El sindicato de camioneros y representantes de Siderar acordaron ayer el blanqueo de cerca de 5000 transportistas que trabajan de manera tercerizada para la siderúrgica. Esto permitió descomprimir parcialmente el conflicto entre el gremio y la empresa, el cual sumaba hasta ayer su sexta jornada de bloqueo a las plantas de la firma. Todavía se encuentra en discusión qué sucederá con los aportes que no fueron realizados a estos trabajadores hasta el momento, ya que el primer acuerdo contempla la formalización de aquí en adelante. La empresa reconoció una deuda de sus prestadoras del servicio de transporte por 3,2 millones de pesos en seguridad social. Para continuar con la discusión se dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 16. La formalización se acordó luego de una maratónica reunión que presidió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y del que formaron parte dirigentes del sindicato que conduce Pablo Moyano. En simultáneo, el ministro mantuvo comunicaciones telefónicas con Luis Betnaza, director corporativo del holding Techint.

La cartera laboral intercedió en el enfrentamiento para buscar destrabar posiciones y evitar que las medidas de fuerza implementadas por el sindicato derivaran en desabastecimiento de acero para la industria. Esta situación fue denunciada por entidades empresarias y gremios de actividades afines. Desde el martes pasado unos 2000 camiones bloquean el ingreso o salida de mercaderías en las plantas de Siderar en las localidades bonaerenses de San Nicolás, Ezeiza, Florencio Varela, Ensenada y Haedo.

El encuentro en la sede de Trabajo comenzó a las 16. La negociación “fue trabada” debido a que las partes “no cedían en sus posiciones”, según coincidieron en relatar los presentes. “Tiene que quedar en claro que no se trató de un reclamo de encuadramiento gremial. Se está discutiendo el blanqueo del personal en negro tercerizado”, explicó a este diario un colaborador de Tomada. La empresa buscó desentenderse de la cuestión. “Es un tema del sindicato con Trabajo. Nosotros no somos parte, sólo participamos como apoyo logístico”, se limitó a decir una fuente del Grupo Techint al ser consultada por este diario.

La empresa sostuvo en todo momento no ser responsable de la situación de precariedad de los camioneros que contrataba, sino de la empresa proveedora del servicio. Frente a esa posición, desde la cartera laboral argumentaron con la Ley de Contrato de Trabajo. “Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”, señala el artículo 29 de esa normativa.

Cerca de las 20 lograron un primer acuerdo. Las partes aceptaron un plan de blanqueo para los camioneros. “Queda ver qué pasa de aquí para atrás con los aportes patronales de estos trabajadores”, explicó el colaborador del ministro. La empresa sostiene que el gremio debe hacerse cargo y el sindicato apunta a Siderar. Fuentes de Trabajo informaron a este diario que la siderúrgica le comunicó, como resultado de una auditoría interna, una deuda de las empresas que les brindaban el servicio de 3,2 millones de pesos en seguridad social. El sindicato espera que a eso se sume lo adeudado en obra social, sindicato y ajuste por salarios. Los camioneros en negro cobraban 2000 pesos, contra unos 8000 a que llegan algunos en blanco. Mientras se mantenga el cuarto intermedio no habrá nuevas medidas de fuerza.

Los bloqueos implementados por el sindicato camionero lograron el apoyo de gremios afines, a la vez cosecharon críticas de otros y de entidades empresarias. El secretario general de Uocra de San Nicolás, Carlos Romero, aseguró que de continuar los bloqueos a las plantas siderúrgicas “van a quedar mil compañeros en la calle”. La semana pasada Siderar emitió un comunicado advirtiendo que su producción puede quedar paralizada por los bloqueos. La empresa estima que no pudo distribuir unas 48.000 toneladas de acero. La asociación de industriales metalúrgicos Adimra manifestó a través de un comunicado su “preocupación”. “Medidas de estas características son inadmisibles, ya que un conflicto sindical no puede generar perjuicio a una tercera empresa y, en este caso, a todo un sector”, precisa ese documento. La UIA sumó su rechazo al conflicto. La entidad fabril sostuvo que la medida de fuerza es “ilegal, ilegítima e inconducente” porque impide el “normal desarrollo de la actividad de Siderar”. “Busca transferir a la empresa responsabilidades que no le son propias”, señala la entidad de la cual Betnaza, directivo de Techint, es uno de sus vicepresidentes.