La empresa Fibertel, del grupo Clarín, a la par de prestar el servicio de Internet de forma irregular, realizó la distribución de dividendos a sus accionistas de manera igualmente ilegal, según la denuncia realizada ayer por el ministro de Planificación, Julio De Vido. Esto lo afirmó en el marco de la disputa por la decisión oficial de caducar la licencia de la empresa controlada por Cablevisión. Hoy a la tarde habrá una nueva reunión entre las autoridades de la Comisión Nacional de Comunicaciones y las entidades de consumidores, que destacan la necesidad de controlar el “peaje” que las telefónicas les cobran a las empresas que busquen proveer Internet. En tanto, desde la UCR porteña dispararon contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ya que a pesar de haber criticado la medida de Planificación, su propia administración rechazó, un año atrás y por las mismas razones que el Ejecutivo nacional, la validez de la licencia de la empresa Fibertel.

Esa información, que vuelve a dejar mal parado al titular del PRO, tiene que ver con una operación que comenzó a principios del año pasado, cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del gobierno porteño preadjudicó a Cablevisión una contratación directa para la prestación de servicios de Internet a diversas empresas del ámbito público. Pero posteriormente una firma perdedora de la licitación objetó que la adjudicataria “no posee licencia única para prestar servicio de telecomunicaciones y que no ha obtenido la autorización de aplicación para modificar su situación societaria”. Para realizar esa objeción, la compañía utilizó información que había presentado el propio grupo Clarín ante la Bolsa de Londres, donde reconocía su anomalía societaria, aclaración que, por cierto, el holding no realizó a nivel local.

Ante esta situación, la Procuración del Gobierno de la Ciudad convocó a la Agencia de Sistemas de Información porteña, que finalmente declaró que Cablevisión “es incompetente”, a pesar de que “reúne las condiciones técnicas para prestar el servicio que se le solicita”. Una situación similar se habría dado en el Banco Ciudad, caso que está siendo investigado por el legislador por el FpV porteño, Juan Cabandié. A pesar de ser pionero en el rechazo a Fibertel, Macri condenó el accionar del Ejecutivo nacional. “No me gusta todo lo que está haciendo el Gobierno con Fibertel, creo que es un avance más en la locura que vengo denunciando hace meses”, declaró desconociendo la resolución de su propia administración.

Frente a ello, el dirigente del radicalismo porteño, Marcelo Montero, le pidió “coherencia y sensatez” tanto al jefe de Gobierno como al diputado del PRO Federico Pinedo. “Cablevisión perdió una licitación en el GCBA porque la licencia de Fibertel estaba floja, y eso no fue hace diez años, sino que pasó el año pasado, así que Macri y Pinedo deberían ser coherentes, porque el mismo motivo que ellos aplicaron en esa oportunidad para no adjudicarles el concurso es el que hoy aplica el gobierno nacional”, afirmó en un comunicado. “No se puede hacer politiquería. El macrismo sigue operando con una bajeza extraordinaria. ¿Cómo van a decir hoy lo que dicen si hace un año hicieron lo contrario?”, se preguntó Montero.

Por otro lado, en defensa de la postura del gobierno nacional y enfatizando la responsabilidad que tiene la propia empresa proveedora de Internet en la actual situación, De Vido explicó que “las utilidades de una empresa durante un ejercicio deben ser producto de un balance elaborado con sinceridad y exactitud, ya que una valoración falsa del patrimonio podría crear erróneamente la apariencia de que existen dividendos para repartir”. “Es lo que ocurrió en el caso de Fibertel –prosiguió–, ya que la compañía distribuyó dividendos tomando en cuenta beneficios logrados a expensas del incumplimiento de normas legales. Esperamos que la Justicia y las autoridades reguladoras tomen nota de esta situación”, agregó.

Por otra parte, ayer se presentó una denuncia penal contra el CEO de Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y los directivos de Cablevisión. La demanda la inició el abogado Juan Manuel Di Teodoro, quien los responsabiliza de haber dado el servicio de Fibertel sin la licencia correspondiente.

Ayer la CNC difundió una solicitada en los diarios donde figuran los proveedores de Internet en condiciones de reemplazar a Fibertel, una lista que también figura en el portal del organismo. Como quedó establecido en la resolución 102 de la Secretaría de Comunicaciones, las empresas que oferten el servicio a los viejos usuarios de Fibertel deberán hacerlo a un costo no mayor que el que actualmente abonan estos consumidores y no podrán cobrar la instalación, aunque probablemente se tome la actual metodología de las telcos, que sólo brindan este servicio de forma gratuita si el usuario retira personalmente el pack de instalación.

En relación con las chances reales de que el servicio se ofrezca a menores precios, y que esto pueda ser regulado por el Estado, Roberto Zorzoli, especialista en defensa del consumidor, explicó ante este diario que “la clave está en aplicar la normativa que está vigente (decreto 764/2000), que permite controlar el precio del peaje que les cobran las telcos a las empresas que busquen proveer Internet. El reglamento aprobado indica que los precios son libres, pero de no ponerse de acuerdo los jugadores del mercado, el Estado los puede regular”. Si esto efectivamente sucede –como prometieron en el Gobierno a las entidades de consumidores– “pueden bajar los precios respecto de los actuales, porque el nuevo esquema estimulará la competencia”, estimó este especialista. Otra preocupación de las entidades de consumidores es poder mantener la calidad del servicio. “Las telefónicas ofrecen 3 megas de ancho de banda a nivel local, cuando en Europa brindan 12 megas. Considero que las empresas más pequeñas pueden mejorar el servicio de las telcos, porque tienen capacidad, siempre que la migración se haga en un tiempo tal que permita la absorción”, concluyó Zorzoli.