económicas, empezando por la renta diferencial de David Ricardo. El que produce más lejos, produce en un campo que cuesta menos. No puede pretender que por la vía impositiva se le equipare la rentabilidad con la zona núcleo. Y esto para no hablar de que no hay que promover la sojización en el noroeste y noreste del país, donde se puede hacer otra agricultura en la que realmente los pequeños productores puedan agregar valor”. Si hoy esos productores tienen una ecuación desfavorable en relación a la zona núcleo, e igual siguen haciendo soja y expandiendo esa frontera productiva, se aceleraría aún más la sojización si se los favorece con subsidios al transporte.

La Mesa de Enlace militó para el rechazo de la Resolución 125 modificada en Diputados, proyecto que incluía la segmentación y subsidios al transporte. Las retenciones ingresaron así en el terreno de la disputa política. Esa alianza social conservadora se anotó una indudable victoria que poco se vinculaba con las cuestiones económicas y sociales derivadas de los derechos de exportación. Hoy, ese triunfo político invita a dirigentes gremiales del campo, representantes políticos y fuerzas sociales que repudiaron con éxito la 125 a un acto de contrición confesando que se olvidaron de que “El Señor castiga la gula”.

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