El conflicto por el reclamo de mejoras en la infraestructura de las escuelas porteñas se incrementó ayer y ya son trece los edificios escolares tomados por los estudiantes. En tanto, la Justicia, a través de la Asesoría Tutelar de Menores de la Ciudad, intervino a través de una nota dirigida al ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la que cuestiona el memorándum oficial por el que esa cartera exhorta a los directores de escuelas a realizar la denuncia policial y confeccionar la lista de estudiantes que participan de la medida. “Es más que evidente que el ministerio a su cargo intenta criminalizar la conducta del alumnado”, dice la nota que firma el asesor tutelar, Gustavo Moreno. Anoche, la cartera educativa porteña ofreció un listado de respuestas a las demandas, en una reunión con los directores de las escuelas tomadas, y al cierre de esta edición, asambleas de estudiantes analizaban la conducta a adoptar.

A las tomas en el Mariano Acosta (Balvanera), el Manuel Belgrano y el Lengüitas (Palermo) y la Escuela 2 del DE 13 (Parque Avellaneda), el Normal 5 y el Normal 6, se sumaron ayer el Fernando Fader y el Cortázar, de Flores; el Normal 1; el Falcone, de Caballito; el Yrurtia, en Floresta, y la escuela de música Pedro Esnaola. El reclamo, además de las mejoras edilicias, incluye mayor cantidad de becas para estudiantes y mejor calidad de viandas. También se sumaron a la medida los estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires.

“Los pasos lógicos se agotaron: los recursos de amparo, denuncias, cartas, promesas en reuniones y distintos métodos de reclamo pasivo encontraron su fin en un cajón”, argumentaron los estudiantes de la escuela técnica Fernando Fader en un comunicado, para sintetizar las razones por las que resolvieron ocupar el edificio escolar.

Hasta ahora, el Ministerio de Educación porteño había respondido que no dialogaría con los estudiantes en el marco de medidas de fuerza. Y el jueves pasado distribuyó entre los directores de escuelas un memorándum en el que sugería “efectuar una denuncia ante el organismo competente (Policía Federal) sobre el hecho de la toma y la posible configuración de un delito por parte de los participantes y padres de los menores por incumplimiento de los deberes correspondientes al ejercicio de la patria potestad”. Asimismo, aconsejó que esa denuncia sea acompañada “con copia del acta” que incluye “el listado de los participantes en la toma”.

La nota generó preocupación entre los directores de escuelas y la intervención de la Defensoría del Pueblo porteña, que inició una actuación a fin de analizar la legalidad de ese “manual de procedimientos”. También dio pie a la intervención del asesor tutelar Gustavo Moreno. “Que la toma pacífica de las escuelas pueda considerarse como una posible configuración de un delito es uno más de los reiterados comportamientos del Gobierno de la Ciudad utilizados para desligarse de sus obligaciones constitucionales –en este caso, garantizar el derecho a la educación–, intentando de esa manera penalizar un reclamo justo y pacífico y transmitir su propia e idelegable rsponsabilidad a los alumnos/as y sus padres”, sentenció Moreno en el escrito que le hizo llegar al ministro de Educación Esteban Bullrich.

El propio Moreno ya había iniciado una causa a raíz de las condiciones de seguridad e infraestructura en el Mariano Acosta. Al respecto, precisó que el 8 de julio último solicitó a la Dirección de Infraestructura Escolar “un informe del cronograma de trabajo” para resolver los problemas edilicios del establecimiento, que “no fue respondido hasta la fecha”. “La falta de información es sistemática tanto para el Ministerio Público Tutelar como para la comunidad educativa”, sentenció Moreno, en el documento al que tuvo acceso Página/12.

Las primeras respuestas llegaron anoche. El Ministerio de Educación convocó a los directores de las doce escuelas tomadas y ofreció a cada uno un listado de las obras a realizar. En el caso del Acosta informó que el 17 de agosto último se llamó a licitación por 3,2 millones de pesos para un plan integral de refacciones y prometió que mañana miércoles concurrirán técnicos del Ministerio para iniciar la reparación de las escaleras del edificio. También anunció en otorgamiento de 148 viandas reclamadas, según informó anoche la rectora Raquel Papalardo en una asamblea de estudiantes y padres.

“Vamos a seguir trabajando para que se levanten las tomas”, dijo el ministro Esteban Bullrich, quien negó que se hayan adoptado sanciones a los estudiantes que participan en las protestas. “Las acciones correctivas para poder resolver el problema por el cual reclaman ya están siendo tomadas”, aseguró. Tras sucesivas postergaciones y demoras en las obras, los anuncios llegan cuando se geeneralizan los reclamos.